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La incertidumbre ha sido una constante sobre el Canal del Dique, donde pescadores, agricultores y familias asentadas en la ribera esperan desde hace 15 años acciones concretas tras las graves inundaciones de 2010, que afectaron a más de 170.000 habitantes de la región. Aunque la formalización de un contrato para la restauración del ecosistema degradado les dio una esperanza, desde hace dos años también esperan el inicio de esas obras.
La más reciente preocupación corre por cuenta del Gobierno Nacional, que decidió a comienzos de este año suspender la entrega de los recursos que le corresponden del megaproyecto, que atraviesa los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, y que son importantes para darle continuidad al contrato.
Las obras
El Canal del Dique es un brazo artificial del río Magdalena, que nace en el municipio de Calamar y llega a la bahía de Cartagena, por lo que se ha convertido en un paso importante para el transporte de mercancías desde y hacia el interior del país y el puerto de dicha ciudad, así como es fuente de abastecimiento de pescadores y agricultores, y regulador del flujo para evitar inundaciones sobre los 19 municipios que atraviesa.
De acuerdo con la ANI, el megaproyecto contará con la construcción de un sistema de esclusas, en Calamar y Puerto Badel, así como tendrá compuertas que permitirán controlar los sedimentos y el caudal del canal, con lo que se facilitará el tránsito de embarcaciones, pero también se evitarán inundaciones en las poblaciones aledañas.
Para ello, se invertirán $3,09 billones, de los cuales $2,19 billones los aporta el Gobierno Nacional, mientras que el resto proviene de los tres departamentos involucrados. Con esto acordado, se otorgó una concesión por 15 años, de los cuales 18 meses eran para la preconstrucción, los cuatro años siguientes para las obras, y el tiempo restante para el mantenimiento.
Pero ha habido retrasos. En 2022 se otorgó por licitación pública el contrato a la concesionaria Ecosistemas del Dique, parte de Sacyr Concesiones, y en 2023 se firmó el acta de inicio, por lo que se esperaba, que en diciembre de 2024, cumplidos los 18 meses de la preconstrucción, iniciaran las obras, pero esto no se dio, debido a que la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) determinó que el proyecto requiere de una licencia ambiental que, dados los tiempos, retrasarían el inicio de las obras hasta 2026.
A esto, se sumó el anuncio del Gobierno Nacional de la suspensión de la entrega de los $710 mil millones que le corresponde dar en este momento, lo que ha alertado a los mandatarios de la región, quienes han hecho un llamado a destrabar el proyecto y garantizar su financiamiento.
Al respecto, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, advirtió que sin esta inversión, se expone a las comunidades a situaciones que ya se han tenido en años anteriores por cuenta del invierno. “Este no es solo un proyecto de infraestructura, es un compromiso con la protección de nuestras orillas, la mitigación del riesgo y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades”.
Por su parte, el alcalde Dumek Turbay indicó que, en el caso de Cartagena, los trabajos sobre el Canal del Dique están priorizados en el Plan de Desarrollo, por lo que se cuenta con recursos propios para mitigar las afectaciones ambientales, así como puede acudir a la cooperación internacional y hasta créditos, pero resalta que esto no es suficiente.
“Si la bahía sigue agonizando sin el oxígeno que le brindaría el Canal del Dique, suspendido por la licencia ambiental y acribillado de muerte con este recorte presupuestal, nuestros esfuerzos pueden no ser suficientes”, agregó el mandatario.
Mientras que desde el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano cree que las demoras pueden terminar en litigios que perjudiquen las finanzas públicas, así como llamó a la unidad de la región para insistir en la importancia del proyecto. “No solo se trata de la restauración del ecosistema, sino de la dignidad de las personas que enfrentan las inundaciones y los impactos ambientales cada año”. A esto se sumó Arana, quien le pidió a la bancada de congresistas de la costa Caribe unirse en defensa del proyecto.
Entre estas afectaciones, los mandatarios de la región han insistido que los retrasos en las obras permite que los sedimentos del río Magdalena, que llegan a la bahía de Barbacoas, sigan afectando a los corales de las Islas del Rosario; sumado a esto se cuestiona la posibilidad de que la bahía de Cartagena pierda capacidad para recibir barcos de gran calado, así como la intrusión salina pueda afectar la Planta de tratamiento de agua potable Puerto Badel de Aguas de Cartagena, y con ello el suministro de agua para más de un millón y medio de personas.
Aunque hasta el momento, no se han hallado salidas, desde el Consejo Gremial de Bolívar se ha hecho un llamado a llegar a un “acuerdo formal” en el que se puedan garantizar puntos como una fecha clara y definitiva para la reactivación de los recursos; el compromiso del Gobierno Nacional para asumir los sobrecostos generados por los retrasos, y la designación de un mediador de alto nivel entre el gobierno central y los locales.
Sumado a eso, se plantea crear mecanismos para avanzar en obras menores, mientras se obtiene la licencia ambiental, así como recursos para intervenciones prioritarias como “los dragados de mantenimiento para la navegabilidad del Canal, obras de protección de orillas y adecuaciones de vías”. Por lo pronto, a la espera de respuestas, la incertidumbre sigue siendo la constante en este megaproyecto.