Ahora, con luz verde, los promotores de la iniciativa enfrentan un reto mayor: salir a las calles en busca de 1.400.000 firmas para solicitar su convocatoria. El referendo, promovido desde el año pasado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que reúne representantes de este amplio grupo de organizaciones, busca modificar la Constitución Nacional para que se garantice el acceso de todos los colombianos al agua potable, se protejan los ecosistemas que hacen parte del ciclo hidrológico y no se permita el manejo privado del recurso. De aprobarse la propuesta, se introducirían dos nuevos artículos a la Constitución y se complementarían cuatro más.
Uno de los artículos nuevos, que exige el derecho al agua potable, establece un “Mínimo vital gratuito” de agua para todos los ciudadanos. “Ese mínimo vital lo ha fijado la Organización Mundial de la Salud entre 20 y 100 litros diarios por persona. Ningún colombiano debería pagar por ese mínimo”, explica Rafael Colmenares, director de la ONG Ecofondo, advirtiendo que se trata de una propuesta que generará mucho estupor en algunos sectores.
Desde este sábado, 15 de marzo, comienza la recolección de firmas en todo el territorio nacional. La Organización Nacional Indígena de Colombia desde el fin de semana pasado organiza una serie de rituales en distintos puntos del país para promover la iniciativa. Por su parte, las más de 1.200 organizaciones que colaboraron a través de los Comités Territoriales para la primera recolección de firmas, harán lo propio en esta maratón final.
Sus promotores argumentan que el panorama del recurso hídrico en Colombia es desolador: más de 10 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable, cada vez son más las empresas privadas que prestan el servicio básico de acueducto y alcantarillado, se multiplica el número de familias desconectadas del sistema por el alza en las tarifas y crece el deterioro de los ecosistemas del ciclo del agua. Sobre el alza de tarifas, un informe de la Contraloría General de la Nación registró que los aumentos entre 1995 y 2000 oscilaron entre el 38% y el 226% en las 18 principales ciudades del país.
Según los directivos de la ONG Ecofondo, el referendo busca poner freno a la participación de empresas privadas en la administración del recurso vital: “Los acueductos de la Costa y algunas ciudades del interior ya están en manos de transnacionales como Suez, Vivendi y Aguas de Barcelona, mientras que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha entregado a operadores privados zonales aspectos decisivos de la gestión. Estas empresas tienen que obtener utilidades, porque el capital privado no trabaja por altruismo y eso genera unos sobrecostos que se pagan con cargo a las tarifas”.
La privatización del agua no se limita tan sólo a acueductos administrados por el sector privado. También se reclama que el agua potable se esté convirtiendo en un jugoso negocio de las empresas embotelladoras. Las cifras al respecto son muy dicientes. Una investigación del Earth Policy Institute, liderada por Emily Arnold and Janet Larsen, calculó que el consumo de agua embotellada en el mundo asciende a 154 billones de litros en 2004, 57% más que lo que se consumía cinco años atrás. Además de las críticas a los problemas de salud que puede acarrear el agua industrializada, por la mezcla de minerales que se le añade, el informe reclamaba que el precio de esta agua llegaba a ser 2.50 dólares más cara por litro que la gasolina.
A esto se suma, como lo ha planteado el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, que la comercialización del agua embotellada implica un problema ambiental, pues el plástico con que se fabrican pueden tardar hasta 1.000 años en degradarse. En el mundo, la fabricación de botellas requiere cada año 2,7 millones de toneladas de polietileno tereftalato (PET). Para los expertos, sería más recomendable que los gobiernos garantizaran a sus ciudadanos sistemas de agua potable confiables.
De otra parte los ecosistemas de los que depende la producción de agua se han ido deteriorando en las últimas décadas. El IDEAM ha advertido sobre el grave riesgo de desabastecimiento de agua que amenaza al 69% de los colombianos en menos de dos décadas. El referendo busca según sus organizadores evitar los desastres sociales y ambientales que los expertos están pronosticando para antes del 2025 por cuenta de la falta de agua.