Un buen modelo de investigación

La captura de Sor Teresa Gómez demostró sus nexos con el Fondo Ganadero de Córdoba. / Archivo - El Espectador

En medio del debate por el millonario contrato entre Natalia Springer y la Fiscalía General de la Nación hay algo que no queda claro en la estrategia de defensa del fiscal Eduardo Montealegre: ¿por qué atacar el trabajo de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto y su metodología para la priorización y contextualización de los delitos?

Es sorprendente, por decir lo menos, que el fiscal haya justificado la contratación de Springer argumentando que la Unidad no tenía la capacidad metodológica para investigar los delitos de las Farc. Tal y como lo señaló su exdirector Alejandro Ramelli, fue creada precisamente con el propósito de desarrollar la capacidad institucional de la Fiscalía para investigar delitos relacionados con el conflicto armado.

Sin embargo, este no es un caso de incapacidad institucional. En menos de dos años la Unidad produjo resultados concretos. Entre estos, por ejemplo, se avanzó en la vinculación de altos mandos del Ejército en casos de falsos positivos, se establecieron vínculos entre los asesinatos de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, se ordenó la captura del exgobernador de Córdoba Benito Osorio por su rol en el plan paramilitar de despojo de tierras y se declararon crímenes de lesa humanidad 34 asesinatos de líderes de la Unión Patriótica.

¿Cómo explicar entonces el fin prematuro de la Unidad de Análisis y Contexto tras la renuncia de Ramelli, precisamente cuando comenzaban a verse los resultados de su metodología? ¿Por qué al surgir discrepancias entre Springer y el director de la Unidad, el fiscal decidió darle la razón a aquélla en lugar de apostarle a la capacidad institucional que él mismo creó y consideraba uno de los legados de su gestión?

Para entender las posibles razones que explican el fin prematuro de la unidad, es necesario entender aquellos factores que hicieron de su diseño institucional un proyecto con más de un enemigo. Por un lado, desde el principio no cayó bien en la Fiscalía. Entre otras razones, porque para fiscales que llevaban investigando “delito a delito”, que llegara un grupo de expertos en ciencias sociales -en su mayoría no abogados y en muchos casos con no más de 30 años- a participar en procesos de investigación penal puso a prueba las jerarquías.

Sin embargo, en aquel momento la Unidad tenía el apoyo del fiscal Eduardo Montealegre, quien convencido de la importancia de pensar la investigación penal como una forma de entender las lógicas estructurales del crimen, apoyó el lugar que se dio a los analistas en el esquema para la priorización de casos.

Cada equipo estaba conformado por fiscales, analistas y policía judicial. Una de las novedades de esta forma de trabajo es que debían trabajar coordinadamente, lo que implicaba reorganización en enfoques de investigación y en el poder para la toma de decisiones. Por eso Ramelli y su equipo se la jugaron por una forma de investigación que no es atípica en tribunales internacionales. De hecho, sus integrantes fueron entrenados por miembros del tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia.

También recibieron instrucción de analistas chilenos expertos en investigación de crimen organizado. Los avances fueron tan importantes, que tan sólo un año después de entrar en funcionamiento, la Unidad de Análisis y Contexto ya era conocida en la región y su novedosa metodología de trabajo comenzó a ser requerida en países como El Salvador, Uruguay y Chile.

De otra parte, existía una tensión clara entre la aproximación de la Unidad a la investigación de crímenes relacionados con conflicto armado y aquella que había definido la Unidad de Justicia y Paz hace casi una década. Uno de los motivos detrás de la creación de la Unidad de Análisis y Contexto era precisamente superar las debilidades del modelo de investigación de Justicia y Paz. Dadas estas circunstancias, es diciente que poco después de la renuncia de Ramelli, el hasta entonces director de la Unidad de Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestrosa, fuera nombrado como nuevo director de la Unac.

Hinestrosa, quien ha defendido un modelo que privilegia lo que algunos fiscales llaman la investigación “delito a delito”, había sido uno de los más acérrimos críticos de la Unac (reorganizada como Dinac). Desde su nombramiento ha dejado sin dientes el modelo de investigación impulsado por Ramelli. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué ponerle obstáculos al trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto justamente cuando empezaba a dar resultados concretos?

Lo que está en juego son visiones distintas sobre la función del derecho penal en un contexto de justicia transicional. Por un lado, quienes consideran, como el procurador y el expresidente Uribe, que la única forma en que el derecho penal cumple su función es investigando todos y cada uno de los delitos y, por el otro, quienes, como el fiscal Montealegre entienden que la misión del derecho penal no se limita a establecer responsabilidades individuales, sino debe servir también para desentrañar lógicas del crimen y desarticular estructuras sociales que lo hacen posible.

Quienes, como José Miguel Vivanco, atacan desde la izquierda liberal el proyecto de priorizar la investigación de casos argumentando que no hay justicia si no se investigan todos los delitos, le están haciendo el juego al poder de los sectores más conservadores en el país. Por ello, no es sorprendente que, entre los amigos de la investigación delito a delito, se encuentre la ultra derecha colombiana, cuando los agentes del capitalismo y el militarismo son justamente quienes por años han usado su poder para eludir su parte de responsabilidad en la violencia asociada con el conflicto armado.

Tampoco es sorprendente, pero si preocupante, que el fin de la Unidad llegara precisamente cuando se demostró que su metodología servía para conectar responsabilidad penal con altas esferas del poder económico, militar y estatal.

Algo similar ocurrió entre 1945 y 1948 en Estados Unidos, cuando un grupo de científicos sociales, entre los que estaban intelectuales de la escuela de Frankfurt, de la talla de Alfred Neumann y Herbert Marcuse (ambos judíos intelectuales que emigraron a Estados Unidos durante la guerra), intentó pensar qué modelo de justicia penal permitiría determinar responsabilidad individual de los nazis y simultáneamente desentrañar las lógicas de su proyecto político, de modo que las atrocidades de la Segunda Guerra no se repitieran.

Fue justamente cuando los métodos de los expertos analistas comenzaron a apuntar hacia la relación entre élites industriales alemanas y planes bélicos y de exterminio de los nazis, cuando en el Congreso de Estados Unidos se ordenó cesar cualquier esfuerzo por investigar empresarios después de la guerra. La élite política norteamericana temía perder a sus aliados económicos en Alemania cuando era inminente el comienzo de la Guerra Fría.

Una discusión similar que ha sido obstáculo, pero que parece haberse superado con el acuerdo sobre justicia transicional logrado esta semana en La Habana. Tras el anuncio, Iván Márquez enfatizó que el Sistema Integral de Justicia para la Paz está fundado en un compromiso de ambas partes de la negociación por esclarecer la responsabilidad penal de los distintos actores del conflicto, incluidos aquellos que han alimentado la guerra “desde lujosas oficinas”.

Vale la pena preguntarse en qué lujosa oficina se definió el fin prematuro de la Unidad de Análisis y Contexto.

* Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago / Escuela de Derecho de Harvard.