Lección 1. El modelo de orden basado en control policial y militar fracasó
En Cali, en 7 a 24 puntos de la ciudad -Puerto Resistencia, Sameco, Meléndez, Univalle, El Ancla del Oeste, El Puente del Comercio, La Luna, entre otros- se situaron jóvenes y barricadas de resistencia durante 13 días. Consiguieron parar la ciudad. El gobierno nacional y local autorizaron el uso de la fuerza para desalojarlos con un saldo sangriento. Pero decenas de miles de jóvenes aprendieron la lección: es posible detener esta ciudad. Y si esos pocos miles fueron suficientes para detener el funcionamiento de la ciudad, ¿qué pasará cuando sean cientos de miles?
¿Qué harán los gobiernos para contenerlos? ¿Desplazarán un destacamento militar a Cali? ¿La policía tendrá un CAI móvil en 10, 20, 30 sitios claves de la ciudad? ¿Añadirán la acción armada de los guardias privados y de los sectores de la población de capas medias y altas que en estas jornadas llamaron a apertrecharse y a disparar?
La lección es simple. La ciudad puede ser detenida por completo a través de bloqueos estratégicos, móviles o fijos.
Es el fracaso del modelo de Seguridad Democrática, que asoció orden y control territorial con aumento del pie de fuerza, y que ha guiado a las ciudades de este país en los últimos 20 años.
Y la intimidación y el terror pueden funcionar transitoriamente para desbloquear, amedrentar y “restablecer el orden”. También los discursos de medios de comunicación alineados con estas ideas sirven un año, dos años o cuatro, pero las narrativas del caos, del miedo a convertirnos en Venezuela, del odio al castrochavismo terminan por agotarse porque el malestar social, la tozuda realidad sigue allí, zumbando en los estómagos, en el trabajo precario, en la escuela frágil, en el desempleo de mierda.
Entonces asistiremos una y otra vez a estallidos sociales, cada uno más virulento que el otro.
Hoy es claro que la inclusión, la movilidad social, la integración económica real, la democratización de la propiedad, la ampliación del bienestar es el nuevo nombre de la seguridad.
Y si antes de los Acuerdos con las Farc, la idea de un enemigo exterior/otro le permitía cierta legitimidad a la acción militar en nombre del orden y la seguridad interna, la situación ha cambiado: los falsos positivos, los abusos policiales videofilmados masivamente en las protestas del 19N de 2019 y las actuales, les han deshonrado sin necesidad del recurso de alguna oculta campaña de desprestigio como la que denunciara el general Jorge Luis Vargas, director nacional de la Policía, en el publirreportaje de María Isabel Rueda, en El Tiempo, lunes 10 de mayo de 2021. En tiempo real, en video y en vivo y en directo millones de ciudadanos han visto que ya no son las “FARC”, ya no es “Pablo Escobar”, ya no son el “ELN” o los “ladrones de barrio” el objetivo: es cualquiera que marche.
Lección 2. Política real vs política electoral
Para quienes dirigen y hacen política orientada a ganar elecciones, en todos los partidos, la lección es simple: este es el nuevo escenario de acción política en la Colombia post Acuerdos con las FARC. Estallidos sociales que no podrán ser tratados -aunque en ello insista el Centro Democrático- como problemas de orden público e insurrecciones subversivas.
En estos momentos, en los que se abren algunos espacios de negociación tras el estallido social y el desprestigio de la fuerza pública y los abusos policiales, con un saldo de víctimas que, en dos semanas, supera el número de muertos, heridos y desaparecidos de todos los levantamientos sociales del continente de los últimos dos años, queda claro que no se trató de una movilización asociada a los partidos políticos. Esta movilización está revelando dos fracasos dobles:
-la desconexión de las formas de administración y gobierno local con las comunidades urbanas (recuérdese que estas movilizaciones han sido esencialmente urbanas).
-la desconexión de los partidos políticos -de todo el espectro, desde las derechas hasta las izquierdas- con los ciudadanos de a pie.
Un síntoma elocuente de esta desconexión es que cuando aparecen en escena, los políticos son el otro lado del paro: parecen indolentes gobernantes de turno, oportunistas aprovechadores de la causa, atizadores estratégicos para las próximas elecciones o parte del problema, no de las soluciones. Los políticos no aparecen nunca como parte de la movilización social que terminó por tumbar la reforma.
Pero no son sólo los políticos. Y no son sólo los gobiernos -el nacional y los regionales y locales- los que quedan en entredicho. Estructuras de administración pública que, en principio, estarían más próximas a las comunidades concretas también brillan por su ausencia. ¿Qué lugar han ocupado durante estas movilizaciones los concejos municipales y los concejales? ¿Qué papel han desempeñado las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales?
Reducidos a su condición de operadores electorales y administradores de recursos públicos y clientelas, tanto los políticos como las estructuras de administración y ejecución gubernamentales microlocales, locales, regionales y nacionales son el lado B, el otro lado, de una movilización que -desde las calles- exige sentarse a la mesa de las negociaciones. Ni siquiera el Comité del Paro parece representar plenamente la enorme y amplia diversidad de actores sociales, grupos, comunidades indignadas.
La política, como acto electoral y espacio de transacciones entre camarillas, ha sido profundamente puesta en cuestión por esta movilización y la del 21N de 2019. Pero también han revelado el abismo entre las formas de administración microlocal, local, regional y nacional, y los ciudadanos comunes.
Con una larga historia de abstenciones electorales que, en las elecciones para presidentes supera el 50% -de las últimas 5 elecciones presidenciales, sólo la del 2018 tuvo una abstención electoral menor al 50%-, esta democracia de abstencionistas, de ciudadanos que -pasadas las elecciones- no recuerdan por quien votaron- y que manifiestan con humor y rabia su hartazgo con la política y los políticos, se repolitizan y se manifiestan de manera intensamente en las movilizaciones, y en las conversaciones en redes sociales. Dado que los canales institucionales de acción política no tienen sentido, están bloqueados o guardan poca suntonía con sus vidas de todos los días, entonces la calle y las plataformas de redes sociales se convierten en enormes audiencias públicas, cuasi asamblearias, a contrapelo del país de los políticos profesionales, uno que no sabe escuchar y está profundamente desconectado de lo que experimentan, sueñan, desean, los ciudadanos de a pie.
Cuando los políticos comienzan a escuchar y acercarse suelen ser señalados de populistas. Pero a su manera dos populistas, en los dos extremos del espectro político -Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro- se las han arreglado para escuchar las conversaciones, rumores y corrientes de fondo de este país a través de atajos comunicativos, retóricos y discursivos muy eficaces que, por desgracia, se saldan trágicamente con la falsa convicción de que “el líder salvador” lo resolverá todo. El mesianismos es justamente el reverso de la gestión política rica en actividad local, control participativo de recursos y presupuestos, implicación ciudadana en la organización de la vida colectiva y la construcción de públicos fuertes.
El líder salvador, igual que el político profesional, vacían la política del trabajo deliberativo, pequeño, del debate local, del convencimiento casa a casa, puerta a puerta. Nos priva de la acción ciudadana que viene de abajo.
¿Que ese tipo de política deliberativa, con sólida participación ciudadana, es impensable en Colombia?
Miren las calles hoy en Colombia. Miren los diversas manifestación y formas de coordinación de acciones a través de plataformas de redes sociales -incluido WhatsApp- estructurando las movilizaciones. Miren los formas organizativas emergentes, desde la gestión de las barricadas de los jóvenes de las primeras líneas, hasta las redes de comunicación en plataformas abriéndose paso a las censuras y tratamiento groseramente sesgado que, muchos medios de comunicación, le han dado a las marchas y protestas. Miren los pliegos petitorios de la Unión de Resistencias de Cali (URC), que junta a miles de jóvenes que estuvieron en 24 puntos de la ciudad con sus barricadas. En comunicación del 12 de mayo dicen: “desvirtuamos cualquier intento de los organismos administrativos, o de otra naturaleza, de establecer diálogos individuales que no representan la decisión de las Asambleas Populares llevadas en los puntos de resistencia en la ciudad de Cali, intentos que sólo pretenden desarticular los resultados alcanzados hasta el momentos en materia de unidad”.
¡Ojo: Asambleas Populares!
¿Se llenarán de contenido? ¿Serán realmente Asambleas Populares? ¿Cuál será el alcance de tales Asambleas?
No lo sabemos, pero claramente esto excede las demandas del paro y señala el curso de una demanda más profunda: la de construir democracias desde abajo, conectadas con los territorios y barrios de las ciudades, con los ciudadanos en la calle.
¿Los partidos políticos, el Comité del Paro, las Juntas de Acción Comunal, el gobierno local, los gobiernos regionales y nacional están tomando nota de esta demanda? ¿Creen que bastará con algunos acuerdos y transacciones puntuales, y concesiones limitadas, para atender esta demanda? ¿Confían en que se puede salir de este trance mediante acuerdos de camarillas políticas o de gremios o de líderes para resolver la crisis?
Quizás sí en el 2021. ¿Pero cuando venga el envión del 2023 o del 2025 o del 2028…? ¿De nuevo se responderá con tanquetas, persecución de manifestantes, se pondrá en marcha un nuevo estatuto de seguridad, se decretará conmoción interior o se aprobarán leyes que les permitan a los “ciudadanos de bien” armarse para defenderse a bala de los sublevados?
Si los Acuerdos de Paz se diseñaron para el país rural, estamos en estos momentos ad portas de comenzar a pensar los acuerdos necesarios para garantizar el futuro de la paz urbana, o por el contrario su estruendoso fracaso, con un saldo trágico de sangre y horror.
Ese acuerdo tiene un nombre: que se cumpla la Constitución Nacional.
Lección 3. Las derechas más recalcitrantes le están llamando comunismo o socialismo a demandar la realización de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional
¿Qué piden las movilizaciones en Colombia?
Todo se resume en una frase: que los derechos consagrados en la Constitución de 1991 se cumplan.
Y como los derechos consagrados en la Constitución de 1991 no son compatibles con el credo neoliberal, cada reforma neoliberal va a provocar nuevos estallidos. Cumplir con los derechos consagrados en una de las constituciones más progresista de América Latina supone repensar la vulgata neoliberal. Entonces quizás estamos descubriendo que el instrumento político más importante de este país, hoy por hoy, es -sorprendentemente- nuestra propia Constitución.
Si desde 2019 los marchantes comenzaron a entonar el himno nacional y a izar las banderas, un hecho inédito en las protestas ciudadanas de este país, si quienes protestan gritan patria y hablan de una nación a la que aman y por la que sueñan, no nos extrañe que en la futuras movilizaciones cada marchante lleve en los bolsillos la Constitución Nacional y la levante cuando la Policía ataque, los muela a palos o los detenga. Atacarán la Constitución Nacional.
Los ciudadanos no están pidiendo nada más: que la Constitución Nacional, una de las más garantistas de América Latina, se vuelva carne. Se concrete. Se vuelva vida.
Hacerla viable, aterrizarla, convertirla en derechos efectivamente realizados es, en el fondo, el foco de las movilizaciones sociales actuales y del porvenir inmediato.
Este año, 2021, se conmemoran 30 años de la Constitución Nacional de Colombia (1991). A sangre y fuego se opone el gobierno a cumplirla.