“La democracia necesita periodistas que incomoden”

Por: Cecilia Orozco Tascón (*)

Especial para El Espectador

Dos periodistas de las regiones que no contaban con mayor protección oficial, fueron asesinados hace pocas semanas en distintas zonas del país, al parecer por bandas criminales ¿Cuál es la evaluación de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre el estado general de la libertad de prensa en Colombia?

Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. Los asesinatos de Mateo Pérez y Cristian Herrera evidencian que, en amplias zonas del país, la lógica violenta de control territorial ejercida por los grupos armados ilegales y las redes de corrupción siguen coartando la libertad de información. El miedo y, en consecuencia, la autocensura, forman parte de la realidad cotidiana de muchos periodistas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. Y esto no afecta únicamente a la prensa: limita también el derecho de toda la sociedad a acceder a información relevante. Colombia cuenta con un marco legal sólido y una jurisprudencia avanzada en materia de libertad de expresión y protección del periodismo. Sin embargo, las garantías normativas no son suficientes para revertir problemas estructurales como la violencia, la fragilidad económica de numerosos medios, la concentración de la información y la precarización de la profesión.

Aun cuando en los grandes centros urbanos hay mejores condiciones para ejercer periodismo, ahora enfrentamos un nuevo factor de intimidación: Abelardo de la Espriella, uno de los dos candidatos que tiene opción de ser el nuevo jefe de Estado, ostenta el récord de acciones judiciales en contra de algunos medios y periodistas. Además, en esta campaña, ha advertido que continuará demandando reporteros, además de la notable hostilidad de su lenguaje. En primer lugar, Reporteros Sin Fronteras ¿conoce esta situación?

RSF ha recibido información preocupante sobre señalamientos públicos, hostilidad, violencias basadas en género y demandas judiciales dirigidas contra periodistas que han investigado o cuestionado al candidato Abelardo de la Espriella. Calificar a periodistas como “activistas políticos” por publicar investigaciones o expresar opiniones críticas, es una forma de deslegitimar el trabajo periodístico. La crítica a los medios es legítima, pero nunca debe alimentar la hostilidad contra periodistas. Quien aspira a dirigir el Estado debe aceptar un nivel reforzado de escrutinio público y tiene que abstenerse de promover narrativas que conviertan a la prensa en una adversaria política. Es una práctica que lamentablemente hemos visto en gobiernos de distintos signos ideológicos en América Latina, incluido el actual contexto colombiano. Una democracia saludable necesita periodistas que puedan incomodar al poder sin ser tratados, por eso, como enemigos.

En segundo lugar, y en su concepto, ¿el aspirante a presidente incurre en el llamado “acoso judicial”, aunque lo justifica cuando insiste en que los periodistas “no están por encima de la ley”?

Nadie está por encima de la ley: no lo están los periodistas ni los abogados. La cuestión central, aquí, no es el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales. Lo que resulta más preocupante, es la existencia de un historial amplio y reiterado de acciones judiciales, contra reporteros, por parte de quien hoy aspira a la Presidencia de la República. Por lo que hemos podido constatar, no parece que se trata de casos aislados, sino de un patrón que se ha repetido a lo largo de los años, contra periodistas y columnistas que informaron sobre asuntos de interés público relacionados con su trayectoria y actividades también públicas. En otras palabras, el historial de Abelardo de la Espriella, con relación a la prensa, constituye, por sí solo, una señal de alerta para el futuro de la libertad de prensa en Colombia. La relación que un líder político mantiene con el escrutinio independiente, la crítica y el periodismo es importante porque permite anticipar cómo entiende el papel de la prensa en una democracia.

En concreto, el candidato De la Espriella ha dicho que “mientras el grueso del periodismo colombiano hace (bien) su trabajo”, hay algunos reporteros “que son ‘politiqueros’ disfrazados de periodistas…”. Y más: asegura que “tengo problema con 13 activistas que quieren parecer periodistas”. Según las experiencias de Reporteros sin Fronteras, ¿qué le sucede a la prensa cuando una figura de poder les señala a sus votantes, ¿cuáles son los “buenos” y cuáles, los “malos” de la prensa?

La clasificación de periodistas entre “buenos” y “malos”, según su cercanía o distancia con el poder, es una práctica peligrosa y con consecuencias ampliamente documentadas. RSF ha observado este patrón en distintos países: primero, se desacredita a periodistas críticos como militantes, operadores o enemigos políticos; después, se cuestiona su legitimidad para ejercer el periodismo y, finalmente, se debilitan las garantías que protegen su trabajo. La experiencia internacional demuestra que los ataques contra la prensa, rara vez comienzan con censura abierta. Empiezan cuando se instala la idea de que ciertos periodistas no cumplen una función de interés público, sino que actúan como adversarios. Ese discurso contribuye a legitimar campañas de hostigamiento, ataques digitales, exclusión del acceso a la información, acoso judicial e incluso agresiones físicas. Lo más preocupante es que, cuando estas prácticas se normalizan, se erosiona progresivamente la comprensión del papel social del periodismo en una democracia. La prensa no existe para agradar a los gobiernos ni a los candidatos, sino para fiscalizar al poder y proporcionar información de interés público.

Debido al número de acciones judiciales que ese candidato ha interpuesto, ¿puede afirmarse que él ha activado, en realidad, la persecución judicial que se conoce internacionalmente como Slapp (Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), o “demandas mordaza”? Y, si fuera así, ¿cuál es el impacto que produciría?

Ese es un fenómeno cada vez más presente, incluso en democracias consolidadas. Pero, más allá de la calificación jurídica específica, se trata de prácticas que causan preocupación legítima. La movilización recurrente de recursos judiciales contra periodistas y medios fue identificada, por Reporteros Sin Fronteras como una de las principales tendencias que afecta la libertad de prensa, en nuestra última edición de la (medición) Clasificación Mundial que desarrollamos en nuestra organización. La preocupación radica en que, a partir del uso de herramientas legales y potencialmente legítimas, pueden producirse dinámicas de presión, desgaste y, en algunos casos, criminalización del periodismo. El efecto no se limita a los periodistas directamente afectados: puede fomentar la autocensura generalizada y reducir la disposición de medios y reporteros a investigar asuntos de interés público. En Colombia, además, no existen mecanismos específicos para identificar y contener, rápidamente, este tipo de litigios abusivos. Ese patrón sería especialmente grave porque se suma a las amenazas, la violencia territorial y la impunidad.

La organización RSF, en el capítulo latinoamericano que usted dirige, ¿tomará posición o anunciará acciones de protección a los periodistas colombianos, si se concretan ese u otro tipo de hostigamientos por parte del poder gubernamental?

RSF no toma posición electoral ni actúa como oposición política frente a ningún gobierno. Nuestro mandato consiste en defender el derecho a la información, la libertad, el pluralismo y la independencia del periodismo, cualquiera que sea la administración de turno. Dicho esto, también debo afirmar que vemos con preocupación lo que ocurre en Colombia, a la luz de una tendencia regional amplia, marcada por el ascenso de liderazgos asociados al populismo de extrema derecha que combinan, con frecuencia, conductas de hostilidad hacia la prensa, desinformación, estigmatización de periodistas, judicialización de voces críticas, asfixia económica de medios independientes y cuestionamientos a la legitimidad del periodismo.

Aun cuando el caso del candidato mencionado es el más notable, en la coyuntura electoral, por sus antecedentes y advertencias futuras, su organización ¿ha hecho, también, examen sobre la conducta - en cuanto a libertad de prensa -, del candidato presidencial Iván Cepeda quien se disputa la presidencia con De la Espriella?

De cara a un eventual gobierno de Iván Cepeda, la expectativa de RSF es clara: consolidar los avances institucionales iniciados en los últimos años, y transformarlos en garantías concretas para el ejercicio del periodismo. Sabemos que Cepeda ha sido crítico de los grandes conglomerados mediáticos y del nivel de concentración existente en algunos segmentos del ecosistema informativo colombiano. Ese debate es legítimo y forma parte de cualquier democracia. Sin embargo, una cosa es cuestionar un modelo sistémico de concentración que afecta el pluralismo y sus consecuencias; otra, muy distinta, es alimentar dinámicas de confrontación que terminen debilitando la confianza en el periodismo o convirtiendo a la prensa en adversaria política. Esperamos que el próximo gobierno contribuya a superar las tensiones que marcaron parte de la relación entre la administración Petro y unos sectores de los medios. Colombia necesita fortalecer la protección de periodistas, combatir la impunidad, ampliar el acceso a la información y garantizar un entorno más plural. La libertad de prensa no puede depender de la voluntad de un gobierno en particular: debe consolidarse como una política de Estado.

Y, con relación al saliente presidente, Gustavo Petro, quien ha sido fuerte contradictor verbal de algunos periodistas, aunque no haya pasado a acciones judiciales ni a persecuciones físicas, ¿qué evaluación hace Reporteros sin Fronteras sobre él?

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, Colombia ocupaba el puesto 145 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de Reporteros Sin Fronteras. En la edición más reciente, publicada en mayo de 2026, aparece en la posición 102. Esta evolución refleja una mejora en algunas de las condiciones que hacen posible el ejercicio del periodismo. Sin embargo, esa mejoría no debe ocultar una realidad que sigue siendo frágil. Los ataques contra la prensa continúan siendo recurrentes y ocho periodistas fueron asesinados durante el mandato de Gustavo Petro. También han persistido tensiones y confrontaciones públicas entre el presidente y sectores de la prensa. De otra parte, varias iniciativas públicas fueron impulsadas en estos años, incluyendo debates sobre acceso a la información, pluralismo de medios, lucha contra la desinformación, protección de periodistas y políticas en favor de la libertad de prensa. Pero muchas de esas eventuales medidas no han sido adoptadas formalmente o siguen sin tener implementación efectiva.

En cualquier caso, y de ser necesario ante un nuevo Gobierno, ¿Reporteros sin Fronteras puede asumir funciones de vocero ante los organismos internacionales de derechos humanos para exponer posibles deterioros de libertad de prensa en Colombia y pedir medidas de protección?

Sí. RSF acompaña, desde hace décadas, la situación de la libertad de prensa en Colombia y participa, activamente, en espacios internacionales en donde se analizan riesgos y violaciones a este derecho. Existen casos colombianos que han llegado al sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos que seguimos de cerca, en coordinación con organizaciones y actores locales. Si las condiciones para el ejercicio del periodismo se deterioran, RSF seguiría documentando, alertando y promoviendo que la situación colombiana reciba la atención que merece en los foros internacionales. Nuestra perspectiva es mantener una actuación firme y vigilante.

En otros países del continente, también ¿se acude al acoso judicial a la prensa como recurso para que los periodistas se autocensuren y decidan dejar de ejercer su libertad de expresión?

Sí. RSF ha observado un aumento de estas prácticas en distintos países de América Latina y del mundo. Hemos visto dinámicas de este tipo bajo gobiernos como los de Nayib Bukele, en El Salvador; Javier Milei, en Argentina, o Donald Trump en Estados Unidos, en donde la estigmatización de periodistas, la judicialización de voces críticas y los ataques sistemáticos contra medios independientes han contribuido a crear entornos cada vez más hostiles para la prensa. No se trata únicamente de casos protagonizados por jefes de Estado. Estas prácticas tienden a ser replicadas por autoridades locales, actores económicos y otros centros de poder.

Según les informan a ustedes los corresponsales de Reporteros sin Fronteras en varios lugares de América, los presidentes con tendencias o ideologías autoritarias, ¿tienen conductas similares en cuanto a intentos de recortar las libertades de expresión e información?

Sí, aunque cada país tiene su propio contexto. RSF observa una tendencia global: gobiernos y líderes con rasgos autoritarios usan el derecho penal, las demandas civiles, leyes de ciberseguridad, normas antiterroristas, legislación contra la desinformación o figuras de difamación para reducir el espacio del periodismo independiente. En América Latina, Nicaragua, Cuba, Venezuela, El Salvador y otros países muestran distintas formas de control legal, económico y digital. El patrón común es convertir la crítica periodística en amenaza, delito o conspiración. La edición 2026 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa muestra que la puntuación media global de este derecho, alcanzó su nivel más bajo desde la creación del índice por RSF, hace 25 años. Esto refleja un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio del periodismo en todo el mundo.

La conducta despectiva que el presidente Trump les ha dado a periodistas, hombres y mujeres de diferentes medios de su país, cuando le molestan sus preguntas, ¿crea un efecto de imitación en otros mandatarios de la región?

La retórica de Donald Trump contra la prensa ha tenido un efecto internacional evidente. Por el peso político, económico, tecnológico y militar de Estados Unidos, estas posiciones tienen efectos que trascienden sus fronteras y contribuyen a legitimar determinadas prácticas y narrativas en otros países de la región. Además, la administración Trump ha desarrollado una estrategia activa de influencia e injerencia en debates políticos y regulatorios de América Latina. Un ejemplo particularmente visible, es su actuación frente a las iniciativas de regulación de plataformas digitales impulsadas por distintos países de la región. Él ha intervenido, de manera recurrente, en defensa de los intereses de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. En ese contexto, la hostilidad hacia la prensa no puede analizarse aisladamente, sino como parte de una disputa más amplia sobre quién define las reglas del uso del espacio público y del ecosistema informativo en nuestras democracias.

De acuerdo con la evaluación de Reporteros sin Fronteras en materia de libertad de expresión y prensa, ¿cuáles son los países latinoamericanos que restringen mayormente el ejercicio del periodismo y cuáles son los gobiernos más represivos?

En Nicaragua, la prensa independiente ha sido empujada al exilio, confiscada, vigilada o silenciada por el régimen Ortega-Murillo. En Cuba, el marco legal impide en la práctica el ejercicio del periodismo independiente y mantiene a reporteros bajo vigilancia, amenazas y hostigamiento. En Venezuela, años de hegemonía comunicacional, cierres de medios, bloqueos digitales, detenciones y leyes ambiguas, han debilitado gravemente el derecho a informar. También preocupan El Salvador, por la persecución, vigilancia y exilio de periodistas; México, por los asesinatos, desapariciones e impunidad; Haití, por el dominio de bandas criminales y la ausencia de garantías para la prensa; Ecuador, por el impacto creciente del crimen organizado; y Perú, por el acoso judicial y legislativo contra periodistas y medios.

(*) La autora de esta entrevista fue demandada judicialmente por el candidato Abelardo de la Espriella, y el proceso fue resuelto a favor de ella.

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Red de protección a periodistas y medios en 130 países

¿Cuál es el origen de Reporteros sin Fronteras (RSF), cuándo se creó y con cuáles objetivos?

Reporteros Sin Fronteras (Reporters Sans Frontières) fue fundada en 1985, en Francia, y hoy es la mayor organización internacional dedicada, exclusivamente, a la defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información. RSF trabaja para garantizar que todas las personas puedan acceder a información libre, plural, independiente y fiable. Con 14 oficinas regionales distribuidas en todos los continentes, y una red de representantes y corresponsales en más de 130 países, RSF monitorea violaciones a la libertad de prensa, brinda asistencia a periodistas en riesgo, impulsa cambios legislativos y moviliza a gobiernos y organismos internacionales frente a ataques contra el periodismo. La organización también publica cada año la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, una de las principales referencias internacionales sobre el estado de este derecho en el mundo. Entre sus principales contribuciones, se destacan la protección y asistencia a miles de periodistas amenazados, encarcelados o exiliados, la defensa de medios independientes y la promoción de estándares que fortalezcan la confiabilidad de la información.