Magdalena y Bolívar, departamentos con más falsas víctimas en el país

Unos 6.700 millones de pesos no fueron entregados a las verdaderas víctimas a nivel nacional, según la entidad. / Cortesía Unidad de Víctimas

La Unidad Nacional de Vïcitmas viene haciendo una depuración de la base de datos, para identificar las personas que se han inscrito en el registro de la entidad sin contar con la condición para hacerlo.

Gracias a esta labor, lograron identificar que Magdalena, con 5.124 registros, y Bolívar,  con 2.971 personas, son los departamentos que ocupan los primeros lugares. Todas fueron excluidas del Registro Único de Víctimas (RUV).

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No obstante, el director de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Rodríguez, aclaró que aunque están excluidas, no fueron borradas, sino que les asignaron una marcación preventiva. El director de la entidad agregó que entre las principales modalidades que existen está la creación de organizaciones fachadas, que se comprometen a entregar subsidios, indemnizaciones o diversos beneficios.

“Realizamos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y estamos a la espera de los resultados, porque sabemos que se trata de personas que llegaron al registro haciedo una declaración falsa y que hoy, a través de los mecanismos que tenemos desde la Unidad, podemos cruzar la información de todos los registros administrativos del Gobierno e identificarlas", dijo a El Espectador el director de la Unidad y agregó que, hasta el momento, en estos dos departamentos de la Costa no hay capturas.

A nivel nacional fueron excluidas del registro aproximadamente 35.175 falsas víctimas. Además, de acuerdo con los cálculos hechos por la Unidad, por este fenómeno se han llevado aproximadamente $6.700 millones que debieron ser entregados a las verdaderas víctimas.

Los casos de Bolívar

En varios municipios de Montes de María, las víctimas señalaron a una presunta abogada que los llamaba para informarles sobre la entrega de recursos. Además, esta recibía un porcentaje de pago anticipado para que supuestamente fueran priorizadas en las indemnizaciones. De acuerdo con la entidad, aunque las víctimas no denunciaron, sí coincidieron en la identificación de la mujer.

En el municipio de Turbaná vienen haciendo seguimiento a una persona que se declaró víctima de violencia sexual, en el marco del conflicto armado, pero las indagaciones preliminares indican que los hechos víctimizantes no corresponden al conflicto. “Esta persona también promueve las declaraciones de otras mujeres para que declaren por los mismos hechos y reciban las medidas de reparación y asistencia otorgadas por la Ley”, comunicó la entidad.

En 2012, a través de la Oficina Asesora Jurídica, la Unidad para las Víctimas creó el grupo de indagación y protección contra fraudes. Esto con el fin de hacerle un seguimiento especial a las irregularidades que puedan presentarse con relación a la atención a las víctimas del conflicto armado.

Además, con el fin de sensibilizar a las víctimas y comunidad en general frente a las presuntas conductas irregulares a los que están expuestas, la Unidad para las Víctimas relanzó la campaña “Que no le echen cuentos” que pretende alertar sobre aquellas personas que pretenden obtener beneficios de los pagos a los que tienen derecho.

Esta campaña también incluye a los funcionarios de la entidad, para ellos, la capacitación consiste en darles a conocer las conductas punibles a las que pueden incurrir si se dedican a manejar de manera irregular la información confidencial.

Principales irregularidades

• Promoción de subsidios, vivienda e indemnizaciones por parte de personas u organizaciones fraudulentas, tipificando el delito de estafa.
• Falsificación de documentos
• Acceso abusivo al Sistema
• Violación de datos personales
• Fraude procesal

Casos generales

• Falsos desplazamientos.
• Existencia de falsos testimonios o declaraciones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos victimizantes.
• Declaraciones de hechos victimizantes que no sucedieron en el marco del conflicto armado.
• Organizaciones fachadas que promueven la orientación jurídica de casos, así como la entrega de subsidios o ayudas humanitarias.
• Falsificación de documentos para el cobro de medidas de asistencia
• Redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen sumas de dinero para estructurar este tipo falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aun acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces de la república para el reconocimiento de dichas medidas.