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En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que buscaba anular la autorización de ingreso del departamento a la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
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La demanda se centró en la supuesta omisión de la audiencia pública exigida por la Ley 2199 de 2022, la vulneración del principio de unidad de materia por falta de análisis de impacto fiscal y extralimitación de funciones del entonces gobernador Nicolás García.
A pesar de ello, la corporación judicial estableció que la Asamblea Departamental sí convocó por distintos medios la audiencia pública, la cual se realizó con intervenciones de ciudadanos. “La ley no establece condiciones específicas sobre fecha, lugar, número de asistentes o metodología, por lo que la realización durante Semana Santa no afectó su validez”, puntualizó.
Asimismo, señaló que para la expedición de la ordenanza se realizó el estudio de impacto fiscal y los recursos necesarios ya estaban previstos en el plan financiero del departamento, por lo que no implicó un gasto adicional.
“No se otorgaron facultades indebidas al gobernador, pues cuenta con funciones para adelantar las gestiones administrativas y presupuestales para la puesta en funcionamiento de la Región Metropolitana; por lo tanto, no se vulneró el principio de unidad de materia”, concluyó el Tribunal.
Cabe recordar que el 8 de julio de 2022, Cundinamarca fue el primer ente territorial en aprobar su ingreso a la Región Metropolitana, mediante la sanción de la Ordenanza 085 por parte del exgobernador Nicolás García Bustos.
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Esta es una entidad asociativa en la que se unen Bogotá, Cundinamarca y los municipios para definir una visión conjunta y adelantar proyectos estratégicos regionales desde todos los frentes con el objetivo de resolver las necesidades de sus habitantes.
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