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Quedó libre el joven señalado de vandalizar estaciones del MIO durante marcha en Cali

El hombre, de 21 años, fue capturado tras un allanamiento en el barrio Panamericano.

Redacción Colombia

10 de mayo de 2026 - 04:26 p. m.
El caso continúa por daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.
Foto: Policía de Cali
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En Cali, tras la decisión de un juez de control de garantías, el joven de 21 años capturado por su presunta participación en los actos vandálicos contra estaciones del sistema MIO durante una marcha realizada el pasado 8 de abril fue dejado en libertad.

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Según las autoridades, el joven aparecía en los registros de las cámaras de seguridad atacando infraestructura del sistema durante la denominada “marcha de antorchas”, que fue convocada por estudiantes de la Universidad del Valle. Los hechos provocaron afectaciones en siete estaciones del servicio de transporte: Tequendama, El Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y La Buitrera.

Sobre el balance de los daños y cierres derivados de los disturbios, Metrocali aseguró en su momento más de 40.000 usuarios resultaron perjudicados.

La captura del joven implicado

El joven fue detenido en un operativo de la Policía Metropolitana en el barrio Panamericano de Cali, donde las autoridades realizaron un allanamiento e incautaron celulares, un computador, una cámara digital, una motocicleta y prendas de vestir que, según la investigación, coincidirían con las que utilizó el día de los disturbios.

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Luego de quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, el señalado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Y, aunque el proceso judicial continuará, el juez de control de garantías determinó que podrá seguir en libertad mientras avanza la investigación, con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Sobre la captura, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, aclaró que continúa vigente una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita ubicar y judicializar a otros responsables identificados en videos de seguridad.

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