Hay que desligar a las víctimas del asistencialismo estatal: Elisa Montoya

Foto: SCHNEYDER MENDOZA

Después de 29 meses, el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Cúcuta volvió a abrir sus puertas a las más de 90.000 personas víctimas del conflicto armado que salieron de sus territorios desplazadas o amenazadas en busca de mejores oportunidades y garantías en la capital del departamento.

Este CRAV, el segundo más grande de los 29 que hay en Colombia, cuyo objetivo es atender, orientar y acompañar a las víctimas del conflicto armado, estuvo cerrado desde marzo de 2020 hasta agosto de 2022, porque desde 2013, cuando fue construido, no recibía recursos para el mantenimiento de la infraestructura, que ya tenía agrietamientos, humedades, fallas en el drenaje y eléctricas. Ahora, después de una inversión de $600 millones para obras de mantenimiento y reparación, vuelve a estar al servicio de las víctimas.

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Fueron meses de larga espera para las cerca de 300 personas que se acercaban a diario hasta este lugar, ubicado en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, en busca de la oferta institucional que allí se brinda. En el CRAV están presentes instituciones como la Unidad para las Víctimas, el Sisbén, la Supersalud, la Secretaría de Equidad y Género, el SENA, Colpensiones, la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Consejo Noruego para Refugiados, entre otras.

En charla con El Espectador, Elisa Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, explica la importancia de estos espacios y habla del papel de la capital nortesantandereana como receptor de las víctimas del conflicto armado.

Víctimas independientes del Estado

En la primera semana de reapertura del CRAV fueron atendidas unas 120 personas cada día, un ritmo suave según la secretaria, quien afirma que esperan atender a 300 víctimas diarias y, así, en dieciocho meses brindar asistencia a más de 90.000 personas que han llegado a Cúcuta.

“Estamos en transición para que el Centro Regional deje de ser lo que quizás ha sido en muchos años, un lugar para pedir ayudas humanitarias o consultar sobre la indemnización. Queremos ayudar a las víctimas a que se interesen por proyectos productivos y de formación para el empleo, que estamos brindando para que ya no siga siendo el centro de atención un lugar para perpetuar el asistencialismo del Estado, sino, al contrario, para ir desligando a las víctimas de este y que su condición de vulnerabilidad empiece a mermar y a convertirse más en una posibilidad de superación”, afirma Elisa Montoya.

En ese sentido, la Alcaldía de Cúcuta ha invertido cerca de $1.500 millones en proyectos productivos para que las víctimas del conflicto desarrollen sus habilidades en estos y puedan obtener sus propias fuentes de ingresos. “Por ejemplo, en los proyectos de pollos o de cerdos, ya las señoras van en su tercer ciclo productivo y lo único que necesitan de la Alcaldía es la asistencia técnica”, explica la secretaria.

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Víctimas del conflicto en Cúcuta

La importancia de brindar estas ayudas y espacios como el CRAV en la capital de Norte de Santander radica en que hasta allí han llegado miles de víctimas del conflicto armado en especial de la zona del Catatumbo, al noreste del departamento. Solo entre enero y junio de 2022, hasta Cúcuta llegaron 3.000 personas víctimas de desplazamiento, muchas de la zona mencionada, pero también de Arauca, un departamento que tuvo un recrudecimiento de la violencia en los primeros meses del año.

Si bien, durante el 2020 la llegada de víctimas a Cúcuta disminuyó, esto en gran parte pudo ser por las limitaciones de movilidad que se impusieron durante la pandemia. Sin embargo, en 2021, y sobre todo en 2022, la situación ha empeorado, ya que “hay un pico en el recrudecimiento de desplazamiento forzado que no lo vemos hace más de seis o siete años, es una cuestión bastante preocupante”, señala la funcionaria.

Desde el punto de vista de Montoya, hay un desbordamiento del conflicto reflejado sobre todo en el primer semestre del año. “Empezando por nuestro departamento, debido a un enfoque de seguridad que, personalmente considero equivocado, porque es un enfoque de seguridad duro, de militarización, cuando realmente las comunidades necesitan acceso a los servicios del Estado y un restablecimiento de derechos”, agrega.

La situación del departamento es tan crítica que incluso el alcalde de La Playa, uno de los municipios del Catatumbo, tuvo que salir de allí y ahora despacha desde Cúcuta, por falta de garantías en su territorio. “Si un funcionario público de tan alto nivel como es un primer mandatario no tiene garantías para vivir en su municipio, pues qué podemos esperar de los habitantes”, reflexiona la secretaria.

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Limitaciones institucionales y presupuestales

Sobre loquehace falta para que la situación mejore, la respuesta de Elisa Montoya es contundente: compromiso por parte de las instituciones regionales y departamentales. “La reconquista del Estado a sus territorios no se va a dar por la fuerza, debe darse a través de la institucionalidad y creo que para eso necesitamos funcionarios que tengan más voluntad, que estén más comprometidos y que estén por la gente y no por un salario, porque si los funcionarios y el Estado temen llegar a un lugar, pues imagínese cómo vive la gente allí”.

Según la secretaria, las medidas en las que solo se da más pie de fuerza en los territorios se ha quedado corta respecto a las necesidades de las poblaciones. Por eso, en la Alcaldía de Cúcuta trabajan en estrategias como “entornos protectores”, donde se han encargado de llevar ferias de servicios a los corregimientos de la ciudad para dar a conocer los proyectos de las víctimas del conflicto y talleres en los que se puedan capacitar para desempeñarse en empresas de Cúcuta.