El polémico contrato de concesión que contempla dos peajes más en Cartagena

A  menos de 15 días de dejar el cargo en el que fue designado por el presidente de la República, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, firmó la resolución 9217, a través de la que se adjudica un contrato de asociación público privada (APP) para iniciar la ejecución del un megaproyecto de infraestructura vial en esa ciudad y que entrega desde los estudios hasta su operación y mantenimiento a la firma KMA Construcciones, la misma que en agosto de 2017 presentó la iniciativa.

La firma de este contrato no ha estado por fuera de la polémica porque, como registran medios locales en la capital de Bolívar, tuvo oposición en el concejo y organizaciones como la Fundación Cívico-Social Pro Cartagena (Funcicar) han advertido que sobre este proyecto había falta de información.

De acuerdo con el documento de la resolución firmada por el saliente mandatario encargado, el 6 de septiembre pasado se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) todos los documentos de la APP que contenían las condiciones que debían cumplir los interesados en su ejecución. Señala, además, que a las 9 de la mañana del 9 de noviembre pasado, fecha límite para la presentación de propuestas, no se recibió ninguna.

Esa fue la razón, dice el documento, por la que esa concesión le fue adjudicada a la misma firma originadora del proyecto KMA Construcciones, de propiedad de Menzel Amín Avendaño, un curtido empresario de la construcción en el Caribe que fue mencionado, incluso llamado a entrevista por parte de la Fiscalía, en el sonado caso Odebrecht, en el que estuvieron involucrado el exministro de Transporte, Gabriel García Morales, y lo hermanos Enrique y Eduardo Ghisays.

Según la resolución, la adjudicación de la APP no implica recursos públicos, pero el ejecutor de este deberá realizar los “estudios y diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto de concesión vial Corredor Portuario de Cartagena”. El documento también señala que el valor del contrato resultante de la APP es de $ 1,9 billones. 

La iniciativa de infraestructura contempla la intervención de 66 kilómetros de vías, así como la ampliación del corredor portuario y la construcción de la quinta avenida del barrio Manga, lo que para muchos sería una solución al problema de movilidad que ha afectado a Cartagena durante décadas. Sin embargo, lo que no resulta muy cómodo para los cartageneros es que este proyecto que ya tiene vía libre implicaría la instalación de dos peajes más, que se sumarían a los cuatro que ya operan en Cartagena y su área metropolitana, y que estarían en operación durante 30 años.

De hecho, dos de los cuatro peajes que han funcionado durante más de una década en Cartagena están dentro de la misma ciudad (Peaje de Ceballos y Peaje de Bazurto, que se paga para ingresar al barrio de Manga). Es decir, los conductores de vehículos livianos en esa ciudad deben pagar hoy entre $ 2.900 y $ 3.000 cada vez que se mueven de un punto de la ciudad a otro y pasan por los peajes de Bazurto o Ceballos.

En ese sentido, reseña el diario El Universal, de Cartagena, los nuevos peajes que empezarán a operar cuando entre este proyecto en ejecución estarán en la zona franca de La Candelaria (entrada a la variante Mamonal-Gambote) y el peaje India Catalina, conocido como peaje Vikingos, y que fue desmontado por el distrito a finales de septiembre de 2014. Según el alcalde Pereira, en declaraciones registradas por el diario cartagenero, no se trata de “nuevos peajes”, sino de unos puntos de control que en donde se pagarán “una vez por sentido”.

Sobre la adjudicación de esta concesión se pronunció en la noche de este martes William Dau, alcalde electo de Cartagena, y señaló que, desde su gobierno, que se inicia el 1° de enero de 2020, hará “todo lo posible por tumbar este atentado en contra de todos los cartageneros”.

A  menos de 15 días de dejar el cargo en el que fue designado por el presidente de la República, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, firmó la resolución 9217, a través de la que se adjudica un contrato de asociación público privada (APP) para iniciar la ejecución del un megaproyecto de infraestructura vial en esa ciudad y que entrega desde los estudios hasta su operación y mantenimiento a la firma KMA Construcciones, la misma que en agosto de 2017 presentó la iniciativa.

La firma de este contrato no ha estado por fuera de la polémica porque, como registran medios locales en la capital de Bolívar, tuvo oposición en el concejo y organizaciones como la Fundación Cívico-Social Pro Cartagena (Funcicar) han advertido que sobre este proyecto había falta de información.

De acuerdo con el documento de la resolución firmada por el saliente mandatario encargado, el 6 de septiembre pasado se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) todos los documentos de la APP que contenían las condiciones que debían cumplir los interesados en su ejecución. Señala, además, que a las 9 de la mañana del 9 de noviembre pasado, fecha límite para la presentación de propuestas, no se recibió ninguna.

Esa fue la razón, dice el documento, por la que esa concesión le fue adjudicada a la misma firma originadora del proyecto KMA Construcciones, de propiedad de Menzel Amín Avendaño, un curtido empresario de la construcción en el Caribe que fue mencionado, incluso llamado a entrevista por parte de la Fiscalía, en el sonado caso Odebrecht, en el que estuvieron involucrado el exministro de Transporte, Gabriel García Morales, y lo hermanos Enrique y Eduardo Ghisays.

Según la resolución, la adjudicación de la APP no implica recursos públicos, pero el ejecutor de este deberá realizar los “estudios y diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto de concesión vial Corredor Portuario de Cartagena”. El documento también señala que el valor del contrato resultante de la APP es de $ 1,9 billones. 

La iniciativa de infraestructura contempla la intervención de 66 kilómetros de vías, así como la ampliación del corredor portuario y la construcción de la quinta avenida del barrio Manga, lo que para muchos sería una solución al problema de movilidad que ha afectado a Cartagena durante décadas. Sin embargo, lo que no resulta muy cómodo para los cartageneros es que este proyecto que ya tiene vía libre implicaría la instalación de dos peajes más, que se sumarían a los cuatro que ya operan en Cartagena y su área metropolitana, y que estarían en operación durante 30 años.

De hecho, dos de los cuatro peajes que han funcionado durante más de una década en Cartagena están dentro de la misma ciudad (Peaje de Ceballos y Peaje de Bazurto, que se paga para ingresar al barrio de Manga). Es decir, los conductores de vehículos livianos en esa ciudad deben pagar hoy entre $ 2.900 y $ 3.000 cada vez que se mueven de un punto de la ciudad a otro y pasan por los peajes de Bazurto o Ceballos.

En ese sentido, reseña el diario El Universal, de Cartagena, los nuevos peajes que empezarán a operar cuando entre este proyecto en ejecución estarán en la zona franca de La Candelaria (entrada a la variante Mamonal-Gambote) y el peaje India Catalina, conocido como peaje Vikingos, y que fue desmontado por el distrito a finales de septiembre de 2014. Según el alcalde Pereira, en declaraciones registradas por el diario cartagenero, no se trata de “nuevos peajes”, sino de unos puntos de control que en donde se pagarán “una vez por sentido”.

Sobre la adjudicación de esta concesión se pronunció en la noche de este martes William Dau, alcalde electo de Cartagena, y señaló que, desde su gobierno, que se inicia el 1° de enero de 2020, hará “todo lo posible por tumbar este atentado en contra de todos los cartageneros”.