En el Bajo Calima y el Bajo San Juan en Buenaventura, Valle del Cauca, se mantiene la escalada de la violencia por los enfrentamientos constantes entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencia de las Farc, quienes se disputan el control territorial en la zona.
Los enfrentamientos obligaron a más de 200 personas a abandonar sus viviendas en la zona rural de San Isidro en el Bajo Calima y acercarse en la noche de ayer, 10 de abril, al casco urbano en la ciudad de Buenaventura, para poner a salvo sus vidas. Entre las personas desplazadas hay mujeres y menores de edad.
Según el personero distrital de Buenaventura, Edwin Patiño, los afectados son atendidos por la Defensoría del Pueblo, pero se anuncia que llegarán más familias desplazadas mañana a Buenaventura.
Asimismo, en este momento se encuentra en reunión extraordinaria el Comité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, en donde se está tomando la declaración de las familias afectadas y se espera tener para mañana la caracterización completa de las personas que llegaron al casco urbano.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura, aseguró a RCN Radio que “los niños, adultos y demás personas llegaron en chivas y volquetas llenos de temor. Ellos no están en Buenaventura de turismo, les tocó dejar sus casas, su ropa y todos sus enseres para no quedar en medio del fuego; hoy no tienen nada”.
Desde comienzos de este año se vienen presentado esta serie de enfrentamientos que han violado los derechos humanos de cientos de personas. En enero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había advertido sobre la grave situación que se estaba viviendo en el distrito y que aproximadamente 175 familias estaban confinadas por los enfrentamientos en la zona rural de Buenaventura.
En ese escenario, el 20 de enero de este año ya eran 500 familias desplazadas desde Buenaventura y el Bajo Calima hacia Cali (Valle del Cauca), huyendo de los enfrentamientos armados en la región.
Asimismo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz había registrado que estas comunidades en confinamiento se encontraban viviendo en condiciones difíciles pues no podían salir a buscar el sustento, cazar, pescar y cosechar. Asimismo, responsabilizaron al Gobierno Nacional por la aparente ”inacción, tolerancia y complicidad e ineficacia de las Fuerzas Militares con las operaciones del Clan del Golfo”.