Menos de un mes después de haber salido del país por cuenta de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Uber volvió a operar en Colombia ayer bajo un nuevo modelo.
La plataforma, que funciona como un intermediario entre conductores particulares y usuarios que solicitan un servicio de transporte, ahora operará por medio de un contrato de arrendamiento que deben firmar los dos involucrados y en el cual Uber solo será el portal de contacto. El documento plantea, en esencia, el arrendamiento de un vehículo que incluye a un conductor.
Si bien todavía no son claras las bases legales de este nuevo modelo, sobre el cual ni la SIC ni el Ministerio de Transporte se han pronunciado, lo cierto es que las condiciones del contrato que propone Uber impone varias cargas sobre los usuarios.
Una de las cláusulas indica que el usuario puede terminar corriendo con los gastos de grúa cuando esta sea necesaria. Uber no aclaró qué tipo de evento podría derivar en tal situación. Lo mismo sucede en caso de que el vehículo sea retenido como consecuencia de un incidente “por causas imputables al arrendatario”. Según la respuesta que dio la empresa a este diario, esto se debe a que el usuario tiene el “control operativo” del carro en el marco del contrato: “Como en cualquier alquiler de un bien, si la persona que está alquilando y usando el vehículo comete una infracción o es quien ordena al conductor que cometa la infracción, es responsable por esa multa. De lo contrario, cada caso será evaluado de manera particular”, puntualizó.
Uber también aclaró que ofrece una póliza de seguro con Allianz que cubre accidentes, pero no entró en más detalles sobre la cobertura de dicha póliza.
Otro de los apartados que pueden generar inquietud tiene que ver con el manejo de datos personales. Según el contrato, para todo lo relacionado con la prestación del servicio, el arrendador del carro queda autorizado para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, transferir o transmitir los datos del usuario. Sin embargo, no queda claro qué podría hacer una persona en caso de que sus datos sean tratados abusivamente.
Pese a lo que dice el documento, Uber respondió que la información recolectada es administrada por la plataforma y que esta es “absolutamente respetuosa” de la privacidad de ambos.
En cuanto a las responsabilidades de los arrendadores, Uber dice que los conductores deben garantizar todas las condiciones técnicas y de funcionamiento del carro, así como la revisión técnico-mecánica y el contar con la póliza del seguro obligatorio (SOAT). También deja claro que no tienen ninguna responsabilidad sobre objetos olvidados por los usuarios dentro del vehículo.
Aunque el contrato resulta ser una mezcla de diferentes servicios de transporte que deja muchas dudas, para Uber este sistema es el resultado de la búsqueda de “nuevas alternativas para seguir trabajando por ayudar a conectar a las personas en el país y así responder al apoyo que recibimos de la comunidad”.
Carmen Ligia Valderrama, superintendente de Transporte, manifestó que solo cuando puedan verificar las condiciones en las que está operando Uber decidirán si abren una investigación o no. “Tenemos que verificar en qué condiciones está entrando al mercado. Ya se le hizo un requerimiento específico a la empresa para conocer de primera mano esas condiciones”, afirmó.
Por su parte, Nicolás Alviar, abogado de Cotech-Taxis Libres y quien lideró el proceso que llevó al fallo de la SIC, opina que el restablecimiento de los servicios de Uber es una evasión de dicho fallo. Además, asegura que la plataforma recurrió a una figura inservible porque, para poder arrendar, toda la flota tiene que ser propia. “Para mí, es la estrategia comercial y jurídica más ingenua”, concluyó.