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Contratista de Bello fue capturada en operación contra red de explotación sexual infantil

La mujer, que trabajaba como psicóloga contratista de la Secretaría de Salud, hace parte de los capturados en medio de la “Operación Alpha MASI”.

Redacción Colombia

12 de mayo de 2026 - 12:11 p. m.
La red, según las autoridades, producía y comercializaba material de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo.
Foto: EFE - Nina Osorio
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La Alcaldía de Bello, en Antioquia, confirmó que una de las capturadas durante la Operación Alpha MASI —un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales (TCIU), Homeland Security Investigations y Migración Colombia para desarticular redes señaladas de explotación sexual comercial de menores de edad— se desempeñaba como psicóloga contratista de la Secretaría de Salud del municipio.

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La administración municipal, que rechazó los hechos investigados y ya adelanta el proceso para terminar su vínculo contractual, aseguró que al momento de su contratación, la mujer cumplía con todos los requisitos legales exigidos, incluidos antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales y que, además, no existieron alertas relacionadas con comportamientos que comprometieran a la población atendida.

Sobre la Operación Alpha MASI

En Medellín, Cartagena y distintas ciudades de Estados Unidos, las autoridades colombianas y extranjeras han capturado cerca de 11 personas vinculadas con el delito de explotación sexual infantil. Esta estructura criminal desmantelada operaba mediante plataformas digitales con la ayuda de canales cifrados —es decir, que la información no es legible a menos de que se tenga un código para ello— y transmisiones en vivo; allí, se comercializaba material de abuso sexual infantil dirigido principalmente a consumidores extranjeros.

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De acuerdo con las autoridades, las víctimas de esta red tendrían entre 10 meses y 13 años de edad y eran sometidas a distintos tipos de violencia para producir el material sexual en formato audiovisual que posteriormente era vendido en el exterior, superando pagos de hasta 63.000 dólares (alrededor de los COP 229 y COP 234 millones).

Esta operación se ha extendido durante cuatro meses, logrando determinar que entre los capturados había personas cercanas al entorno de las víctimas, incluyendo familiares y conocidos de los menores. Los implicados que fueron detenidos en Medellín y, posteriormente, enviados a un centro carcelario, deberán responder por delitos relacionados con pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores para la comisión de delitos.

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Las víctimas quedaron bajo protección institucional mientras avanzan los procesos de restablecimiento de derechos y atención integral.

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