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La Fiscalía General confirmó que las muertes de tres de los cuatro campesinos que perdieron la vida durante las protestas en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, fueron causadas con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad.
Según un comunicado del ente acusador, en las investigaciones llevadas a cabo "se determinó que tres de los cuatro homicidios fueron causados con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil".
Para esclarecer el caso de la cuarta víctima fue necesario realizar la exhumación, añadió la nota, con el fin de despejar "los vacíos de la necropsia realizada por el médico rural".
Los campesinos Édinson Franco Jaime, Yonel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez y Diomar Alfonso Quintero perdieron la vida en hechos ocurridos el 22 y el 25 de junio pasado en el municipio de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, en donde los campesinos protestan desde hace 38 días.
Las Naciones Unidas consideraron que durante los disturbios que derivaron de los primeros días de bloqueos de vías, se registró un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades colombianas, lo que el Gobierno tildó de "irresponsable" al no haber todavía un dictamen de la Fiscalía sobre los hechos.
Los jornaleros reclaman el fin de una campaña de erradicación de los cultivos de hoja de coca, que es la actividad principal en la zona, la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de una Zona de Reserva Campesina.
"Sobre la presunta infiltración de las marchas campesinas por miembros de grupos armados al margen de la ley, la Fiscalía viene adelantando importantes esfuerzos investigativos para esclarecer tal hipótesis delictiva", agregó el comunicado.
Para ello han nombrado dos fiscales de la Unidad Nacional contra el Terrorismo que evalúan la información recogida, que es de carácter reservado.
Las autoridades han denunciado la intervención de las Farc y del ELN, que tienen presencia en la zona.
En relación con los hechos ocurridos en el municipio de Tibú el pasado 11 de junio, que terminaron con el incendio del Palacio de Justicia y otros inmuebles, la Fiscalía identificó a Jefferson García Duque y Guillermo López Prieto como dos presuntos responsables.
La Fiscalía les acusó de los delitos de terrorismo, incendio, obstrucción a vías públicas y daño en bien ajeno simple y agravado.
De igual manera fueron sometidos a la Justicia Édgar Alfonso León, Ramón Ortega y Yeison Alberto López, quienes fueron capturados con artefactos explosivos artesanales en su poder, razón por la cual se les formuló imputación por el delito de porte de explosivos.
En cuanto a los ataques violentos contra miembros de la Policía, la Fiscalía imputó cargos por el delito de violencia contra servidor público a Osneider Balmaceda, Mario Alfonso Pinzón Urina, Carlos Alfredo Jáuregui Quintero, José Valdemar Jáuregui Uribe y Alfonso Parada León, agregó el informe.