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“La FLIP no actúa como tribunal de la verdad”: Sofía Jaramillo Otoya

La nueva directora de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Sofía Jaramillo Otoya, responde a los señalamientos en contra de esa organización de parte de dos reconocidas periodistas que renunciaron a su membresía en sendos comunicados, en los que hacen públicas sus denuncias sobre supuestas conductas parcializadas a favor de unos medios y comunicadores, o en contra de otros. Jaramillo reconoce que hay diferencias pero pronostica que saldrán fortalecidos de la crisis actual.

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Cecilia Orozco Tascón
29 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Sofía Jaramillo Otoya dice: “Algunas acusaciones (en contra de la FLIP) vienen de miradas muy ‘situadas’ en disputas ideológicas”.
Sofía Jaramillo Otoya dice: “Algunas acusaciones (en contra de la FLIP) vienen de miradas muy ‘situadas’ en disputas ideológicas”.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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¿Cuánto hace que usted asumió la dirección ejecutiva de la FLIP y por qué se produjo el relevo con el anterior director, Jonathan Bock?

Acepté la dirección de la FLIP hace 10 meses, después de un proceso de transición acordado con el entonces director Jonathan Bock, de quien reconozco su trabajo y compromiso. Fue una salida planeada para asumir una organización que ya cumple 30 años. Jonathan dejó una base sólida y un equipo fuerte y capacitado, que es un aliado esencial en la defensa de la libertad de prensa. Esta transición busca fortalecer lo construido y proyectar a la FLIP para afrontar los desafíos del futuro, manteniendo intacto su mandato histórico.

Recientemente la FLIP ha sido centro de muchas críticas, unas veces por sus defensas de ciertos periodistas y medios; y otras, por sus silencios sobre algunos casos sensibles. ¿Cree que su junta directiva y usted misma han terminado – sin proponérselo – “contaminando” la FLIP por la polarización política del país? O las acusaciones en su contra, ¿no son objetivas?

Que la FLIP reciba críticas desde lados opuestos es, en parte, consecuencia de hacer lo que le corresponde: defender el ejercicio periodístico sin preguntar por la ideología del medio o de la persona. Nos han cuestionado por acompañar a periodistas críticos del gobierno actual y también por defender a periodistas o medios incómodos para gobiernos anteriores. Esa es, precisamente, la señal de que no estamos alineados con proyectos partidistas. Por supuesto, no somos infalibles y revisamos nuestros actos, pero no comparto la idea de que la junta o la dirección hayan “contaminado” la FLIP por la polarización del país. Hoy, Colombia presencia debates de manera intensa. Esto hace que cualquier actitud pueda ser analizada con distintos lentes. Pero una cosa es cómo se toman las decisiones y otra, muy distinta, cómo se interpretan. Nuestras intervenciones se guían por estándares de libertad de expresión y por análisis de riesgo, no por simpatías políticas. De otra parte, también es verdad que algunas acusaciones vienen de miradas muy ‘situadas’ en disputas ideológicas; las escuchamos, pero nuestra responsabilidad es ver el mapa completo de amenazas a la prensa.

Precisamente, la semana pasada renunciaron a pertenecer a la fundación dos importantes periodistas que fueron miembros de asamblea y de junta directiva. ¿Por qué se retiraron Claudia Báez, cofundadora del medio digital Cuestión Pública y Claudia Julieta Duque, periodista independiente?

Ellas han explicado públicamente sus razones y las respetamos. Son periodistas valiosas y para nuestra organización. En términos generales, sus renuncias se relacionan, por un lado, con su desacuerdo sobre la forma en que la FLIP abordó el caso La Silla Vacía - Agencia Prensa Rural; y, por el otro lado, hay críticas frente a la gobernanza interna y a otras decisiones de los últimos años. Tomamos en serio esas preocupaciones, pero no compartimos la idea de una “desviación” de la misión de la organización que se habría convertido en un “club de afinidades”, como lo han manifestado. El mandato de proteger a periodistas y medios de todas las orillas se mantiene intacto, y se refleja en nuestro trabajo cotidiano en cuanto a apoyar emergencias frente a amenazas de muerte a periodistas, y en la defensa legal de tantos otros casos que no son noticia.

Esas dos renuncias no solo tenían motivaciones, sino que, además, fueron expuestas públicamente. ¿Tan delicadas fueron las diferencias como para darlas a conocer a la opinión en lugar de tramitarlas en instancias internas?

En una organización amplia como la nuestra, con casi 80 miembros de la asamblea y 30 años de historia, es normal que haya momentos de tensión. El 18 de marzo pasado se realizó una asamblea en la que se discutió, abiertamente, el caso La Silla Vacía–Prensa Rural y otros temas de funcionamiento de la organización. Quienes participaron expusieron argumentos con altura y mucho respeto. Lamentablemente, las dos periodistas renunciantes no asistieron. Hubiéramos preferido que parte de ese debate se tramitara en escenarios internos como usted dice, pero respetamos que hayan optado por dejar constancia pública de su desacuerdo.

Al respecto, ¿qué van a hacer ustedes?

La respuesta de la dirección no va a ser personalizar la tensión sino explicar qué hicimos, qué estamos revisando y cuáles compromisos asumimos. El disenso es parte de la vida democrática de una organización; lo importante es que no termine debilitando las herramientas que hoy tienen los y las periodistas para protegerse.

La periodista Báez denuncia “la inacción de la FLIP ante una clara estigmatización” en el episodio mencionado por usted, cuando La Silla Vacía señaló al medio Prensa Rural de pertenecer a una organización guerrillera sin sentencia judicial previa. ¿Qué responde ante esta crítica y por qué la FLIP no se ha intervenido en ese cuestionado capítulo?

En este caso no ha habido inacción. Desde cuando se conoció el reportaje y las reacciones frente a Agencia Prensa Rural, me reuní presencialmente, junto con la subdirectora legal y de protección de la FLIP, con representantes de ese medio para evaluar riesgos y posibles consecuencias, y definir rutas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección. Hemos decidido mantener seguimiento activo del tema. También se compartieron los insumos sobre rutas jurídicas disponibles, a La Liga contra el Silencio que republicó, en su portal, el reportaje de La Silla Vacía. La Liga es una agrupación de periodistas muy respetada que, en un momento dado estuvo bajo el amparo de la FLIP pero que ya tiene su propia administración y no hacemos parte de su asamblea. En paralelo, abrimos canales de diálogo entre los dos medios, que discutieron opciones de aclaración y espacios de respuesta.

Pero no parece que haya habido evolución alguna para solucionar la ofensa que La Silla Vacía le habría propinado a Prensa Rural… O ¿sí?

Sí la ha habido: la discusión sobre si debe darse un pronunciamiento público con nombres propios y en cuál momento, sigue abierta en la FLIP. Hubo posiciones distintas tanto en el consejo directivo, que se reunió en varias ocasiones para discutir este tema, como en la asamblea. También se presentaron actuaciones concretas y deliberación institucional sobre la mejor forma de intervenir en un contexto altamente polarizado. Además, la misión de la FLIP no es actuar como tribunal de la verdad, sino proteger las condiciones para que haya debates públicos.

Pero, algunos dirán que la FLIP debería actuar en defensa del buen nombre de un medio, cosa que normalmente hubiera hecho si el contradictor del medio presuntamente ofendido, no fuera otro colega periodístico…

Esa inquietud es válida. De hecho, la FLIP interviene cuando está en juego el buen nombre de un periodista o medio, sobre todo, si hay señalamientos que pueda ponerlos en riesgo. Analizamos el contexto, valoramos si hay amenazas asociadas y los apoyamos, con asesoría jurídica, cuando corresponde, o con acciones de protección inmediata. Esto es particularmente claro cuando los señalamientos provienen de funcionarios públicos o de actores con poder que pueden agravar el riesgo. Ese sigue siendo nuestro mandato. Pero procuramos evitar convertirnos en una tercera parte que dirime todos los conflictos entre colegas. Un criterio central orienta nuestras decisiones: ningún pronunciamiento de la FLIP puede aumentar el riesgo de la prensa. Por eso, evaluamos cada intervención.

Volviendo a la carta de la periodista Báez, ella también solicita explicaciones sobre el retiro de unos miembros de la junta directiva y sobre las supuestas preferencias de la FLIP para otros integrantes de ese órgano. ¿Las tensiones en el manejo de la fundación no se limitan a un caso puntual sino a su rumbo general?

El consejo directivo viene trabajando en la implementación de una política más robusta sobre conflictos de interés para fortalecer la gobernanza y la transparencia de nuestra organización. En ese marco, se discutió que ciertas relaciones profesionales (contrataciones con entidades del Estado que trabajan temas relacionados con libertad de prensa) podrían generar eventuales conflictos. Ante esa realidad, dos de nuestros miembros tomaron la decisión personal de renunciar. Ambas renuncias fueron anunciadas en la asamblea general del pasado 18 de marzo. La junta renueva su composición con regularidad: no hay sillas en propiedad ni cuotas fijas para ningún medio ¿Podemos mejorar los mecanismos de participación y de elección? Sí, pero no comparto la idea de que exista una junta hecha a la medida de una sola persona o de un grupo al que seríamos afines. La pluralidad creciente de la asamblea y los debates intensos que allí se dan, son demostración de que ese es nuestro carácter.

Por su parte, la segunda periodista renunciante, Claudia Julieta Duque, denunció “una desviación profunda de los principios de la FLIP… falta de transparencia y decisiones tomadas por predilecciones personales o políticas”. ¿Cómo enfrentarán este cisma en la FLIP?

Le quiero decir que esa carta golpeó al equipo constituido por un grupo comprometido, que atiende, constantemente, casos de amenazas y de vulneraciones de derechos de los periodistas, y que ha dado lo mejor de sí, con convicción profunda, para defender la libertad de prensa. También, debo insistir en que la FLIP no ha cambiado de misión: hoy seguimos acompañando casos en Arauca, Putumayo, Caquetá, el Caribe, el Pacífico, y en las grandes ciudades. Pero, ante todo, en los pequeños municipios en donde los periodistas son más vulnerables. Además, continuamos litigando frente a los gobiernos de turno y denunciamos estigmatizaciones, vengan de donde vengan. Esta práctica cotidiana no corresponde a la imagen de una organización “desviada” de sus principios. La Fundación es una entidad plural y, por eso, ninguna persona o medio tiene la capacidad de capturarla.

Pero, ¿considera esta crisis, un cisma insalvable?

No lo vemos como una ruptura. Es un momento exigente, con críticas duras y con el retiro de dos personas muy significativas. La FLIP va a seguir haciendo lo que ha hecho durante 30 años: acompañar a periodistas en riesgo, documentar agresiones, litigar cuando es necesario y alzar la voz frente a actores que limiten el trabajo periodístico.

Las afirmaciones de las dos renunciantes son problemáticas para la imagen y el nombre de la FLIP, lo cual es delicado porque esta fundación ha sido prácticamente el único soporte civil en defensa de la libertad de prensa ¿se podría afectar la continuidad de su organización?

Las cartas y las críticas son serias y no las minimizamos. Pero no estamos ante una crisis que ponga en duda la existencia de la FLIP. La Fundación mantiene intacto su mandato. En los últimos dos años, por ejemplo, registramos 1.009 agresiones en los 32 departamentos, lo que derivó en más de 1.040 acciones de protección, incidencia y apoyo jurídico. Este trabajo no se detiene por esta discusión. Al contrario, confirma la necesidad de nuestra presencia. Estamos en un contexto en que persisten los ataques a la prensa, y en el que, además, han salido a la luz pública denuncias graves sobre violencias basadas en género que ocurren en las salas de redacción. A esto se suma que estamos viviendo un ambiente electoral en el que, históricamente, aumentan las presiones, los riesgos y la estigmatización contra los y las periodistas. Es precisamente en momentos como este, cuando el trabajo de la FLIP es, aún, más necesario.

¿Cuáles acciones inmediatas tomarán para capotear este momento difícil?

El mejor modo de responder a esta coyuntura es demostrar, con trabajo concreto, por qué es imperativo proteger una organización como la FLIP. Vamos a tomar acciones en tres planos. Primero, transparencia: explicar, con detalle, qué hemos hecho y qué estamos haciendo. Segundo, fortalecimiento interno, avanzando en un proceso que demanda deliberación para conciliar posturas en un escenario de desafíos emergentes: no se trata de llegar a consensos, pero sí de mantener el norte. Tercero, continuar acompañando, sin pausa, a periodistas en riesgo y, de manera simultánea, desarrollar, más contundentemente, nuestra línea de trabajo en materia de estigmatización.

Con casos concretos, ¿cómo ha actuado la FLIP frente a los distintos gobiernos que ha tenido Colombia en sus tres décadas de existencia?

A lo largo de su historia, la FLIP les ha llamado la atención a distintos gobiernos por prácticas que afectan la libertad de prensa, sin distinción política. Por ejemplo, ha sido una voz constante frente a episodios de espionaje y persecución a periodistas, como las interceptaciones ilegales durante el gobierno de Álvaro Uribe; la operación Andrómeda en el gobierno de Juan Manuel Santos y las denominadas carpetas secretas en el gobierno de Iván Duque. Ese trabajo, sostenido durante estos 30 años, le ha permitido a la FLIP consolidarse como una organización técnica, independiente y consistente en la defensa de la libertad de expresión. Es también la mejor respuesta frente a cualquier duda sobre para quiénes y para qué existe la Fundación.

En estos 30 años de acciones de la FLIP, ¿cuántas defensas de reporteros y medios han hecho públicas? A ¿cuántos gobiernos han tenido que llamarles la atención por fallas en el ejercicio de la libertad de prensa y cuántos acompañamientos jurídicos han realizado para apoyar a periodistas acosados?

Para dar una cifra aproximada, en los últimos cinco años, la FLIP ha documentado cerca de 500 agresiones contra periodistas, anualmente, siendo que cada caso exige respuestas distintas. Solo en el último año, adelantamos ese mismo número de acciones de atención y acompañamiento, incluyendo 156 gestiones ante la Unidad Nacional de Protección y más de cien comunicaciones a entidades públicas, articulación con autoridades y apoyos de emergencia a periodistas en riesgo. Además de los trámites de protección directa, interpusimos 24 acciones de tutela y realizamos 20 intervenciones ante la Corte Constitucional. Igualmente, se desarrollaron 34 diligencias adicionales, entre ellas, asesorías jurídicas, respuestas a acciones judiciales, articulación con la Fiscalía General y reuniones de incidencia regional con la Defensoría del Pueblo. Así mismo, hemos desarrollado investigaciones sobre el uso de la pauta oficial a nivel nacional, regional y local, evidenciando riesgos en la independencia de los medios.

“Necesidad de adaptarse a un contexto mucho más polarizado”

¿Cuáles fortalezas y debilidades encontró en la FLIP cuando asumió su dirección hace unos meses?

Encontré una organización sólida con un alto nivel de reconocimiento nacional e internacional, y con resultados concretos en la defensa de periodistas en contextos complejos. La FLIP se conoce por documentar y darles visibilidad a agresiones contra la prensa; por acompañar casos difíciles y por sostener una agenda firme de defensa de la libertad de expresión frente a gobiernos de todos los signos. También encontré equipos profesionales en protección, litigio e investigación, y una red de confianza construida, durante años, con reporteras y reporteros en regiones muy golpeadas. Al mismo tiempo, como toda organización saludable, la FLIP enfrenta retos: la necesidad de adaptarse a un contexto dinámico y en permanente transformación con un ecosistema mucho más polarizado debido a los cambios políticos recientes, más herramientas tecnológicas y agresiones digitales, y una presión mayor sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos.

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