Los hijos de Isla Grande

Orika. Así, como la hija del aguerrido Benkos-Biohó, se llama el caserío de los nativos de Isla Grande, la más extensa de las 27 que conforman el archipiélago de Islas del Rosario, en zona insular de Cartagena. Rodeada de un mar traslúcido, la isla alberga a una comunidad negra descendiente de los primeros habitantes de Barú, que la utilizaron como zona de producción agrícola y pesquera. Cuenta Hernando Gómez, un curtido líder comunitario de 61 años, que su tatarabuelo fue el primer afrodescendiente que se instaló en Isla Grande, donde se encontró con un ejército de plagas que combatió a punta de humo y tesón. Él y el resto de colonos que continuaron llegando erigieron allí su hogar y tejieron las particulares redes de solidaridad que han constituido la base de su supervivencia.

Alimentándose de tortugas, iguanas, sardinas y caracoles, arropados por el sol del caribe y empeñados en cultivar la tierra, conformaron una pequeña sociedad conectada con el resto del archipiélago. Sin embargo, la vida comenzó a cambiar a mediados del siglo pasado, cuando se encontraron con empresarios del turismo y familias pudientes que llegaron de otras zonas del país para erigir hoteles y casas de recreo al frente del mar. Entonces, los nativos, replegados en el centro, se convirtieron en cuidadores y empleados de la acaudalada industria turística. Una coexistencia que se vio alterada a finales de 2001, cuando por orden del Consejo de Estado, el entonces Incora inició la recuperación de la isla, cuyas tierras eran consideradas baldíos reservados de la nación.

Con el fin de hacerle frente a esa ‘amenaza’, la comunidad creó el Consejo Comunitario de Islas del Rosario–Caserío Orika, con el aval de la alcaldía de Cartagena. En 2006, un mes después de que el Incoder expidiera un acuerdo para cobrarles arriendo, los isleños se negaron a pagar y presentaron una solicitud de titulación colectiva del territorio que habían ocupado ancestralmente. Sin embargo, la petición fue negada por el Incoder y por el Consejo de Estado, que argumentaron que era imposible titular baldíos reservados. Entonces, los nativos se enfermaron. Gómez recuerda que “la gente lloraba. Era preferible morirnos a que nos sacaran de aquí, porque todo lo que nosotros queremos está en estas islas”. Así, empeñados en quedarse, interpusieron una tutela. El caso llegó a la Corte Constitucional, que pidió el concepto de distintas universidades y centros de investigación. La respuesta de los académicos fue unánime: los nativos sí constituían una comunidad ancestral, la negativa a titulares tierras atentaba contra el espíritu de la Constitución, y los afrodescendientes de la costa pacífica no podían ser los únicos beneficiarios de la Ley 70 de 1993, que reconoció el derecho a la propiedad colectiva, como había sido hasta ahora.

Atendiendo los análisis e investigaciones, la Corte tomó una decisión histórica. En 2012 falló a favor del Consejo Comunitario y, por primera vez en Colombia, ordenó que se adjudicaran tierras en el Caribe. En mayo de este año, y excediendo por 18 meses el límite estipulado en la sentencia, el Incoder expidió la resolución de adjudicación. Al menos 150 familias se beneficiaron de la decisión, que cobijó 105 hectáreas de Isla Grande, en pleno circuito turístico de Cartagena. Ganar esa batalla jurídica impulsó a los nativos a trazar la ruta de lo que hoy se concibe como un proyecto ecoturístico y de preservación cultural.

- Turismo ecológico

Éver de la Rosa es el representante legal del consejo comunitario. El camino que corre paralelo a su tienda, apostada al lado de la playa, es el punto de entrada para los pobladores que arriban procedentes del puerto de Bazurto, en Cartagena. Caminando hacia el oriente, siguiendo la calle de tierra, aparecen la escuela y un precario hospital, en el que atiende enfermedades menores un joven médico, de martes a jueves. En los alrededores de la plaza Benkos-Biohó, y a lado y lado de las callejas, se encuentran las coloridas casas de los nativos alternadas por dulcerías, talleres, ventas de artesanías, refresquerías, discotecas, un centro de reuniones y dos galleras, que se desbordan entre diciembre y enero, cuando los isleños se enfrentan en sendas peleas de gallos.

Entre esas construcciones, algunas de las cuales fueron financiadas por el Incoder y por la agencia de cooperación norteamericana Usaid, erigieron varios ecohoteles; pequeñas edificaciones en las que ofrecen hospedaje a los turistas, siguiendo parámetros de conservación. Ana Rosa Martínez, quien trabajó durante 20 años en una casa de recreo propiedad de la dramaturga Fanny Mickey, construyó con el dinero de su liquidación el ecohotel Las Palmeras. Allí usa paneles solares para proveer electricidad y agua de mar para prestar servicios sanitarios. Con voz ronca y alegre se enorgullece porque “los carpinteros y los albañiles de la isla construyeron el lugar”. Asegura que “a partir de esa articulación con los demás pobladores, y buscando siempre el desarrollo sostenible, demostramos que podemos quedarnos en Isla Grande”.

Ahora, luego de la adjudicación, los nativos enfrentan nuevos retos. Según De la Rosa y su hija Eika, algunos de los más importantes son: establecer un límite en la capacidad de carga de turistas, conservar los arrecifes y reducir los impactos del turismo tradicional sobre los ecosistemas. También le apuestan a delimitar las zonas de bosque, los espacios de expansión urbana y las áreas de siembra, además de conservar la legitimidad de la guardia cimarrona, que ejerce la autoridad y regula los conflictos. Por ahora, los isleños continúan fortaleciendo su organización y construyendo, de manera autónoma, un modelo de desarrollo que les permita conservar lo que ellos consideran su “pequeño paraíso”.

*Invitación de Somos Defensores

mflorez@elespectador.com

Orika. Así, como la hija del aguerrido Benkos-Biohó, se llama el caserío de los nativos de Isla Grande, la más extensa de las 27 que conforman el archipiélago de Islas del Rosario, en zona insular de Cartagena. Rodeada de un mar traslúcido, la isla alberga a una comunidad negra descendiente de los primeros habitantes de Barú, que la utilizaron como zona de producción agrícola y pesquera. Cuenta Hernando Gómez, un curtido líder comunitario de 61 años, que su tatarabuelo fue el primer afrodescendiente que se instaló en Isla Grande, donde se encontró con un ejército de plagas que combatió a punta de humo y tesón. Él y el resto de colonos que continuaron llegando erigieron allí su hogar y tejieron las particulares redes de solidaridad que han constituido la base de su supervivencia.

Alimentándose de tortugas, iguanas, sardinas y caracoles, arropados por el sol del caribe y empeñados en cultivar la tierra, conformaron una pequeña sociedad conectada con el resto del archipiélago. Sin embargo, la vida comenzó a cambiar a mediados del siglo pasado, cuando se encontraron con empresarios del turismo y familias pudientes que llegaron de otras zonas del país para erigir hoteles y casas de recreo al frente del mar. Entonces, los nativos, replegados en el centro, se convirtieron en cuidadores y empleados de la acaudalada industria turística. Una coexistencia que se vio alterada a finales de 2001, cuando por orden del Consejo de Estado, el entonces Incora inició la recuperación de la isla, cuyas tierras eran consideradas baldíos reservados de la nación.

Con el fin de hacerle frente a esa ‘amenaza’, la comunidad creó el Consejo Comunitario de Islas del Rosario–Caserío Orika, con el aval de la alcaldía de Cartagena. En 2006, un mes después de que el Incoder expidiera un acuerdo para cobrarles arriendo, los isleños se negaron a pagar y presentaron una solicitud de titulación colectiva del territorio que habían ocupado ancestralmente. Sin embargo, la petición fue negada por el Incoder y por el Consejo de Estado, que argumentaron que era imposible titular baldíos reservados. Entonces, los nativos se enfermaron. Gómez recuerda que “la gente lloraba. Era preferible morirnos a que nos sacaran de aquí, porque todo lo que nosotros queremos está en estas islas”. Así, empeñados en quedarse, interpusieron una tutela. El caso llegó a la Corte Constitucional, que pidió el concepto de distintas universidades y centros de investigación. La respuesta de los académicos fue unánime: los nativos sí constituían una comunidad ancestral, la negativa a titulares tierras atentaba contra el espíritu de la Constitución, y los afrodescendientes de la costa pacífica no podían ser los únicos beneficiarios de la Ley 70 de 1993, que reconoció el derecho a la propiedad colectiva, como había sido hasta ahora.

Atendiendo los análisis e investigaciones, la Corte tomó una decisión histórica. En 2012 falló a favor del Consejo Comunitario y, por primera vez en Colombia, ordenó que se adjudicaran tierras en el Caribe. En mayo de este año, y excediendo por 18 meses el límite estipulado en la sentencia, el Incoder expidió la resolución de adjudicación. Al menos 150 familias se beneficiaron de la decisión, que cobijó 105 hectáreas de Isla Grande, en pleno circuito turístico de Cartagena. Ganar esa batalla jurídica impulsó a los nativos a trazar la ruta de lo que hoy se concibe como un proyecto ecoturístico y de preservación cultural.

- Turismo ecológico

Éver de la Rosa es el representante legal del consejo comunitario. El camino que corre paralelo a su tienda, apostada al lado de la playa, es el punto de entrada para los pobladores que arriban procedentes del puerto de Bazurto, en Cartagena. Caminando hacia el oriente, siguiendo la calle de tierra, aparecen la escuela y un precario hospital, en el que atiende enfermedades menores un joven médico, de martes a jueves. En los alrededores de la plaza Benkos-Biohó, y a lado y lado de las callejas, se encuentran las coloridas casas de los nativos alternadas por dulcerías, talleres, ventas de artesanías, refresquerías, discotecas, un centro de reuniones y dos galleras, que se desbordan entre diciembre y enero, cuando los isleños se enfrentan en sendas peleas de gallos.

Entre esas construcciones, algunas de las cuales fueron financiadas por el Incoder y por la agencia de cooperación norteamericana Usaid, erigieron varios ecohoteles; pequeñas edificaciones en las que ofrecen hospedaje a los turistas, siguiendo parámetros de conservación. Ana Rosa Martínez, quien trabajó durante 20 años en una casa de recreo propiedad de la dramaturga Fanny Mickey, construyó con el dinero de su liquidación el ecohotel Las Palmeras. Allí usa paneles solares para proveer electricidad y agua de mar para prestar servicios sanitarios. Con voz ronca y alegre se enorgullece porque “los carpinteros y los albañiles de la isla construyeron el lugar”. Asegura que “a partir de esa articulación con los demás pobladores, y buscando siempre el desarrollo sostenible, demostramos que podemos quedarnos en Isla Grande”.

Ahora, luego de la adjudicación, los nativos enfrentan nuevos retos. Según De la Rosa y su hija Eika, algunos de los más importantes son: establecer un límite en la capacidad de carga de turistas, conservar los arrecifes y reducir los impactos del turismo tradicional sobre los ecosistemas. También le apuestan a delimitar las zonas de bosque, los espacios de expansión urbana y las áreas de siembra, además de conservar la legitimidad de la guardia cimarrona, que ejerce la autoridad y regula los conflictos. Por ahora, los isleños continúan fortaleciendo su organización y construyendo, de manera autónoma, un modelo de desarrollo que les permita conservar lo que ellos consideran su “pequeño paraíso”.

*Invitación de Somos Defensores

mflorez@elespectador.com