¿Qué tan conveniente es que los militares lleguen a las calles de Cartagena?

El país volvió a mirar a Cartagena y esta vez no se trata de ningún reinado, al menos, no uno de belleza. La dramática situación de seguridad que vive la ciudad, y que no es cosa nueva, llegó hasta el punto de cobrar la vida de los policías Ciro Duarte, Ervin Sayas y Miguel Batista, que realizaban un retén en la vía La Cordialidad, al suroriente de la capital de Bolívar, el pasado 26 de marzo.

La primera hipótesis que manejaban las autoridades locales señalaba que se trató de una evasión a una requisa, pero las propias condiciones del crimen y los presuntos autores (uno muerto, otro capturado y dos fugados) hacen que la Policía Metropolitana de Cartagena no descarte la ejecución de un ‘plan pistola’ por parte del Clan Úsuga, una de los grupos de crimen organizado más grandes del país, en retaliación a la incautación de cantidades no despreciables de cocaína en los últimos meses (más de dos toneladas) y a la caída en el Chocó de Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, uno de sus principales cabecillas.

El hecho motivó un consejo extraordinario de seguridad el pasado domingo en el que se determinaron acciones puntuales, como la creación de cinco nuevos cuadrantes, 60 oficiales de la Unidad Nacional de Intervención Policial (Unipol), un plan candado y, tal vez la más polémica de todas, la llegada a ciertos puntos de la ciudad de miembros de la Infantería de Marina. Hay posiciones de todos los bandos.

De hecho, desde los barrios más azotados por la inseguridad, esos de los que un foráneo, posiblemente, tiene muy poco conocimiento, la noticia cayó bien: “Yo, que vivo en un barrio tomado por la delincuencia, puedo decir que es una excelente medida”, comentaba en Facebook un vecino de El Nazareno, un barrio en el que jóvenes residentes y de otros aledaños, como Nelson Mandela, Manuela Vergara, Nueva Venecia, La Esmeralda y 3 de Junio, se dan cita varios días de la semana, entre las 9:00 p.m. y la medianoche, para enfrentarse a piedras. Algunos más, desde otra orilla, han calificado de absurdo que los militares tengan que afrontar los problemas de los civiles y los barrios: “¿Para qué carajos está la Policía?”, reclaman.

El alcalde Manuel Duque ha hecho mucho énfasis en que es una exageración calificar de militarización la medida, pero reconoció que en muchas zonas de la Heroica los miembros de la Armada Nacional tiene mejor aceptación que la misma Policía. “El control de la ciudad lo va a tener la Policía Nacional, pero hay partes en las que, por percepción ciudadana, es mejor llegar con la Infantería porque tiene mejor imagen, como en los alrededores de la vía perimetral (que recorre el oriente de la ciudad de sur a norte). Además, no van a estar en toda la ciudad, sino en barrios como Nelson Mandela y en las entradas (vía del Mar, vía a Barú y vía La Cordialidad). El término militarizar no cabe porque la Policía seguirá haciendo su labor”, concluye Duque.

Algo parecido dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Carlos Rodríguez Cortés: “No hay ninguna militarización. Ellos estarán en una zona semirrural y en las vías de acceso de Cartagena (en donde la Policía brindará apoyo judicial)”. No obstante, consultado sobre lo declarado por el alcalde Duque, acerca de la presencia de los militares en la vía perimetral y en algunos barrios, señaló que el asunto había quedado claro: “El tema de la perimetral es un tema de pandillas. Si usted mete a un soldado a dirimir un conflicto de pandillas ¿en qué puede terminar? Hasta nosotros tenemos dificultades. Cartagena es la única ciudad del mundo donde hasta para atender una pelea de vecinos, decomisar una moto o apagar un picó hay que llegar con el Esmad. Eso está acordado, sin embargo, lo voy a aclarar. La muerte de los policías tiene que ver con los barrios El Pozón y Fredonia, en donde tendremos apoyo de los infantes en el terraplén del primer barrio y en la trocha de Henequén”. A pesar de lo dicho, el diario El Universal informó que desde ayer los militares vigilan las calles principales del barrio El Pozón.

Líderes civiles, en desacuerdo

Tras lo que serían buenas intenciones, y aunque la solicitud de asistencia es permitida por el Código Nacional de Policía, la sociedad civil ha protestado contra lo que consideran una medida absurda e innecesaria. En declaraciones al diario El Heraldo, de Barranquilla, la defensora del Pueblo, Irina Junieles, expresó que sacar a los militares a la calle podría generar “otras dinámicas de confrontación en el entorno urbano” que reconfiguren las formas de actuación de los grupos al margen de la ley, al tiempo que el personero distrital, William Matson, le sugirió al alcalde Duque que el apoyo de las Fuerzas Militares no podía quedarse en retenes y que debían buscan a los delincuentes en donde se escondieran.

El historiador cartagenero y columnista de El Espectador, Javier Ortiz Cassiani, quien el año pasado había llamado la atención cuando el alcalde de Barranquilla, Álex Char, anunciaba la militarización de esa ciudad —medida que, incluso, fue rechazada por el otrora director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino—, señala que puede que la presencia militar en las calles urbanas genere una sensación inmediata de seguridad, pero que si se mira en otras ciudades del mundo, estas medidas cuando son a largo plazo, generan problemas graves de violación de derechos humanos.

“El hecho de que los militares estén en las calles solucionando problemas del orden de la Policía habla de una idea de ciudad fallida”, señala Ortiz, y agrega que cuando se toma la decisión de trasladarlos a las áreas urbanas, visto desde un panorama más amplio, se habla del fracaso de una ciudad que no ha desarrollado herramientas claras para la supervivencia de sus ciudadanos. “Poner a los militares es una forma de decirle a la Policía que no está cumpliendo con sus funciones, cosa que puede ser posible, pero es preocupante que esa sea la solución cuando tienen funciones y están preparados de maneras diferentes”, concluye.

Del mismo modo, Luis Fernando Quijano, analista de conflicto urbano y muy conocedor del tema de la militarización en ciudades como Medellín, es consciente de que los problemas de seguridad de ambas ciudades son muy diferentes, sin embargo, concuerda con Ortiz en que llevar a los militares a las calles lleva un mal mensaje. “Estás diciendo que el organismo que debe estar encargado de la seguridad ciudadana no está funcionando. Además, los militares no están preparados para atender asuntos urbanos, a pesar de tener una formación militar y de contraguerrillas urbanas”. La propuesta de Quijano para Cartagena es que se estudie qué clase de Policía se necesita y que se haga una rotación contundente de personal, si es necesaria, para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Capturados, pero dejados en libertad

Otro asunto que sobresaltó a la opinión pública en Cartagena fue la liberación de seis capturados por fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, una determinación de Shirle Eugenia Mercado, jueza 16 penal municipal con funciones de control de garantías. En una comunicación remitida por parte de la jurista a la Policía Metropolitana de Cartagena se explica que la decisión obedece a la ilegalidad en la captura.

Una fuente cercana a este diario aseguró que aunque no estaba demostrado que los capturados tuvieran algún vínculo con el crimen de los tres policías, quienes fueron dejados en libertad provenían de Puerto Libertador (Córdoba), Montelíbano (Córdoba), Apartadó (Antioquia) y Carepa (Antioquia) y no residían en Cartagena.

Las medidas tomadas por el alcalde de Cartagena apenas entran en vigor. Estas, junto a una recompensa de hasta $100 millones, son la esperanza de las autoridades del corralito de piedra para dar con el paradero de los responsables de una tragedia que enlutó a varias familias y a la Policía Metropolitana de la ciudad.

El homicidio en Cartagena

*Según el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), de las 423 por causas externas registradoras en Cartagena en 2015, el 65 % (273) fueron homicidios.

*Los homicidios en la Heroica bajaron un 7 %, respecto al año 2014, en el que se presentaron 295 casos.

*Los barrios con mayores casos de homicidio en 2015 fueron Olaya Herrera (36), Nelson Mandela (18) y El Pozón (17), estos dos último en donde se prevé la presencia de miembros de la Infantería de Marina.

*La localidad de la Virgen y Turística, en donde se ubican dos de los barrios con mayor índice de homicidios en 2015, fue la que tuvo mayor número de casos en el mismo año.

* El año pasado, 202 homicidios fueron cometidos con arma de fuego; 59 fueron con arma blanca.

ggomezp@elespectador.com

El país volvió a mirar a Cartagena y esta vez no se trata de ningún reinado, al menos, no uno de belleza. La dramática situación de seguridad que vive la ciudad, y que no es cosa nueva, llegó hasta el punto de cobrar la vida de los policías Ciro Duarte, Ervin Sayas y Miguel Batista, que realizaban un retén en la vía La Cordialidad, al suroriente de la capital de Bolívar, el pasado 26 de marzo.

La primera hipótesis que manejaban las autoridades locales señalaba que se trató de una evasión a una requisa, pero las propias condiciones del crimen y los presuntos autores (uno muerto, otro capturado y dos fugados) hacen que la Policía Metropolitana de Cartagena no descarte la ejecución de un ‘plan pistola’ por parte del Clan Úsuga, una de los grupos de crimen organizado más grandes del país, en retaliación a la incautación de cantidades no despreciables de cocaína en los últimos meses (más de dos toneladas) y a la caída en el Chocó de Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, uno de sus principales cabecillas.

El hecho motivó un consejo extraordinario de seguridad el pasado domingo en el que se determinaron acciones puntuales, como la creación de cinco nuevos cuadrantes, 60 oficiales de la Unidad Nacional de Intervención Policial (Unipol), un plan candado y, tal vez la más polémica de todas, la llegada a ciertos puntos de la ciudad de miembros de la Infantería de Marina. Hay posiciones de todos los bandos.

De hecho, desde los barrios más azotados por la inseguridad, esos de los que un foráneo, posiblemente, tiene muy poco conocimiento, la noticia cayó bien: “Yo, que vivo en un barrio tomado por la delincuencia, puedo decir que es una excelente medida”, comentaba en Facebook un vecino de El Nazareno, un barrio en el que jóvenes residentes y de otros aledaños, como Nelson Mandela, Manuela Vergara, Nueva Venecia, La Esmeralda y 3 de Junio, se dan cita varios días de la semana, entre las 9:00 p.m. y la medianoche, para enfrentarse a piedras. Algunos más, desde otra orilla, han calificado de absurdo que los militares tengan que afrontar los problemas de los civiles y los barrios: “¿Para qué carajos está la Policía?”, reclaman.

El alcalde Manuel Duque ha hecho mucho énfasis en que es una exageración calificar de militarización la medida, pero reconoció que en muchas zonas de la Heroica los miembros de la Armada Nacional tiene mejor aceptación que la misma Policía. “El control de la ciudad lo va a tener la Policía Nacional, pero hay partes en las que, por percepción ciudadana, es mejor llegar con la Infantería porque tiene mejor imagen, como en los alrededores de la vía perimetral (que recorre el oriente de la ciudad de sur a norte). Además, no van a estar en toda la ciudad, sino en barrios como Nelson Mandela y en las entradas (vía del Mar, vía a Barú y vía La Cordialidad). El término militarizar no cabe porque la Policía seguirá haciendo su labor”, concluye Duque.

Algo parecido dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Carlos Rodríguez Cortés: “No hay ninguna militarización. Ellos estarán en una zona semirrural y en las vías de acceso de Cartagena (en donde la Policía brindará apoyo judicial)”. No obstante, consultado sobre lo declarado por el alcalde Duque, acerca de la presencia de los militares en la vía perimetral y en algunos barrios, señaló que el asunto había quedado claro: “El tema de la perimetral es un tema de pandillas. Si usted mete a un soldado a dirimir un conflicto de pandillas ¿en qué puede terminar? Hasta nosotros tenemos dificultades. Cartagena es la única ciudad del mundo donde hasta para atender una pelea de vecinos, decomisar una moto o apagar un picó hay que llegar con el Esmad. Eso está acordado, sin embargo, lo voy a aclarar. La muerte de los policías tiene que ver con los barrios El Pozón y Fredonia, en donde tendremos apoyo de los infantes en el terraplén del primer barrio y en la trocha de Henequén”. A pesar de lo dicho, el diario El Universal informó que desde ayer los militares vigilan las calles principales del barrio El Pozón.

Líderes civiles, en desacuerdo

Tras lo que serían buenas intenciones, y aunque la solicitud de asistencia es permitida por el Código Nacional de Policía, la sociedad civil ha protestado contra lo que consideran una medida absurda e innecesaria. En declaraciones al diario El Heraldo, de Barranquilla, la defensora del Pueblo, Irina Junieles, expresó que sacar a los militares a la calle podría generar “otras dinámicas de confrontación en el entorno urbano” que reconfiguren las formas de actuación de los grupos al margen de la ley, al tiempo que el personero distrital, William Matson, le sugirió al alcalde Duque que el apoyo de las Fuerzas Militares no podía quedarse en retenes y que debían buscan a los delincuentes en donde se escondieran.

El historiador cartagenero y columnista de El Espectador, Javier Ortiz Cassiani, quien el año pasado había llamado la atención cuando el alcalde de Barranquilla, Álex Char, anunciaba la militarización de esa ciudad —medida que, incluso, fue rechazada por el otrora director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino—, señala que puede que la presencia militar en las calles urbanas genere una sensación inmediata de seguridad, pero que si se mira en otras ciudades del mundo, estas medidas cuando son a largo plazo, generan problemas graves de violación de derechos humanos.

“El hecho de que los militares estén en las calles solucionando problemas del orden de la Policía habla de una idea de ciudad fallida”, señala Ortiz, y agrega que cuando se toma la decisión de trasladarlos a las áreas urbanas, visto desde un panorama más amplio, se habla del fracaso de una ciudad que no ha desarrollado herramientas claras para la supervivencia de sus ciudadanos. “Poner a los militares es una forma de decirle a la Policía que no está cumpliendo con sus funciones, cosa que puede ser posible, pero es preocupante que esa sea la solución cuando tienen funciones y están preparados de maneras diferentes”, concluye.

Del mismo modo, Luis Fernando Quijano, analista de conflicto urbano y muy conocedor del tema de la militarización en ciudades como Medellín, es consciente de que los problemas de seguridad de ambas ciudades son muy diferentes, sin embargo, concuerda con Ortiz en que llevar a los militares a las calles lleva un mal mensaje. “Estás diciendo que el organismo que debe estar encargado de la seguridad ciudadana no está funcionando. Además, los militares no están preparados para atender asuntos urbanos, a pesar de tener una formación militar y de contraguerrillas urbanas”. La propuesta de Quijano para Cartagena es que se estudie qué clase de Policía se necesita y que se haga una rotación contundente de personal, si es necesaria, para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Capturados, pero dejados en libertad

Otro asunto que sobresaltó a la opinión pública en Cartagena fue la liberación de seis capturados por fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, una determinación de Shirle Eugenia Mercado, jueza 16 penal municipal con funciones de control de garantías. En una comunicación remitida por parte de la jurista a la Policía Metropolitana de Cartagena se explica que la decisión obedece a la ilegalidad en la captura.

Una fuente cercana a este diario aseguró que aunque no estaba demostrado que los capturados tuvieran algún vínculo con el crimen de los tres policías, quienes fueron dejados en libertad provenían de Puerto Libertador (Córdoba), Montelíbano (Córdoba), Apartadó (Antioquia) y Carepa (Antioquia) y no residían en Cartagena.

Las medidas tomadas por el alcalde de Cartagena apenas entran en vigor. Estas, junto a una recompensa de hasta $100 millones, son la esperanza de las autoridades del corralito de piedra para dar con el paradero de los responsables de una tragedia que enlutó a varias familias y a la Policía Metropolitana de la ciudad.

El homicidio en Cartagena

*Según el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), de las 423 por causas externas registradoras en Cartagena en 2015, el 65 % (273) fueron homicidios.

*Los homicidios en la Heroica bajaron un 7 %, respecto al año 2014, en el que se presentaron 295 casos.

*Los barrios con mayores casos de homicidio en 2015 fueron Olaya Herrera (36), Nelson Mandela (18) y El Pozón (17), estos dos último en donde se prevé la presencia de miembros de la Infantería de Marina.

*La localidad de la Virgen y Turística, en donde se ubican dos de los barrios con mayor índice de homicidios en 2015, fue la que tuvo mayor número de casos en el mismo año.

* El año pasado, 202 homicidios fueron cometidos con arma de fuego; 59 fueron con arma blanca.

ggomezp@elespectador.com