“Nos criminalizan como si fuéramos invasores”: habitante de edificio en riesgo de desplome en Cartagena

Autor: Pilar Cuartas Rodríguez Follow @pilar4as

Más de 700 personas, agrupadas en 108 familias, viven una verdadera tragedia en la capital de Bolívar. Sus apartamentos, comprados con ahorros de décadas, amenazan, según la Universidad de Cartagena, con venirse abajo. La alerta de evacuación voluntaria llegó a los propietarios el 18 de enero, con una oferta de ser trasladados temporalmente al coliseo de combate donde dormirían en colchonetas. Ante la negativa de los cartageneros, el distrito ofreció después un subsidio mensual de $250 mil, una cifra que no alcanza a pagar el arriendo de una vivienda con iguales condiciones de las que adquirieron. (Lea aquí: Defienden validez de informe de edificios en riesgo de desplome en Cartagena)

La puja la definirá este martes una jueza de control de garantías, quien determinará si mantiene o no el plan de desalojo de la alcaldía y las garantías que se les concederían a los afectados. El pronunciamiento judicial también deberá tener en cuenta el estudio de la Universidad de Cartagena con el que se basó el distrito para pedir la evacuación. La institución educativa asegura que faltan diseños estructurales, planos, normas de sismo resistencia, estudios de suelo, permisos de planeación y calidad de materiales. (Lea aquí: 108 familias de Cartagena están a la deriva ante riesgo de colapso de edificaciones)

Sin embargo, el documento ha sido criticado. El ingeniero calculista Jorge Rocha cuestionó la metodología y protocolos realizados en el proceso de recolección de pruebas por la facultad de ingeniería de la Universidad de Cartagena. Por su parte, los propietarios criticaron irregularidades en los estudios, que van desde la no coincidencia del nombre de los edificios y errores en las medidas físicas de algunas columnas hasta presuntos plagios como en el caso del estudio entregado para el edificio Alpes 31. El rector de la institución, Édgar Parra, aseguró que respalda el documento y aclaró que es una versión preliminar y que esta semana se entregará una versión final.

Este es uno de los 16 edificios en riesgo de desplome. Está ubicado en el barrio los Caracoles. / EFE

Óscar Alexander Ballesteros, un historiador y profesor cartagenero, habita desde 2015 el apartamento 501 de Portales de los Caracoles, uno de los 16 edificios en riesgo de desplome. Cuatro pisos abajo, vive su suegra, quien fue durante 25 años la dueña del terreno donde se levantó la construcción. Años atrás, el empresario Wilfran Quiroz la convenció para que se lo vendiera, a cambio de dos apartamentos en Portales de Caracoles y una suma de dinero. Para ese entonces, todo revestía de legalidad y Yolanda de la Hoz ni sospechaba que hoy Quiroz estaría en prisión domiciliaria mientras se determina su responsabilidad en el desplome del edificio Blas de Lezo II, del que era dueño. En ese hecho, ocurrido el 27 de abril de 2017, murieron 21 obreros y 26 más quedaron heridos.

“Llegamos al apartamento sin que se hiciera la entrega formal del edificio, porque Quiroz ya no nos quería pagar el arriendo en la casa donde estábamos viviendo de manera temporal, como habíamos acordado. Ya había gente viviendo aquí, pero teníamos problemas con servicios públicos. Solo existía un contador de luz y uno de agua. Hoy todavía compartimos el servicio del agua, y Aguas de Cartagena dice que no puede ponernos a todos contadores, porque nunca existieron planes hidráulicos. Adicional a esto, el edificio estaba planeado para tener cuatro pisos, y de un momento a otro quedó con cinco”, dijo Ballesteros a El Espectador.

El docente, padre de un niño de cuatro años, agrega que la orden de evacuación los pone en la calle. Yolanda, su suegra, había logrado comprar ese terreno después de trabajar arduamente en un puesto de plátanos y cocos en el mercado de Bazurto. Y ya no les queda nada, no tiene a dónde huir.

“Cuando se cayó el edificio en Blas de Lezo, ordenaron evacuar Portal de Blas de Lezo 1. La gente se fue y al otro día les desmantelaron todo, las losas, los inodoros, los lavaplatos, y hasta las ventanas de aluminio. Si nosotros nos vamos, ¿quién va a responder por nuestras casas?”, añadió Ballesteros, quien aseguró que hace 10 días, la policía y autoridades del distrito llegaron hacia las 10p.m. advirtiendo que tenían que desalojar y que podían llegar al coliseo, adecuado como albergue temporal. “Eso es no tener humanidad. Nos revictimizan y criminalizan como si fuéramos invasores, porque la alcaldía no tiene un plan de acción claro para las víctimas. La Policía hace rondas a cada rato de manera intimidante. Un día un agente me dijo que nos iba a sacar el Esmad”, concluyó el historiador.Varios de los vecinos en Portales de Caracoles no duermen tranquilos pensando que van a llegar a sacarlos de sus casas

Así como Óscar Alexander, decenas de víctimas le aseguraron a este diario que no se niegan a desalojar, pero que antes debe estar técnicamente comprobado que las construcciones están en riesgo y que se les debe garantizar que serán trasladados a viviendas con las mismas condiciones que las que van a evacuar.

A ese clamor se une Jocelyn León Monrroy, abogada, víctima en este caso y apoderada de otros afectados. Vive en el edificio Calipso (barrio Alto Bosque), y al igual que Yolanda de la Hoz, sus suegros eran los dueños del terreno donde se construyó la torre. Pero quien los convenció para vender, a cambio de quedarse con tres apartamentos y una suma de dinero, fue María Quiroz, hermana de Wilfran Quiroz.

“No sabemos qué va a pasar con el patrimonio. Estamos expuestos a la incertidumbre. Nosotros queremos que haya certeza de que el supuesto riesgo existe. Queremos que la jueza le ordene al distrito que haga nuevo estudio para que haya certeza. Y si considera que no es necesario, queremos que nos den tiempo prudencial y garantías. La noche del 18 de enero llegó la secretaria del interior, Yolanda Wong, y dijo que teníamos que empezar la evacuación de manera voluntaria. Uno de los vecinos preguntó sobre qué pasaba si no se daba esa evacuación voluntaria, y ella de manera clara dijo que iba a perder la competencia y la iba a aprehender la policía. En pocas palabras, que la fuerza pública iba a intervenir”, afirmó León a El Espectador.

Así quedó el edificio que colapsó el pasado 27 de abril en el barrio Blas de Lezo, de Cartagena. / Pedro Mendoza- El Espectador

Expertos consultados por este diario explicaron que en principio la fuerza pública no puede obligar a los propietarios a desalojar, porque se trata de personas adultas que definen su vida. De hecho, para estos casos, la alcaldía tiene un modelo de documento, que la persona firma y se hace responsable de su vida, y exime de responsabilidad a la administración. No obstante, no pasa los mismos con los menores de edad, respecto de los cuales sí hay una protección especial del Estado. Allí el ICBF puede emitir medidas de protección, que pueden llevar a que los niños sean llevados a un lugar diferente.

Las audiencias se han suspendido en dos ocasiones, y se espera que este martes la jueza acabe con la zozobra de las 108 familias. Lo que sí está claro es que los afectados no van a aceptar desalojar si el distrito se mantiene en la oferta que hizo su representante legal en la pasada diligencia: un subsidio de apenas $250 mil. Así mismo, reclaman que mientras ellos están en la incertidumbre, no se han anunciado investigaciones en contra de las curadurías que otorgaron las licencias de construcción, de las alcaldías locales ni de los funcionarios de control urbano.

Los predios que están riesgo de desplome son: Innova, Shalon, Villa Vanessa, Villa Ana, Portal de los Alpes, Calipso Tower, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Brisas de la Castellana, Villa Mary, Tsalach, Villa May, Villa Naevia, Brisas de Blas de Lezo, Portal de los Caracoles y Portal de Lezo I, todos ellos levantados por un polémico constructor Wilfran Quiroz.

Autor: Pilar Cuartas Rodríguez Follow @pilar4as

Más de 700 personas, agrupadas en 108 familias, viven una verdadera tragedia en la capital de Bolívar. Sus apartamentos, comprados con ahorros de décadas, amenazan, según la Universidad de Cartagena, con venirse abajo. La alerta de evacuación voluntaria llegó a los propietarios el 18 de enero, con una oferta de ser trasladados temporalmente al coliseo de combate donde dormirían en colchonetas. Ante la negativa de los cartageneros, el distrito ofreció después un subsidio mensual de $250 mil, una cifra que no alcanza a pagar el arriendo de una vivienda con iguales condiciones de las que adquirieron. (Lea aquí: Defienden validez de informe de edificios en riesgo de desplome en Cartagena)

La puja la definirá este martes una jueza de control de garantías, quien determinará si mantiene o no el plan de desalojo de la alcaldía y las garantías que se les concederían a los afectados. El pronunciamiento judicial también deberá tener en cuenta el estudio de la Universidad de Cartagena con el que se basó el distrito para pedir la evacuación. La institución educativa asegura que faltan diseños estructurales, planos, normas de sismo resistencia, estudios de suelo, permisos de planeación y calidad de materiales. (Lea aquí: 108 familias de Cartagena están a la deriva ante riesgo de colapso de edificaciones)

Sin embargo, el documento ha sido criticado. El ingeniero calculista Jorge Rocha cuestionó la metodología y protocolos realizados en el proceso de recolección de pruebas por la facultad de ingeniería de la Universidad de Cartagena. Por su parte, los propietarios criticaron irregularidades en los estudios, que van desde la no coincidencia del nombre de los edificios y errores en las medidas físicas de algunas columnas hasta presuntos plagios como en el caso del estudio entregado para el edificio Alpes 31. El rector de la institución, Édgar Parra, aseguró que respalda el documento y aclaró que es una versión preliminar y que esta semana se entregará una versión final.

Este es uno de los 16 edificios en riesgo de desplome. Está ubicado en el barrio los Caracoles. / EFE

Óscar Alexander Ballesteros, un historiador y profesor cartagenero, habita desde 2015 el apartamento 501 de Portales de los Caracoles, uno de los 16 edificios en riesgo de desplome. Cuatro pisos abajo, vive su suegra, quien fue durante 25 años la dueña del terreno donde se levantó la construcción. Años atrás, el empresario Wilfran Quiroz la convenció para que se lo vendiera, a cambio de dos apartamentos en Portales de Caracoles y una suma de dinero. Para ese entonces, todo revestía de legalidad y Yolanda de la Hoz ni sospechaba que hoy Quiroz estaría en prisión domiciliaria mientras se determina su responsabilidad en el desplome del edificio Blas de Lezo II, del que era dueño. En ese hecho, ocurrido el 27 de abril de 2017, murieron 21 obreros y 26 más quedaron heridos.

“Llegamos al apartamento sin que se hiciera la entrega formal del edificio, porque Quiroz ya no nos quería pagar el arriendo en la casa donde estábamos viviendo de manera temporal, como habíamos acordado. Ya había gente viviendo aquí, pero teníamos problemas con servicios públicos. Solo existía un contador de luz y uno de agua. Hoy todavía compartimos el servicio del agua, y Aguas de Cartagena dice que no puede ponernos a todos contadores, porque nunca existieron planes hidráulicos. Adicional a esto, el edificio estaba planeado para tener cuatro pisos, y de un momento a otro quedó con cinco”, dijo Ballesteros a El Espectador.

El docente, padre de un niño de cuatro años, agrega que la orden de evacuación los pone en la calle. Yolanda, su suegra, había logrado comprar ese terreno después de trabajar arduamente en un puesto de plátanos y cocos en el mercado de Bazurto. Y ya no les queda nada, no tiene a dónde huir.

“Cuando se cayó el edificio en Blas de Lezo, ordenaron evacuar Portal de Blas de Lezo 1. La gente se fue y al otro día les desmantelaron todo, las losas, los inodoros, los lavaplatos, y hasta las ventanas de aluminio. Si nosotros nos vamos, ¿quién va a responder por nuestras casas?”, añadió Ballesteros, quien aseguró que hace 10 días, la policía y autoridades del distrito llegaron hacia las 10p.m. advirtiendo que tenían que desalojar y que podían llegar al coliseo, adecuado como albergue temporal. “Eso es no tener humanidad. Nos revictimizan y criminalizan como si fuéramos invasores, porque la alcaldía no tiene un plan de acción claro para las víctimas. La Policía hace rondas a cada rato de manera intimidante. Un día un agente me dijo que nos iba a sacar el Esmad”, concluyó el historiador.Varios de los vecinos en Portales de Caracoles no duermen tranquilos pensando que van a llegar a sacarlos de sus casas

Así como Óscar Alexander, decenas de víctimas le aseguraron a este diario que no se niegan a desalojar, pero que antes debe estar técnicamente comprobado que las construcciones están en riesgo y que se les debe garantizar que serán trasladados a viviendas con las mismas condiciones que las que van a evacuar.

A ese clamor se une Jocelyn León Monrroy, abogada, víctima en este caso y apoderada de otros afectados. Vive en el edificio Calipso (barrio Alto Bosque), y al igual que Yolanda de la Hoz, sus suegros eran los dueños del terreno donde se construyó la torre. Pero quien los convenció para vender, a cambio de quedarse con tres apartamentos y una suma de dinero, fue María Quiroz, hermana de Wilfran Quiroz.

“No sabemos qué va a pasar con el patrimonio. Estamos expuestos a la incertidumbre. Nosotros queremos que haya certeza de que el supuesto riesgo existe. Queremos que la jueza le ordene al distrito que haga nuevo estudio para que haya certeza. Y si considera que no es necesario, queremos que nos den tiempo prudencial y garantías. La noche del 18 de enero llegó la secretaria del interior, Yolanda Wong, y dijo que teníamos que empezar la evacuación de manera voluntaria. Uno de los vecinos preguntó sobre qué pasaba si no se daba esa evacuación voluntaria, y ella de manera clara dijo que iba a perder la competencia y la iba a aprehender la policía. En pocas palabras, que la fuerza pública iba a intervenir”, afirmó León a El Espectador.

Así quedó el edificio que colapsó el pasado 27 de abril en el barrio Blas de Lezo, de Cartagena. / Pedro Mendoza- El Espectador

Expertos consultados por este diario explicaron que en principio la fuerza pública no puede obligar a los propietarios a desalojar, porque se trata de personas adultas que definen su vida. De hecho, para estos casos, la alcaldía tiene un modelo de documento, que la persona firma y se hace responsable de su vida, y exime de responsabilidad a la administración. No obstante, no pasa los mismos con los menores de edad, respecto de los cuales sí hay una protección especial del Estado. Allí el ICBF puede emitir medidas de protección, que pueden llevar a que los niños sean llevados a un lugar diferente.

Las audiencias se han suspendido en dos ocasiones, y se espera que este martes la jueza acabe con la zozobra de las 108 familias. Lo que sí está claro es que los afectados no van a aceptar desalojar si el distrito se mantiene en la oferta que hizo su representante legal en la pasada diligencia: un subsidio de apenas $250 mil. Así mismo, reclaman que mientras ellos están en la incertidumbre, no se han anunciado investigaciones en contra de las curadurías que otorgaron las licencias de construcción, de las alcaldías locales ni de los funcionarios de control urbano.

Los predios que están riesgo de desplome son: Innova, Shalon, Villa Vanessa, Villa Ana, Portal de los Alpes, Calipso Tower, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Brisas de la Castellana, Villa Mary, Tsalach, Villa May, Villa Naevia, Brisas de Blas de Lezo, Portal de los Caracoles y Portal de Lezo I, todos ellos levantados por un polémico constructor Wilfran Quiroz.