Una cifra pequeña si se compara con los $2,3 billones que, según el ente investigador, logró lavar la empresa del zar, la Comercializadora Goldex, en liquidación y con activos por más de $36.500 millones. Otros de los afectados en este proceso de extinción de dominio son Gloria Patricia Álvarez Mejía, esposa de Hernández, y Arley Alexánder Gil, un hombre que el 27 de noviembre de 2014 compró un local en San Andresito de Medellín a la comercializadora de oro.
Todo comenzó en agosto de 2011, cuando el DAS emitió un informe sobre las supuestas operaciones ficticias que estaba realizando Goldex en la compra y venta de 40 toneladas de oro. Para septiembre de 2014 la Fiscalía había identificado a más de 20 personas que participaron en la creación de compraventas fachadas con bajo capital, pero que manejaban negocios que superaban los miles de millones. Según las pesquisas y las evidencias recogidas tras analizar los reportes financieros de todas estas sociedades, los investigadores establecieron que Goldex no tenía la capacidad financiera para soportar las transacciones y que el origen de esos dineros eran fuentes desconocidas. En pocas palabras, ilegales.
Paralelamente, la Fiscalía trabaja en identificar los bienes que sirvieron para blanquear esos recursos. Primero encontró 15 propiedades y cinco vehículos a nombre de Goldex, Jhon Úber Hernández y su esposa, quienes fueron capturados el 20 de enero. A Hernández le imputaron cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos y fue enviado a prisión, mientras a su mujer tan sólo la procesaron por enriquecimiento ilícito y le dictaron medida de aseguramiento domiciliaria.
La Dirección de Extinción de Dominio y la Policía Judicial Especializada buscan propiedades que podrían estar escondidas en el exterior, ya que Goldex tuvo negocios con empresas ubicadas en Centroamérica y Estados Unidos. Tras la intervención se ordenará recoger todos los libros contables para analizar si hay bienes que no habían sido identificados. Por ahora el proceso avanza, al igual que la historia de cómo Hernández al parecer construyó un imperio que lavó billones de pesos bajo una fachada de compra y venta de oro a nivel nacional e internacional.
Las irregularidades que se presentaron durante los 12 años de funcionamiento de Goldex —constituida en 2002 con $10 millones— llegaron al punto que los empleados de la comercializadora aparecían como representantes de las pequeñas compraventas que le vendían el oro a Hernández, en los registros de operaciones comerciales figuraban personas que ya habían fallecido o cédulas falsas, y en los reportes bimestrales que Goldex presentaba a las autoridades se observaba cómo, sin créditos bancarios ni ayudas financieras, las ventas superaban con creces su capacidad económica.