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¿A qué le apostarán las ciudades en el 2023?

Los concejos debaten el presupuesto del último año de gobierno de los alcaldes locales. Grandes obras en salud y educación, entre las principales inversiones.

Redacción Colombia

16 de noviembre de 2022 - 07:00 a. m.
Medellín es la ciudad con más grande presupuesto después de Bogotá, con 7,3 billones de pesos.
Foto: pixabay
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En los concejos municipales se debate en este momento los presupuestos de las ciudades para el próximo año, que será el último de gobierno de alcaldes y gobernadores. En medio de esta discusión, los mandatarios le siguen apostando a sus más grandes propuestas, mientras que, en el plano general, las principales inversiones se hacen en los sectores de salud y educación.

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En ciudades como Barranquilla y Cartagena destacan proyectos como el megapaque de Mallorquín y el fortalecimiento operacional de Transcaribe, respectivamente, mientras que en Medellín hay grandes inversiones en el Valle del software y en Cali, se incluyeron recursos para regular a los vendedores informales y mejorar la malla vial.

A continuación, presentamos algunos de los aspectos más importantes de los presupuestos que se estudian en las principales ciudades del país.

Foto: Eder Rodríguez

Cartagena

La discusión en el cabildo de la ciudad comenzó el mes pasado, por lo que la administración ya sustentó el proyecto ante los concejales y la semana pasada se escuchó a los líderes comunitarios. En la ciudad se tiene previsto un presupuesto de $2,8 billones, cuya mayor inversión se hará en salud y educación, donde se concentra más del 60 % de los recursos.

Entre los proyectos que se destacan está el fortalecimiento de la operación de Transcaribe, que presentaba afectaciones desde antes de pandemia; en la Gestión del Riesgo y Bomberos, ante las recientes emergencias por la temporada de lluvias y el fenómeno de la Niña, así como obras de mantenimiento vial, reestructuración de colegios y construcción y mejoramiento de la infraestructura de atención en salud de la población vulnerable.

De acuerdo con la alcaldía, para el otro año se espera un aumento del 25 % en el recaudo del impuesto predial ($273.281 millones) tras la actualización del catastro multipropósito, así como un incremento del 35 % del Impuesto de Delineación ($5.236 millones) por las inspecciones que se han agudizado en la ciudad.

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En este caso, el mayor debate se ha dado por la ejecución del presupuesto actual. Desde el cabildo se cuestionó a los alcaldes locales por proyectos con baja ejecución como los dedicados a la adaptabilidad al cambio climático, inclusión y mujer, mientras que desde la Personería se hizo un llamado a la alcaldía para culminar las obras inconclusas, antes de iniciar nuevas construcciones. “No podemos seguir haciendo más hospitales o más centros de salud cuando tenemos hospitales inconclusos. Todo lo inconcluso es un detrimento patrimonial y eso se castiga”, dijo la personera.

Barranquilla

El presupuesto del último año de Jaime Pumarejo será de $4,2 billones, de los cuales $1,6 billones estarán destinados para salud y educación, a lo que le sigue, según la alcaldía, recursos para subsidiar los servicios públicos e inversiones en deportes, cultura y vivienda.

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En este caso, se destacan planes como la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, la playa de Puerto Mocho y el Tren Tajamar, la construcción de una pista de ciclomontañismo y el mantenimiento de los escenarios deportivos. A esto se le suman, proyectos con energías renovables, Siembra Barranquilla, nuevos mercados, ampliación de la red hospitalaria, colegios nuevos y recuperación de la maya vial.

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“Las prioridades en inversión social están concentradas en los sectores de salud y educación en un 82% ($1.6 billones), seguido de los sectores de grupos vulnerables y subsidios de servicios públicos en un 13% ($ 259 mil millones), luego por los sectores de Deportes, Cultura y Vivienda en un 4% ($ 88 mil millones) y finalmente los sectores de desarrollo económico y comunitario en 1% ($ 9 mil millones)”, dijo la secretaria de Hacienda de Barranquilla, Lanny Quintero

Desde el Concejo ya se escuchó a la administración y en medio del debate, en el que se habló de garantizar la cobertura de salud tanto para barranquilleros como migrantes, también se pidió atender la salud mental y aclarar el avance e inversiones que se han hecho en obras públicas en la ciudad.

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Medellín

En la ciudad antioqueña, el presupuesto para el próximo año es de $7,3 billones, de los cuales $5,7 billones serán para inversión. De estos, la alcaldía resalta que en su mayoría serán destinados para salud, educación y algo que denominan desarrollo comunitario, mientras que las cifras demuestran que, después de los dos primeros sectores, hay una mayor inversión en infraestructura, inclusión social y destacan programas enfocados al valle del software.

Pero en este caso la discusión ha tomado otro giro. El problema es que el proyecto de presupuesto se radicó en la noche del 10 de octubre, a través de correo electrónico, y solo hasta el otro día, cuando los tiempos ya estaban vencidos, el secretario de Hacienda hizo la radicación de forma presencial.

Sumado a esto, poco después de que enviaron los anexos por correo, se reenvió un documento que en el primer correo iban sin la firma del alcalde, pero según explico la concejala Leticia Orrego, el segundo archivo que sí iba firmado tenía cambios ortográficos, pero el mismo número de radicado que el primer documento.

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Por estas razones, el cabildo decidió no iniciar la discusión del presupuesto hasta conocer si hubo vicios de forma. Por eso, solicitaron a la Contraloría y al Ministerio de Hacienda dar conceptos al respecto, mientras que el concejal Julio González (Centro Democrático) interpuso una tutela con la que pedía que se suspendiera la discusión, amparado en el debido proceso.

El 9 de noviembre el juez segundo civil municipal se pronunció y negó la tutela del cabildante al considerar improcedente el amparo constitucional solicitado, por lo que quienes se niegan a discutir el presupuesto en las condiciones expuestas apelaron el fallo.

En estas circunstancias, la alcaldía de Medellín se atiene a que el presupuesto sea finalmente aprobado por decreto, ya que el cabildo solo tiene hasta el 30 de noviembre para debatir el proyecto. De ocurrir, se tendría que aprobar la partida que se usó para el 2022, que es $1,2 billones por debajo de lo que espera ejecutar la administración en su último año.

Cali

Para el 2023 Cali le apuesta a fortalecer el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y a la sostenibilidad del MIO, además de sacar adelante proyectos como el Parque Tecnológico San Fernando, el Ecoparque Corazón de Pance y la semaforización Inteligente, por lo que el presupuesto aumentó $133 mil millones, comparado con el de este año, y será de $4,6 billones para el último año.

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En este caso, las mayores inversiones, además de salud y educación, se dan en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), mientras que la línea estratégica del plan de desarrollo de Jorge Iván Ospina que más recibirá recursos es la de Cali Solidaria, en la que además destacan proyectos como el mejoramiento de la malla vial y el alumbrado público y la regulación de los vendedores informales.

En la discusión han preocupado los sectores que tendrán una reducción en sus presupuestos, como, por ejemplo, en el caso de seguridad que pasa de $84 mil millones a $64 mil millones, lo que para algunos de los concejales es grave debido a las condiciones que se han presentado en los últimos años en la ciudad y que requieren de atención prioritaria.

Desde la secretaría de Seguridad, se ha advertido que la partida es baja, pero que buscan otras formas de financiación. “También estamos diseñando estrategias que serían financiadas con otros recursos, tanto del excedente del recaudo del Distrito como del Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad). Ya hemos sostenido conversaciones para asegurar que eso se dé”, dijo a El País el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.

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Pero este no es el único sector afectado. De las 26 entidades del Distrito, 22 tendrán reducciones en sus presupuestos. De estas se destacan casos como el del Dagma, la Secretaría de Infraestructura y Vivienda, con reducciones de más del 50 %, por lo que el debate se ha centrado en las razones y en lo que se ha hecho con los fondos del empréstito que el Concejo le aprobó a la administración por $650 mil millones.

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