La Contraloría General de la República lanzó una alerta porque 11 entidades territoriales certificadas del país no han iniciado la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según la entidad, un millón de estudiantes están siendo afectados por la situación en Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre.
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“Según información remitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, las demoras se deben, en buena parte, a dificultades en la contratación para la prestación del servicio”, explicó al respecto la Procuraduría. Buenaventura es el lugar con mayores retrasos, con 70 días de demora en la operación.
Además de esto, la Contraloría advirtió que hay cinco lugares más donde se registraron falencias en la prestación del servicio. Por ejemplo, en 16 municipios de Antioquia se han declarado desiertos los procesos de contratación, mientras que en Boyacá no hay operación en ocho municipios. En este departamento también se registraron alertas por la calidad de los alimentos, en Paipa, Sáchica y Belén, entre otros municipios. En este lugar, 83 personas resultaron enfermas tras ingerir alimentos del PAE.
“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022″, indicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana. En el marco de la verificación del cumplimiento de esta responsabilidad, la Contraloría visitó 150 instituciones educativas en 36 entidades territoriales certificadas.
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Durante los días de las visitas, la entidad advirtió que el 34% de las instituciones no se estaban realizando entregas del PAE durante la jornada. “Se logró evidenciar que se presentan significativas condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas”, indicó la Contraloría.
El 26% de las instituciones no tienen lugar de almacenamiento para la comida y el 16% no cuentan con cocina.