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Una alerta lanzó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) por la grave situación humanitaria que se vive en 12 veredas de los municipios de Montecristo y Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde, entre el 16 de enero y el 7 de febrero, salieron desplazadas alrededor de 754 personas (307 familias), mientras que otras 667 personas (216 familias) se encuentran confinadas.
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“El 3 de febrero, 153 personas (48 familias) de 5 veredas de Santa Rosa del Sur, La Cristalina, El Páramo, San Eduardo, Media Luna y Santa Teresa, se desplazaron hacia el centro poblado del corregimiento de Fátima y la cabecera municipal por enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales, por amenazas e instalación de artefactos explosivos. Actualmente permanecen alojadas en redes de apoyo en el centro poblado de Fátima y en la cabecera municipal”, indicó la organización de la ONU.
Además, 395 personas (170 familias) de las veredas Mina Gorila y Mina Plana, en Montecristo, se desplazaron hacia el centro poblado del corregimiento El Paraíso y 144 personas (74 familias) de la vereda Mina Piojó están confinadas debido a la orden de un grupo armado de desalojar la zona.
Una alerta similar hizo la defensoría del pueblo para los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde en las últimas semanas se han librado enfrenamiento entre grupos armados que se encuentran en la zona como el ELN, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio.
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Según el ente de control en lo que va corrido del año, la región ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, así como cinco poblaciones han sido confinadas y se han registrado homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de que se ha presentado un aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
“Todo nuestro sector rural, más específicamente el minero están siendo fuertemente afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley y minas antipersona”, indicó en una carta el alcalde del municipio de Montecristo, Luis Carlos Baldovino Caro al secretario de Víctimas y Reconciliación del departamento de Bolívar, Iván Sanes Pérez.
En el documento, el mandatario resalta que hay confinamiento en la zona, lo que ha afectado el suministro de alimentos y la atención en salud y educación, a lo que se suma una parálisis de las actividades económicas.
Sanes señaló a El Espectador que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha solicitado en cuatro ocasiones al Gobierno Nacional apoyo para su departamento. “Se ha hecho un llamado insistente, ya que es necesaria una mayor presencia de toda la oferta institucional, así como ayudas de atención inmediata, debido al aumento del conflicto y las confrontaciones armadas en el departamento, especialmente en el sur de Bolívar”, señala Sánez.
El funcionario destaca que actualmente hay desplazamientos en Montecristo y también en el corregimiento de Paraíso. “Las personas desplazadas provienen de Mina Plana y Mina Gólida, donde se ha censado a aproximadamente 530 personas. Además, hay un confinamiento en un territorio llamado Mina Piojo, donde residen alrededor de 144 familias”.
Por su parte, Dagoberto Santoya Peña, presidente de la Asociación Departamental Campesino de Bolívar, señaló a Noticias Caracol que, aunque han apoyado a algunas de las personas afectadas por los hechos violetos, “estamos preocupados por las diferentes amenazas de muerte que nos han llegado, por los cuales también pedimos a ayuda del gobierno nacional y el presidente de la República para que nos garantice la seguridad en todo el territorio del departamento, para ser también nosotros poder ejercer nuestras labores en nuestra organización campesina”.
Algo similar señala el periodista David Antonio Torres Ruiz, quien explica que la situación es desesperanzadora, debido a que la violencia se ha trasladado a nuevas áreas: “Ya ha habido combates en Cantagallo, involucrando a las disidencias y al Clan del Golfo”.
Por esto, considera que debe haber intervención directa del Gobierno Nacional. “Si no le quitas la gasolina al carro, este seguirá funcionando. La gasolina, en este caso, es la economía ilícita. Si se elimina, los grupos armados se irían. Pero mientras todo permanezca intacto, ellos seguirán siendo los reyes. Hoy, el potosí del oro se encuentra en el sur de Bolívar, donde existen pueblos completamente dedicados a la minería, y es la economía ilícita la que prevalece”.
Desde otro punto, Montes de María, el comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, coronel Albeiro Cano Holguín, señala que sí se han tomado acciones. “Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico requieren el uso de corredores de movilidad para la posterior comercialización de sus productos. Por ello, emplean la subregión de Montes de María, que cuenta con múltiples vías secundarias y terciarias, permitiendo así evitar las principales rutas del país y garantizar la salida de narcóticos hacia el Mar Caribe”.
Agregó que esta subregión es el punto más cercano que conecta el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño y parte del Parque Nacional Natural Catatumbo con la zona costera, lo que les permite establecer centros de acopio de narcóticos y contar con soporte logístico, gracias a la conectividad que ofrece la región, por lo que han intensificado las acciones.
El oficial también informó que se han capturado a 41 integrantes del GAO “Clan del Golfo”, se han incautado 33 unidades de armamento y 198 unidades de munición de diversos calibres.“Además, se destruyeron 10 laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes, se incautaron de 146,11 kilogramos de pasta base de coca, 0,84 kilogramos de cocaína, 0,76 kilogramos de marihuana, 219.000 kilogramos de insumos sólidos y 142.923 galones de insumos líquidos”, concluyó.