La decisión de culminar el contrato de alumbrado público de Cali (servicio que durante los últimos 15 años ha prestado bajo el sistema de concesión la empresa Mega Proyectos), anunciada desde enero por el alcalde Rodrigo Guerrero y que se ejecutaría hace trece días, fue aplazada por tiempo indefinido y en medio de una controversia que sigue creciendo en la ciudad.
“La sorpresiva aparición el 25 de junio de un informe de interventoría, en el que se relacionan de manera general una serie de inversiones y obras adicionales supuestamente realizadas por Mega Proyectos, nos impone la necesidad de revisar en detalle el alcance de dichos trabajos para saldar las cuentas pendientes antes de dar por concluida la concesión”, enfatizó el gerente de Emcali, Javier Pachón.
Ese documento, fechado el 7 de mayo de 2015, fue elaborado por Fernando Contreras, interventor de la concesión, y avalado con la firma de varios ejecutivos de la Gerencia de Energía de Emcali, área que se lo entregó a la Gerencia General.
Lo que sorprende y molesta al gerente Pachón (así como al alcalde y su grupo de colaboradores) es que, a pesar de la gravedad del asunto que trataba dicho informe, “durante más de dos meses no fue dado a conocer a la junta directiva de Emcali, ni al alcalde Guerrero o a la oficina de Planeación Municipal, encargada de la supervisión del contrato de alumbrado”, agregó Pachón.
Entre tanto, el documento sí fue entregado de alguna forma que hoy es materia de investigación a Rubén Darío Henao Orozco, abogado que Mega Proyectos contrató para defender sus intereses en este caso y quien una semana antes mencionó el informe ante los medios de comunicación. Al respecto, Germán Padilla, gerente de Mega Proyectos, aclaró que la empresa “tiene acceso a esos papeles como parte de la relación contractual”.
El Espectador se comunicó con Henao, padre del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, para conocer cómo obtuvo el documento. “No tengo idea, pregúntele a Mega Proyectos. Más bien pregunte por qué los caleños, a pesar de que pagan cumplidamente el servicio de alumbrado, le deben a Mega Proyectos más de $10.000 millones desde noviembre de 2014, cuando Emcali dejó de pagar. Lo que quieren es asfixiar a la empresa que represento, además, los intereses que se causen por ese retraso en los pagos se convierten en un detrimento patrimonial. Ya le dije al alcalde que lo voy a denunciar penalmente por interés ilícito en contratación estatal y abuso de autoridad”, dijo Henao. Por su parte, la Alcaldía dijo no haber recibido a la fecha alguna notificación sobre un proceso de investigación contra Rodrigo Guerrero por parte de ninguna autoridad.
Ante el aparente ocultamiento de una información de vital importancia para el desarrollo de los negocios de la empresa de servicios públicos de Cali y el favorecimiento a Mega Proyectos con la filtración del documento, Pachón dijo que espera “la participación de los organismos de control para que investiguen las actuaciones de los involucrados”.
El aplazamiento configura el revés más importante en los planes de saneamiento y autonomía de las finanzas de la ciudad que viene implementando el gobierno de Guerrero. La idea del alcalde era que una vez venciera el plazo inicial de la concesión (julio 2 de 2015), el servicio de alumbrado pasara a manos de Emcali mientras se elige un nuevo operador a través de una licitación pública.
“Buscamos una empresa que nos modernice la iluminación de la ciudad con 160.000 bombillas de tecnología led y un centro de control maestro desde el cual se administre el sistema”, explicó Guerrero en enero de este año. La intención del mandatario también era ajustar la administración de los $80.000 millones anuales que recauda Emcali por este servicio y que, según dijo, “hasta julio de 2014, cuando tomamos las riendas de la fiducia, eran manejados a discreción por el concesionario”.
En respuesta al anuncio del alcalde, de dar por concluida la concesión, voceros de Mega Proyectos aseguraron que esta había sido prorrogada en su plazo original por dos años y medio más (hasta diciembre de 2017), gracias al Otrosí N° 8, en el que la compañía se comprometía a poner $8.859 millones en inversiones complementarias para iluminar las obras del sistema de transporte masivo MIO y enterrar las redes de energía en dichos sectores.
La salida que ahora plantean el Municipio y Emcali, ante el hallazgo del informe de interventoría, es integrar unas mesas de trabajo que analicen y verifiquen con soportes jurídicos el cumplimiento o no de las inversiones del Otrosí N° 8 que habría ejecutado Mega Proyectos y de las cuales el informe no discrimina en detalle.
A la par se fijarán un cronograma y una consultoría que serán el paso inicial para una convocatoria pública en la que se deberá definir la nueva interventoría, que esta vez estará a cargo de una entidad externa. “Si encontramos que el municipio le debe a Mega Proyectos algunas inversiones que aparezcan bien justificadas, las pagaremos, y una vez quedemos al día creemos que lo más conveniente es que esta concesión termine”, concluyó Pachón.