Las dificultades para la recuperación ambiental del cerro de La Popa

El 26 de agosto el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) dio inicio al Plan Maestro Ambiental para la recuperación integral de la reserva natural del cerro de La Popa. Esta emblemática colina de 148 metros es lo primero que se divisa al llegar a Cartagena, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Por su historia y la vista panorámica que ofrece de la ciudad, se ha convertido en un atractivo turístico.

Desde hace más de sesenta años el cerro ha sufrido un proceso de ocupación incontrolada, debido a la creciente expansión urbana, la llegada de inmigrantes y la extrema pobreza en Cartagena. En el último estudio publicado en la página web del EPA, hecho en 2010, se informa que del área total, 368,7 hectáreas, se protegieron 220 en los años 70. Para el año 2000 el cerro de La Popa tenía 124 hectáreas de vegetación, esta cifra disminuyó a solo 87 hectáreas en 2010; es decir, hubo una reducción del 30 %.

Como consecuencia de las ocupaciones ilegales y sus prácticas nocivas en la reserva natural, se generó una problemática ambiental que no se ha podido controlar. Javier Mouthon, director del EPA, explica que “el detrimento en los servicios ambientales y daño existente en la estructura ecológica causa un deterioro voraz del medio ambiente, generando deficiencia en la calidad del aire, lo que ocasiona enfermedades respiratorias en las personas. Por otra parte, al realizar las excavaciones para instalar las construcciones irregulares de viviendas desestabilizan la ladera, exponiéndose a riesgos por deslizamiento de tierra”.

“Esta es una zona de alto riesgo, pero tenemos la necesidad de vivir, de estar habitando en unos hogares que no son dignos, pero los que vivimos ahí sí somos dignos”, dijo un residente del barrio Mirador de la Virgen, ubicado en La Popa.

Para combatir esta problemática, el EPA junto con la Alcaldía de William Dau pusieron en marcha el Plan Maestro Ambiental, basado en los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2001. Este proyecto tiene como objetivo preservar y restaurar la fauna y flora que se han visto afectadas por los asentamientos ilegales.

En la primera fase del proyecto, iniciada en agosto, se hicieron inspecciones técnicas para verificar los territorios que serán objeto de recuperación. El EPA comenzó a desalojar algunas zonas con la ayuda de la Guardia Ambiental, división ambiental y la Policía Metropolitana. Reportan haber recuperado 1.200 m² de áreas invadidas. Sin embargo, unas semanas después se evidenciaron nuevos cambuches en el sector de San Bernardo de Asís, en las faldas de La Popa.

Con respecto a las casas desalojadas, el EPA resalta que “algunas de esas viviendas intervenidas no estaban habitadas”. Por otro lado, Rafael Zúñiga, director de la Fundación Ecoparque Histórico y Cultural La Popa (Ecopopa), critica el desalojo que se realizó: “Después de reubicar a las personas y darles una vivienda digna es cuando se debe proceder a desalojarlas y reforestar la zona”.

De igual manera, miembros de la comunidad comentaron a este diario que el EPA “deja los materiales de lo que tumbaron ahí, por lo que la gente vuelve y construye”. Sin embargo, la entidad dice que empresas de aseo les dan una correcta disposición a los materiales después de que se derriban las viviendas.

Para hacer los desalojos de manera adecuada es fundamental que se realice un proceso de reubicación. El 26 de mayo de 2016 el Juzgado Octavo Administrativo admitió una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Distrito de Cartagena. En esta se le pide a la administración de la ciudad brindar una alternativa de vivienda para las personas que habitan en el cerro, con el fin de evitar nuevos asentamientos en zonas ilegales clasificadas de alto riesgo.

El macroproyecto del 2010 establece que el 18,5 % de la población (6.280 de 33.795) está en situación de reubicación. Estas cifras están desactualizadas, ya que, según el informe del estado de los recursos naturales del 2018, la población total en 279 hectáreas del cerro se estima en 46.128 personas, por lo que es necesario un nuevo censo. En especial en los barrios Kennedy, Lomas del Rosario, Loma del Diablo y La Bendición de Dios, que se consideran zona de alto riesgo y que en el plan maestro se establecen como los barrios a desalojar.

El programa de reasentamiento tiene siete etapas que se trabajarán con el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena. Este busca definir las zonas de alto riesgo y preservación ambiental, hacer un censo, un estudio de títulos, establecer los tiempos de reasentamiento, ejecutar el levantamiento topográfico y los avalúos comerciales de los predios y definir el costo económico del reasentamiento del cerro de La Popa.

El director del EPA indica que, “en el macroproyecto se establecieron algunos lugares cercanos al cerro, pero esto implica cambios en el uso del suelo, por lo que debe cambiarse en el POT; es decir, no sería factible si no hay cambio de norma”.

En este sitio tan emblemático de la ciudad se reflejan dos crisis de Cartagena: la social y la ambiental. Pese a los múltiples intentos de previas administraciones, no se han ejecutado acciones contundentes. La supervivencia del cerro dependerá de las decisiones y acciones que tome la administración en los próximos cuatro años.

El 26 de agosto el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) dio inicio al Plan Maestro Ambiental para la recuperación integral de la reserva natural del cerro de La Popa. Esta emblemática colina de 148 metros es lo primero que se divisa al llegar a Cartagena, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Por su historia y la vista panorámica que ofrece de la ciudad, se ha convertido en un atractivo turístico.

Desde hace más de sesenta años el cerro ha sufrido un proceso de ocupación incontrolada, debido a la creciente expansión urbana, la llegada de inmigrantes y la extrema pobreza en Cartagena. En el último estudio publicado en la página web del EPA, hecho en 2010, se informa que del área total, 368,7 hectáreas, se protegieron 220 en los años 70. Para el año 2000 el cerro de La Popa tenía 124 hectáreas de vegetación, esta cifra disminuyó a solo 87 hectáreas en 2010; es decir, hubo una reducción del 30 %.

Como consecuencia de las ocupaciones ilegales y sus prácticas nocivas en la reserva natural, se generó una problemática ambiental que no se ha podido controlar. Javier Mouthon, director del EPA, explica que “el detrimento en los servicios ambientales y daño existente en la estructura ecológica causa un deterioro voraz del medio ambiente, generando deficiencia en la calidad del aire, lo que ocasiona enfermedades respiratorias en las personas. Por otra parte, al realizar las excavaciones para instalar las construcciones irregulares de viviendas desestabilizan la ladera, exponiéndose a riesgos por deslizamiento de tierra”.

“Esta es una zona de alto riesgo, pero tenemos la necesidad de vivir, de estar habitando en unos hogares que no son dignos, pero los que vivimos ahí sí somos dignos”, dijo un residente del barrio Mirador de la Virgen, ubicado en La Popa.

Para combatir esta problemática, el EPA junto con la Alcaldía de William Dau pusieron en marcha el Plan Maestro Ambiental, basado en los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2001. Este proyecto tiene como objetivo preservar y restaurar la fauna y flora que se han visto afectadas por los asentamientos ilegales.

En la primera fase del proyecto, iniciada en agosto, se hicieron inspecciones técnicas para verificar los territorios que serán objeto de recuperación. El EPA comenzó a desalojar algunas zonas con la ayuda de la Guardia Ambiental, división ambiental y la Policía Metropolitana. Reportan haber recuperado 1.200 m² de áreas invadidas. Sin embargo, unas semanas después se evidenciaron nuevos cambuches en el sector de San Bernardo de Asís, en las faldas de La Popa.

Con respecto a las casas desalojadas, el EPA resalta que “algunas de esas viviendas intervenidas no estaban habitadas”. Por otro lado, Rafael Zúñiga, director de la Fundación Ecoparque Histórico y Cultural La Popa (Ecopopa), critica el desalojo que se realizó: “Después de reubicar a las personas y darles una vivienda digna es cuando se debe proceder a desalojarlas y reforestar la zona”.

De igual manera, miembros de la comunidad comentaron a este diario que el EPA “deja los materiales de lo que tumbaron ahí, por lo que la gente vuelve y construye”. Sin embargo, la entidad dice que empresas de aseo les dan una correcta disposición a los materiales después de que se derriban las viviendas.

Para hacer los desalojos de manera adecuada es fundamental que se realice un proceso de reubicación. El 26 de mayo de 2016 el Juzgado Octavo Administrativo admitió una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Distrito de Cartagena. En esta se le pide a la administración de la ciudad brindar una alternativa de vivienda para las personas que habitan en el cerro, con el fin de evitar nuevos asentamientos en zonas ilegales clasificadas de alto riesgo.

El macroproyecto del 2010 establece que el 18,5 % de la población (6.280 de 33.795) está en situación de reubicación. Estas cifras están desactualizadas, ya que, según el informe del estado de los recursos naturales del 2018, la población total en 279 hectáreas del cerro se estima en 46.128 personas, por lo que es necesario un nuevo censo. En especial en los barrios Kennedy, Lomas del Rosario, Loma del Diablo y La Bendición de Dios, que se consideran zona de alto riesgo y que en el plan maestro se establecen como los barrios a desalojar.

El programa de reasentamiento tiene siete etapas que se trabajarán con el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena. Este busca definir las zonas de alto riesgo y preservación ambiental, hacer un censo, un estudio de títulos, establecer los tiempos de reasentamiento, ejecutar el levantamiento topográfico y los avalúos comerciales de los predios y definir el costo económico del reasentamiento del cerro de La Popa.

El director del EPA indica que, “en el macroproyecto se establecieron algunos lugares cercanos al cerro, pero esto implica cambios en el uso del suelo, por lo que debe cambiarse en el POT; es decir, no sería factible si no hay cambio de norma”.

En este sitio tan emblemático de la ciudad se reflejan dos crisis de Cartagena: la social y la ambiental. Pese a los múltiples intentos de previas administraciones, no se han ejecutado acciones contundentes. La supervivencia del cerro dependerá de las decisiones y acciones que tome la administración en los próximos cuatro años.