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Una jueza ordenó en Cartagena el desalojo de los 16 edificios que están en riesgo de desplome. La medida de protección, que se concedió después de que la Fiscalía la solicitara ante un juzgado de control de garantías, se da pese a que los residentes habían solicitado primero realizar un nuevo estudio que diera certeza de que en realidad las edificaciones amenazan con venirse abajo. (Lea aquí: “Nos criminalizan como si fuéramos invasores”: habitante de edificio en riesgo de desplome en Cartagena)
Además del desalojo, la jueza otorgó un plazo de un mes para reubicar a las personas, respetando las condiciones socioeconómicas que tienen los actuales propietarios y cubriendo los gastos de mudanza. Eso incluiría mantener la ubicación según el estrato, y un subsidio de arriendo de acuerdo a la calidad de vida de las familias. No obstante, la alcaldía apeló esta orden, a través del abogado Alberto Morales Tamara. Argumentó que por ley sólo pueden pagar subsidios de 250 mil pesos.
Se ordenó también hacer un nuevo estudio especializado, que debe ser socializado con las familias afectadas. “La jueza ordena que un plazo de cuatro meses estos estudios sean socializados con todos los propietarios. (…) esto es un cumplimiento mutuo, nosotros cumplimos si el Distrito cumple”, dijo Héctor Duque a El Universal.
“La jueza pidió que se castiguen a los responsables y lamenta que el distrito haya tomado a la ligera acciones de evacuación. El distrito debe garantizar la vigilancia y custodia de los bienes de las viviendas”, explicó uno de los habitantes.
La funcionaria judicial reconoció que hubo una falta de planeación e improvisación tras conocer los resultados de los estudios preliminares de la Universidad de Cartagena, que determinaron que los edificios construidos por el cuestionario empresario Wilfran Quiroz presentaban irregularidades.
El 27 de abril de 2017, un edificio con falsa licencia urbanística a nombre de Quiroz, en el barrio Blas de Lezo, se desplomó mientras era construido, lo que causó la muerte de 21 obreros y heridas a 26 más. Esta tragedia despertó las alarmas para rastrear las edificaciones similares a ésta y detectar anomalías.
Así que la alcaldía contrató a la Universidad de Cartagena (por 998 millones de pesos) para que estudiara el caso. El pasado 30 de diciembre se dieron algunas conclusiones preliminares y se espera que este viernes se publiquen las definitivas. Los propietarios de los apartamentos se negaban a abandonar las edificaciones porque consideraban que los estudios no son confiables ni concluyentes pues han detectado decenas de inconsistencias.
Las irregularidades en los estudios, según los propietarios, van desde la no coincidencia del nombre de los edificios y errores en las medidas físicas de algunas columnas hasta presuntos plagios como en el caso del estudio entregado para el edificio Alpes 31. El abogado del edificio Alpes 31, Alexander Sierra, dijo a periodistas que al leer el informe se evidenció "que no eran concluyentes los estudios".
Sierra explicó que "en medio de este contexto" encontraron un presunto plagio de una tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) "donde se hace relación a la República mexicana".
Sin embargo, el rector de la universidad, Édgar Parra, aseguró que "los estudios fueron hechos por académicos, por personal preparado a nivel de pregrado, posgrado con maestría y uno de ellos haciendo estudios de doctorado en el tema de estructura. Por lo tanto la institución avala el estudio técnico de los académicos que realizaron esta intervención de los edificios en referencia", dijo.
El 27 de abril de 2017, un edificio con falsa licencia urbanística a nombre de Quiroz, en el barrio Blas de Lezo, se desplomó mientras era construido, lo que causó la muerte de 21 obreros y heridas a 26 más. Esta tragedia despertó las alarmas para rastrear las edificaciones similares a ésta y detectar anomalías.
*Con información de EFE