Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), así como a gobernaciones y alcaldías, para que adopten medidas urgentes que permitan restablecer la comunicación terrestre en las zonas afectadas por la temporada de lluvias en Arauca, Boyacá y Casanare.
Según la entidad, en las últimas horas se han registrado crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos que han provocado derrumbes, daños en la banca y averías en puentes de vías nacionales, departamentales y municipales, lo que dificulta la llegada de atención y ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.
“Han quedado poblaciones atrapadas, sin comunicación terrestre, ni energía, agua potable, internet y gas, con graves riesgos de inseguridad alimentaria, limitaciones para el acceso a servicios de salud, educación y el desarrollo de actividades productivas”, advirtió.
En Arauca, por ejemplo, la entidad reportó afectaciones en varios puentes y corredores viales. Entre ellas mencionó la caída del puente metálico del Caño Negro, ubicado en la vía La Soberanía, entre Saravena y Cubará. También informó daños en el puente sobre el río Tame, en la Ruta Los Libertadores, entre Tame y San Salvador, así como afectaciones en el puente sobre el río Tigre, en Fortul, sobre la Vía Marginal de la Selva.
La Defensoría señaló que en Boyacá se presenta el colapso o riesgo de colapso de puentes en al menos 15 municipios. Los más afectados son Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy, San Luis de Gaceno y Santa María. Además, permanecen incomunicados los corredores viales Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán. En los demás municipios, agregó la entidad, se reportan pérdidas de banca y deslizamientos que afectan vías terciarias y departamentales, limitando la movilidad en distintas provincias del departamento.
Sobre la afectación a la población, la Defensoría indicó que hay “cientos de familias evacuadas o que han perdido sus hogares”. Entre los municipios con mayores afectaciones mencionó Panqueba, con 239 familias afectadas y tres viviendas destruidas, Güicán, con cinco viviendas afectadas y 51 estudiantes albergados, Guacamayas, con 15 familias evacuadas, Chita, con 101 familias censadas y San Luis de Gaceno, donde también se reportan afectaciones.
Mientras tanto, en Casanare, el organismo informó afectaciones en el acceso al puente sobre el río San Salvador, entre San Salvador y Hato Corozal. Asimismo, reportó cuatro derrumbes entre La Cabuya y La Salina, ocho más entre Sácama y La Salina, además de pérdidas de banca, taponamiento de alcantarillas y daños en vías secundarias y terciarias.
La Defensoría también señaló que el 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque quedó inundado por el desbordamiento del río Pauto. De acuerdo con el comunicado, estas emergencias obligaron a declarar la calamidad en el departamento, donde hasta el momento se contabilizan 6.755 familias afectadas en 19 municipios por crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones.
La Defensoría indicó que, a través de sus regionales, ha acompañado las instancias de coordinación y atención de la emergencia y reconoció que se han realizado evacuaciones aéreas en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal, además de acciones coordinadas por el sector salud y las autoridades de gestión del riesgo. No obstante, insistió en la necesidad de garantizar el acceso de la asistencia humanitaria, especialmente para las comunidades que permanecen atrapadas o en riesgo de desplazamiento forzado.
“Instamos al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías, así como a las gobernaciones y alcaldías, para que adopten de manera urgente las medidas necesarias que permitan restablecer la comunicación terrestre de estas poblaciones, facilitar el acceso de la atención y la ayuda humanitaria y mitigar las afectaciones que enfrentan las comunidades”, concluyó la entidad.