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Una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos provenientes de La Jagua de Ibirico, en Cesar, fueron capturados en flagrancia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, cuando intentaban sacar del país a primates pequeños ocultándolos entre sus partes íntimas: dos monos cariblancos y un mono aullador.
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Según las autoridades, en el mercado ilegal internacional estas especies de cariblanco (Cebus albifrons) y aullador (Alouatta seniculus) están evaluadas en, al menos, COP 26 millones. Por eso, con el fin de evadir los controles migratorios, la pareja adhirió a los animales a sus zonas íntimas, un mecanismo de maltrato que les provocó condiciones de asfixia y estrés y cobró la vida del Alouatta. Los otros dos monos fueron puestos bajo custodia de la autoridad ambiental EPA Cartagena para activar la ruta que permitiera su valoración, protección y recuperación.
El hallazgo de las especies
Fue durante las labores de control y prevención orientadas a la protección de los recursos naturales que las autoridades adelantaban en el aeropuerto cuando detectaron irregularidades. Luego de realizar la inspección, los funcionarios procedieron a la captura en flagrancia de los dos ciudadanos, quienes inicialmente se dirigían a República Dominicana.
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El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que “los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas”.
Ahora, los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 328 y 328A del Código Penal, que corresponden a delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna silvestre.
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Estas especies de primates son protegidas por la legislación ambiental colombiana. Las penas contempladas para este tipo de delitos oscilan entre los 60 y 135 meses de prisión, que equivalen a un máximo de 11 años, además de sanciones económicas que se calculan según la magnitud del daño ambiental ocasionado.
Se espera el avance del proceso para determinar la situación jurídica de la pareja.