Cartagena: alcaldía firma convenio para demolición de Aquarela y constructores responden

En la mañana de este viernes, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que se firmó el convenio mediante el cual se buscan adelantar todos los procesos que permitan demoler el edificio de Aquarela, cuya construcción se encuentra a pocos metros del Castillo de San Felipe. De este acuerdo también harán parte el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura.

Este convenio tripartito tiene por objetivo “recuperar el espacio público ocupado de manera irregular por la obra, tal como lo ordena la medida correctiva impuesta por la inspección de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 desde 2018, y ratificada por la Secretaría del Interior y Convivencia”, indicó Dau, quien agregó que estas tres instancias se unirán para ofrecer sus conocimientos y capacidades institucionales, técnicas, administrativas, jurídicas y financieras para cumplir con lo ordenado por las decisiones judiciales.

A raíz de la firma de este convenio, los constructores de Aquarela se manifestaron señalando que, precisamente sobre la primera resolución a la que se refiere el alcalde, la 001 del 9 de octubre de 2018, existe una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos interpuesta por ellos. A través de un comunicado agregaron que este fallo policivo fue “adoptado con base en pruebas no idóneas (...) y omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia”.

También le puede interesar: En Cartagena buscan reabrir la Plaza de Toros para espectáculos

Sin embargo, según el mismo IGAC, ellos no ha conceptuado sobre el cumplimiento o no de las normas urbanísticas en la construcción de esta torre de apartamentos. Incluso, en octubre del 2018, esta entidad desmintió a los constructores del proyecto que esgrimieron un argumento similar al que presentaron en el reciente comunicado y señalaron que no tienen competencias sobre el caso.

En el comunicado, Promotora Calle 47 S.A.S, que agrupa a los constructores de Aquarela, también señala que esa resolución, la cual fue ratificada días después mediante la Resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia, solo contempla la restitución de 24 metros cuadrados, la cual, señalan “es ínfima” respecto al área del proyecto total. Pero, nuevamente, lo señalado en el comunicado es falso.

En el artículo tercero de la resolución de octubre de 2.018 la inspección de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del distrito de Cartagena, resolvió que la promotora debía restituir los 619.59 metros cuadrados correspondientes a la totalidad del proyecto, para lo cual contaban con un término de dos meses. Luego, en el artículo cuarto de la misma decisión, señalan que si después de finalizado el período otorgado las constructoras no habían cumplido con lo ordenado, serían el distrito con asocio de la fuerza pública los encargados de demoler la infraestructura.

También puede leer: Diez hospitales en Antioquia están en emergencia funcional hospitalaria

Por último, la constructora también señala que, de demolerse el edificio tal como lo establece el convenio, “se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que no existe una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura”, pero, como fue señalado anteriormente, tanto la resolución 001 del 9 de octubre de 2018, como la ratificación de esta mediante la resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia, contemplan la demolición como la medida correctiva por la ilegalidad de la construcción.

Cabe recordar que hace una semana la Unesco accedió a una petición realizada por el gobierno colombiano que le solicitó al organismo extender el plazo con el que se contaba para demoler la estructura. Este organismo también se ha opuesto a la construcción del edificio dado que consideran que este impacta negativamente el sector, sobretodo por su cercanía con el fuerte de San Felipe de Barajas que, desde 1984, fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por esta entidad.

Con ese nuevo plazo, el gobierno colombiano tendrá hasta el 1º de diciembre del 2.021 para demoler el edificio. Mientras tanto, en el convenio tripartito suscrito el día de hoy, señalan que se cuenta con un plazo de un año, el cual se empezará a contar a partir de cuando se firme el acta de inicio y cumplimiento de los requisitos.

También puede interesarle: Unesco otorga nuevo plazo al Estado colombiano para demolición de Aquarela

Además de querer cumplir con lo dispuestos por las dos resoluciones judiciales, el gobierno nacional también busca seguir la solución propuesta por la Unesco, que también propone la demolición del edificio. Cabe recordar que en el pasado Alberto Escovar, director del Patrimonio Cultural del país, había anunciado que en caso de no cumplir con estas medidas, se discutiría el ingreso de Cartagena a la lista de ciudades en riesgo de serles retirada la declaratoria de patrimonio.

Respecto al convenio que se firmó el día de hoy, el alcalde Dau señaló que, desde las tres entidades responsables de ejecutar el acuerdo, “seguirán trabajando articuladamente y supervisarán la correcta ejecución de este convenio”.

En la mañana de este viernes, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que se firmó el convenio mediante el cual se buscan adelantar todos los procesos que permitan demoler el edificio de Aquarela, cuya construcción se encuentra a pocos metros del Castillo de San Felipe. De este acuerdo también harán parte el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura.

Este convenio tripartito tiene por objetivo “recuperar el espacio público ocupado de manera irregular por la obra, tal como lo ordena la medida correctiva impuesta por la inspección de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 desde 2018, y ratificada por la Secretaría del Interior y Convivencia”, indicó Dau, quien agregó que estas tres instancias se unirán para ofrecer sus conocimientos y capacidades institucionales, técnicas, administrativas, jurídicas y financieras para cumplir con lo ordenado por las decisiones judiciales.

A raíz de la firma de este convenio, los constructores de Aquarela se manifestaron señalando que, precisamente sobre la primera resolución a la que se refiere el alcalde, la 001 del 9 de octubre de 2018, existe una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos interpuesta por ellos. A través de un comunicado agregaron que este fallo policivo fue “adoptado con base en pruebas no idóneas (...) y omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia”.

También le puede interesar: En Cartagena buscan reabrir la Plaza de Toros para espectáculos

Sin embargo, según el mismo IGAC, ellos no ha conceptuado sobre el cumplimiento o no de las normas urbanísticas en la construcción de esta torre de apartamentos. Incluso, en octubre del 2018, esta entidad desmintió a los constructores del proyecto que esgrimieron un argumento similar al que presentaron en el reciente comunicado y señalaron que no tienen competencias sobre el caso.

En el comunicado, Promotora Calle 47 S.A.S, que agrupa a los constructores de Aquarela, también señala que esa resolución, la cual fue ratificada días después mediante la Resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia, solo contempla la restitución de 24 metros cuadrados, la cual, señalan “es ínfima” respecto al área del proyecto total. Pero, nuevamente, lo señalado en el comunicado es falso.

En el artículo tercero de la resolución de octubre de 2.018 la inspección de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del distrito de Cartagena, resolvió que la promotora debía restituir los 619.59 metros cuadrados correspondientes a la totalidad del proyecto, para lo cual contaban con un término de dos meses. Luego, en el artículo cuarto de la misma decisión, señalan que si después de finalizado el período otorgado las constructoras no habían cumplido con lo ordenado, serían el distrito con asocio de la fuerza pública los encargados de demoler la infraestructura.

También puede leer: Diez hospitales en Antioquia están en emergencia funcional hospitalaria

Por último, la constructora también señala que, de demolerse el edificio tal como lo establece el convenio, “se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que no existe una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura”, pero, como fue señalado anteriormente, tanto la resolución 001 del 9 de octubre de 2018, como la ratificación de esta mediante la resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia, contemplan la demolición como la medida correctiva por la ilegalidad de la construcción.

Cabe recordar que hace una semana la Unesco accedió a una petición realizada por el gobierno colombiano que le solicitó al organismo extender el plazo con el que se contaba para demoler la estructura. Este organismo también se ha opuesto a la construcción del edificio dado que consideran que este impacta negativamente el sector, sobretodo por su cercanía con el fuerte de San Felipe de Barajas que, desde 1984, fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por esta entidad.

Con ese nuevo plazo, el gobierno colombiano tendrá hasta el 1º de diciembre del 2.021 para demoler el edificio. Mientras tanto, en el convenio tripartito suscrito el día de hoy, señalan que se cuenta con un plazo de un año, el cual se empezará a contar a partir de cuando se firme el acta de inicio y cumplimiento de los requisitos.

También puede interesarle: Unesco otorga nuevo plazo al Estado colombiano para demolición de Aquarela

Además de querer cumplir con lo dispuestos por las dos resoluciones judiciales, el gobierno nacional también busca seguir la solución propuesta por la Unesco, que también propone la demolición del edificio. Cabe recordar que en el pasado Alberto Escovar, director del Patrimonio Cultural del país, había anunciado que en caso de no cumplir con estas medidas, se discutiría el ingreso de Cartagena a la lista de ciudades en riesgo de serles retirada la declaratoria de patrimonio.

Respecto al convenio que se firmó el día de hoy, el alcalde Dau señaló que, desde las tres entidades responsables de ejecutar el acuerdo, “seguirán trabajando articuladamente y supervisarán la correcta ejecución de este convenio”.