El botín del San José, ¿en manos de cazatesoros?

El secretario de Estado de Cultura de España, José María Lassalle, declaró ante los medios lo que muchos colombianos se temían: que aunque se moverá con cautela tras el hallazgo del galeón San José, anunciado el pasado viernes por el presidente de ColombiaJuan Manuel Santos, el país ibérico también insistirá en "una clara defensa de nuestro patrimonio subacuático y la reserva a adoptar todas las medidas que el Gobierno español considere adecuadas para mantener la defensa y salvaguarda del mismo". Esta no es la primera vez que extranjeros pretenden reclamar como suyo al menos una parte del botín del San José.

Por más de 30 años la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA) le reclamó al Estado colombiano derechos sobre el tesoro del Galeón San José, que la firma dijo haber encontrado en 1982. La empresa pedía recibir el 50% de los bienes que no fueran considerados patrimonio, a lo que Colombia se negó. El pleito finalizó en 2013, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó el fallo a favor de Colombia. Ese mismo año el Congreso aprobó una ley para extraer el patrimonio sumergido que plantea condiciones exactamente iguales a las que exigió la empresa ‘cazatesoros’ durante tres décadas.

Desde que fue propuesta en 2011, la ley fue duramente criticada por expertos internacionales como el director de Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarin; la presidenta del Congreso Mundial de Arqueología, Claire Smith; el presidente de la Sociedad Americana de Arqueología, Jeffrey Altschul; y por universidades e instituciones nacionales, como la Sociedad Colombiana de Arqueología. A pesar de esto, la ley fue aprobada con 54 votos a favor y 9 en contra.

La Ley de Patrimonio Sumergido permite al Estado, a través del Ministerio de Cultura, contratar a privados para que realicen la exploración y extracción de embarcaciones hundidas. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, argumentó que esta decisión se tomó pues el Estado no tiene suficientes recursos ni tecnología para realizar estas actividades. De las 1.200 embarcaciones que se calcula están perdidas en las aguas de ríos, ciénagas y mares colombianos, la primera que será intervenida por una empresa rastreadora de tesoros será el Galeón San José, cuyo hallazgo fue anunciado la semana pasada. El mismo barco que ocasionó una batalla legal de tres décadas con una empresa de este tipo.

El marco jurídico determina que la empresa contratada para rescatar los tesoros sumergidos puede quedarse con la mitad de lo extraído que no sea considerado patrimonio. Tal como quería la SSA, los empresarios se quedarán con la mitad del botín que no sea patrimonio. Este punto levanta otros interrogantes: ¿qué se considera patrimonio sumergido y qué no? Para el Gobierno, solo aquellos bienes que sean representativos o únicos son patrimoniales. Por el contrario, aquellos que hayan sido producidos en serie o no tengan un valor cultural pueden comercializarse. Así, lingotes de oro, perlas, piedras preciosas y semipreciosas en estado bruto, y monedas pueden incluirse en el pago a la empresa contratada para el rescate.

En una carta dirigida a la Cámara de Representantes cuando la ley aún no había sido aprobada, historiadores, antropólogos y arqueólogos, la Sociedad Colombiana de Arqueología (SCAR) y la Fundación Terra Firme manifestaron que “el proyecto parte de la base de que el patrimonio sumergido es una riqueza que se debe explotar económicamente”. Señalaron además que piezas como la cerámica Tumaco Tolita, hoy expuestas en el Museo del Oro, fueron hechas en molde, y si esa ley se aplicara a las piezas encontradas en la tierra, éstas ya no no serían patrimonio.

Además, en la comunidad académica se expresó una preocupación por la alteración del sitio arqueológico, pues argumentaron que por el afán de sacar los bienes comercializables, podría destruirse parte del patrimonio. Ante esta crítica, la ley prevé la creación de planes de manejo arqueológico diseñados por el Instituto de Antropología e Historia, la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura y la Dirección General Marítima. Sin embargo, no es explícito cómo se verificará que las empresas extractoras sí cumplan con este plan.

Es claro que a pesar de las críticas, la ley ya se ha puesto en marcha. Las tareas de exploración en el caso del San José ya comenzaron. Aun quedan por delante las etapas de excavación, intervención, conservación y divulgación de los restos del navío que se hundió en 1708, con una carga de 11 millones de monedas de oro y casi 200 toneladas de esmeraldas, barras y lingotes macizos de oro y plata, cuyo valor estimado se acercaría a los diez mil millones de dólares.

El secretario de Estado de Cultura de España, José María Lassalle, declaró ante los medios lo que muchos colombianos se temían: que aunque se moverá con cautela tras el hallazgo del galeón San José, anunciado el pasado viernes por el presidente de ColombiaJuan Manuel Santos, el país ibérico también insistirá en "una clara defensa de nuestro patrimonio subacuático y la reserva a adoptar todas las medidas que el Gobierno español considere adecuadas para mantener la defensa y salvaguarda del mismo". Esta no es la primera vez que extranjeros pretenden reclamar como suyo al menos una parte del botín del San José.

Por más de 30 años la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA) le reclamó al Estado colombiano derechos sobre el tesoro del Galeón San José, que la firma dijo haber encontrado en 1982. La empresa pedía recibir el 50% de los bienes que no fueran considerados patrimonio, a lo que Colombia se negó. El pleito finalizó en 2013, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó el fallo a favor de Colombia. Ese mismo año el Congreso aprobó una ley para extraer el patrimonio sumergido que plantea condiciones exactamente iguales a las que exigió la empresa ‘cazatesoros’ durante tres décadas.

Desde que fue propuesta en 2011, la ley fue duramente criticada por expertos internacionales como el director de Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarin; la presidenta del Congreso Mundial de Arqueología, Claire Smith; el presidente de la Sociedad Americana de Arqueología, Jeffrey Altschul; y por universidades e instituciones nacionales, como la Sociedad Colombiana de Arqueología. A pesar de esto, la ley fue aprobada con 54 votos a favor y 9 en contra.

La Ley de Patrimonio Sumergido permite al Estado, a través del Ministerio de Cultura, contratar a privados para que realicen la exploración y extracción de embarcaciones hundidas. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, argumentó que esta decisión se tomó pues el Estado no tiene suficientes recursos ni tecnología para realizar estas actividades. De las 1.200 embarcaciones que se calcula están perdidas en las aguas de ríos, ciénagas y mares colombianos, la primera que será intervenida por una empresa rastreadora de tesoros será el Galeón San José, cuyo hallazgo fue anunciado la semana pasada. El mismo barco que ocasionó una batalla legal de tres décadas con una empresa de este tipo.

El marco jurídico determina que la empresa contratada para rescatar los tesoros sumergidos puede quedarse con la mitad de lo extraído que no sea considerado patrimonio. Tal como quería la SSA, los empresarios se quedarán con la mitad del botín que no sea patrimonio. Este punto levanta otros interrogantes: ¿qué se considera patrimonio sumergido y qué no? Para el Gobierno, solo aquellos bienes que sean representativos o únicos son patrimoniales. Por el contrario, aquellos que hayan sido producidos en serie o no tengan un valor cultural pueden comercializarse. Así, lingotes de oro, perlas, piedras preciosas y semipreciosas en estado bruto, y monedas pueden incluirse en el pago a la empresa contratada para el rescate.

En una carta dirigida a la Cámara de Representantes cuando la ley aún no había sido aprobada, historiadores, antropólogos y arqueólogos, la Sociedad Colombiana de Arqueología (SCAR) y la Fundación Terra Firme manifestaron que “el proyecto parte de la base de que el patrimonio sumergido es una riqueza que se debe explotar económicamente”. Señalaron además que piezas como la cerámica Tumaco Tolita, hoy expuestas en el Museo del Oro, fueron hechas en molde, y si esa ley se aplicara a las piezas encontradas en la tierra, éstas ya no no serían patrimonio.

Además, en la comunidad académica se expresó una preocupación por la alteración del sitio arqueológico, pues argumentaron que por el afán de sacar los bienes comercializables, podría destruirse parte del patrimonio. Ante esta crítica, la ley prevé la creación de planes de manejo arqueológico diseñados por el Instituto de Antropología e Historia, la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura y la Dirección General Marítima. Sin embargo, no es explícito cómo se verificará que las empresas extractoras sí cumplan con este plan.

Es claro que a pesar de las críticas, la ley ya se ha puesto en marcha. Las tareas de exploración en el caso del San José ya comenzaron. Aun quedan por delante las etapas de excavación, intervención, conservación y divulgación de los restos del navío que se hundió en 1708, con una carga de 11 millones de monedas de oro y casi 200 toneladas de esmeraldas, barras y lingotes macizos de oro y plata, cuyo valor estimado se acercaría a los diez mil millones de dólares.