Disputa de predios en Cartagena por construcción de vía 4G

El proyecto de ampliación de la carretera entre Cartagena y Barranquilla, que hace parte del proyecto de las vías 4G, está a punto de acabar con dos tradicionales restaurantes de la heroica y ha generado una disputa entre los dueños de uno de estos y la concesión vial encargada de su desarrollo.

Uno sería Blas El Teso; otro, el Gran Chef Marino, ubicados en el barrio de Cielo Mar, a un lado del Hotel Las Américas, en la zona norte de Cartagena. Sin embargo, el lío va mucho más allá que un simple desalojo ya que está ad portas de dejar sin casa a una familia que, dice, tiene todas las escrituras y ha vivido en este último lugar por más de quince años.

Con fotos de cuando era niña, posando en los pisos anteriores de la que hoy en su casa, Stephanie Villarreal intenta probar que el predio no es de nadie más que de su familia y que lo que está por suceder es una injusticia. “La propiedad la compró Hilda Castellar de Villarreal, mi abuela, en 1993. Nosotros llegamos en 1998, en ese año nace el restaurante”, señala la joven.

Y aunque hoy les han dicho que están ocupando espacio público, asegura que nunca habían recibido alguna advertencia como esa y que, por el contrario, los impuestos han sido pagados normalmente. Jorge Villarreal Castellar, dueño del restaurante, cuenta que le tocó partir pisos y columnas hasta llegar a las baldosas que salen en las fotos antiguas y demostrar que el predio está donde siempre ha estado. “Tenemos una angustia muy grande, no dormimos bien y, lo peor, es que tenemos todo legal: instrumentos públicos, pago de impuestos”, dice Villarreal.

Pero, por otra parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) le hizo la entrega a la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S. de ocho predios que “fueron adquiridos en su momento por el Fondo Vial Nacional-Ministerio de Obras Pública y Transporte (hoy Invías) para la construcción del anillo vial de Cartagena-Bayunca”. Entre esos se encuentra el del restaurante.

En un comunicado enviado por la Agencia Nacional de Infraesctructura (ANI) se señala que el predio en el que está el restaurante ingresó al patrimonio de la Nación a través de la escritura pública no. 1817 del 25 de julio de 1986, que otorgó la Notaría Primera de Cartagena y está inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria no. 060-75716. Asimismo, señala el organismo que de los 765,19 metros cuadrados del predio, 141,14 están invadidos por la construcción del restaurante.

“Es claro que El Restaurante no solo ocupó irregularmente un bien de la nación, sino que también con ello pretende un reconocimiento económico por las construcciones o mejorar realizadas allí”, dice el un comunicado. Y, en ese sentido, se radicó una querella ante la Alcaldía Local de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena para que se realice el desalojo policivo que aún no ha sido aceptado por esta.

Lo que dice la ANI en cuanto al ingreso del predio en el patrimonio de la Nación, en parte, aparece registrado en un certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, cuyo número de matrícula es el 06-5308; sin embargo, luego de esa fecha en este último documento, aparecen varias anotaciones, entre compraventas, una compraventa parcial, una hipoteca, una cancelación de hipoteca, una prescripción, una declaratoria de utilidad pública y una cancelación de esa declaratoria de utilidad pública.

Específicamente, aparece en la anotación número 8 una compraventa y la propiedad pasa de Carlos Arturo Caraballo a Hilda Villarreal, registrado el 23 de septiembre de 1993. Más adelante el traspaso de esta a su esposo Jorge Villarreal Insignares y, en 2008, de este a Jorge Villarreal Castellar, actual dueño.

Una fuente allegada al caso señaló a El Espectador que el problema radica en la medición, porque la concesión vial toma la carta catastral actual tratando de ubicar un predio que se adquirió hace mucho años, cuando aún ni siquiera existía el barrio, no estaba construida la carretera y solo estaban algunas casas. Lo que está claro es que el propietario admite que sus predios colindan con los del Invías y que hay un pedazo de construcción sobre ellos que está dispuesto a entregar “sin perjuicio de los derechos que le asisten por haber ocupado ese espacio por más de veinte años”.

Los propietarios ya han iniciado las acciones legales para defender lo que dicen que les pertenece y han mostrado su preocupación porque, además de ser su casa, es el lugar de trabajo de varias personas a las que tendrán que indemnizar, pero, si todo sale como el Invías pretende… ¿de dónde?

En una comunicación enviada el pasado 13 de julio a los propietarios del restaurante, firmada por Miguel Ángel Acosta, representante legal de la concesión, se señala que este no está facultado "para efectuar ningún tipo de reconocimiento económico en esta instancia, ya que esa zona de terreno fue adquirida por una entidad pública". 

Por otra parte, Miguel Acosta, gerente de la concesión, le dijo al diario El Universal, de Cartagena, que no se ha pensado en expropiar porque no es que se tenga la certeza de que los predios son de este ciudadano, sino que son del Invías, sin embargo, señala que se está realizando la verificación de las escrituras para determinar los límites de los predios en cuestión.

Los terrenos en están en disputa y los propietarios dicen estar dispuestos al diálogo con la concesión y a que se reconozcan los derechos que habrían adquirido por confianza legítima. Algo que, en caso de que no haya un acuerdo, deberá decidir un juez.

El proyecto de ampliación de la carretera entre Cartagena y Barranquilla, que hace parte del proyecto de las vías 4G, está a punto de acabar con dos tradicionales restaurantes de la heroica y ha generado una disputa entre los dueños de uno de estos y la concesión vial encargada de su desarrollo.

Uno sería Blas El Teso; otro, el Gran Chef Marino, ubicados en el barrio de Cielo Mar, a un lado del Hotel Las Américas, en la zona norte de Cartagena. Sin embargo, el lío va mucho más allá que un simple desalojo ya que está ad portas de dejar sin casa a una familia que, dice, tiene todas las escrituras y ha vivido en este último lugar por más de quince años.

Con fotos de cuando era niña, posando en los pisos anteriores de la que hoy en su casa, Stephanie Villarreal intenta probar que el predio no es de nadie más que de su familia y que lo que está por suceder es una injusticia. “La propiedad la compró Hilda Castellar de Villarreal, mi abuela, en 1993. Nosotros llegamos en 1998, en ese año nace el restaurante”, señala la joven.

Y aunque hoy les han dicho que están ocupando espacio público, asegura que nunca habían recibido alguna advertencia como esa y que, por el contrario, los impuestos han sido pagados normalmente. Jorge Villarreal Castellar, dueño del restaurante, cuenta que le tocó partir pisos y columnas hasta llegar a las baldosas que salen en las fotos antiguas y demostrar que el predio está donde siempre ha estado. “Tenemos una angustia muy grande, no dormimos bien y, lo peor, es que tenemos todo legal: instrumentos públicos, pago de impuestos”, dice Villarreal.

Pero, por otra parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) le hizo la entrega a la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S. de ocho predios que “fueron adquiridos en su momento por el Fondo Vial Nacional-Ministerio de Obras Pública y Transporte (hoy Invías) para la construcción del anillo vial de Cartagena-Bayunca”. Entre esos se encuentra el del restaurante.

En un comunicado enviado por la Agencia Nacional de Infraesctructura (ANI) se señala que el predio en el que está el restaurante ingresó al patrimonio de la Nación a través de la escritura pública no. 1817 del 25 de julio de 1986, que otorgó la Notaría Primera de Cartagena y está inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria no. 060-75716. Asimismo, señala el organismo que de los 765,19 metros cuadrados del predio, 141,14 están invadidos por la construcción del restaurante.

“Es claro que El Restaurante no solo ocupó irregularmente un bien de la nación, sino que también con ello pretende un reconocimiento económico por las construcciones o mejorar realizadas allí”, dice el un comunicado. Y, en ese sentido, se radicó una querella ante la Alcaldía Local de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena para que se realice el desalojo policivo que aún no ha sido aceptado por esta.

Lo que dice la ANI en cuanto al ingreso del predio en el patrimonio de la Nación, en parte, aparece registrado en un certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, cuyo número de matrícula es el 06-5308; sin embargo, luego de esa fecha en este último documento, aparecen varias anotaciones, entre compraventas, una compraventa parcial, una hipoteca, una cancelación de hipoteca, una prescripción, una declaratoria de utilidad pública y una cancelación de esa declaratoria de utilidad pública.

Específicamente, aparece en la anotación número 8 una compraventa y la propiedad pasa de Carlos Arturo Caraballo a Hilda Villarreal, registrado el 23 de septiembre de 1993. Más adelante el traspaso de esta a su esposo Jorge Villarreal Insignares y, en 2008, de este a Jorge Villarreal Castellar, actual dueño.

Una fuente allegada al caso señaló a El Espectador que el problema radica en la medición, porque la concesión vial toma la carta catastral actual tratando de ubicar un predio que se adquirió hace mucho años, cuando aún ni siquiera existía el barrio, no estaba construida la carretera y solo estaban algunas casas. Lo que está claro es que el propietario admite que sus predios colindan con los del Invías y que hay un pedazo de construcción sobre ellos que está dispuesto a entregar “sin perjuicio de los derechos que le asisten por haber ocupado ese espacio por más de veinte años”.

Los propietarios ya han iniciado las acciones legales para defender lo que dicen que les pertenece y han mostrado su preocupación porque, además de ser su casa, es el lugar de trabajo de varias personas a las que tendrán que indemnizar, pero, si todo sale como el Invías pretende… ¿de dónde?

En una comunicación enviada el pasado 13 de julio a los propietarios del restaurante, firmada por Miguel Ángel Acosta, representante legal de la concesión, se señala que este no está facultado "para efectuar ningún tipo de reconocimiento económico en esta instancia, ya que esa zona de terreno fue adquirida por una entidad pública". 

Por otra parte, Miguel Acosta, gerente de la concesión, le dijo al diario El Universal, de Cartagena, que no se ha pensado en expropiar porque no es que se tenga la certeza de que los predios son de este ciudadano, sino que son del Invías, sin embargo, señala que se está realizando la verificación de las escrituras para determinar los límites de los predios en cuestión.

Los terrenos en están en disputa y los propietarios dicen estar dispuestos al diálogo con la concesión y a que se reconozcan los derechos que habrían adquirido por confianza legítima. Algo que, en caso de que no haya un acuerdo, deberá decidir un juez.