A seguimiento los 30 acuerdos de El Quimbo

Un rosario de quejas, peticiones y hasta de mea culpas rodeó a la primera mesa de concertación de seguimiento a los compromisos pactados para la entrega de la licencia de construcción de la represa El Quimbo, en el Huila.

En una audiencia celebrada el fin de semana en Neiva, a la que asistieron el ministro de Ambiente, Frank Pearl; la gobernadora del Huila, Cielo González Villa; representantes de los organismos de control, y la bancada de congresistas huilenses, los alcaldes de los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Tesalia, Paicol y Agrado, entre otros, aseguraron que los más de $14.000 millones que sus antecesores recibieron por compensación, ya “se esfumaron” .

De entrada, la respuesta del gerente de Emgesa, empresa que construye El Quimbo, Lucio Rubio, fue que lo pactado, pactado se queda, y que no hay manera alguna de que se entregue un solo peso más, excepto lo que seguirá por impuestos.

Sin embargo, si algo quedó claro en el encuentro es que ahora, según lo anunció la gobernadora, se reabren las mesas de seguimiento con el fin de revisar cada uno de los treinta acuerdos incluidos en los compromisos de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente. “Se acabaron los discursos, ahora vamos a los hechos”, sentenció González Villa.

Entre los acuerdos contemplados dentro de la licencia otorgada a Endesa, para proteger a 3.000 personas entre residentes y trabajadores, figuran el que los moradores con terrenos de al menos cinco hectáreas serán reubicados y restablecidos con proyectos productivos y apoyo económico para desarrollarlos.

También, la construcción del viaducto que comunicará a los municipios de Garzón y Agrado.

Otro acuerdo es la compensación forestal, coordinado por la CAM.

Sin embargo, los mandatarios locales están preocupados porque sus localidades perderán buena parte de sus tierras, además de habitantes, pues aquellos que están asentados en las zonas en donde se construirá la represa tendrán que ser reubicados en otras zonas.

Eso significaría, según denunciaron los alcaldes, que los impuestos que estas personas pagan irán a las arcas de otros municipios.

Pero el que más preocupado se mostró fue el alcalde de Altamira, Luis Eduardo Soto, quien denunció que a su municipio llegarán por lo menos 500 desplazados.

“Nosotros no nos oponemos al proyecto, pero en realidad la plata que se recibió no compensa el daño, más ahora que nos van a llegar desplazados de otras partes por donde pasará la represa”, señaló.

Un rosario de quejas, peticiones y hasta de mea culpas rodeó a la primera mesa de concertación de seguimiento a los compromisos pactados para la entrega de la licencia de construcción de la represa El Quimbo, en el Huila.

En una audiencia celebrada el fin de semana en Neiva, a la que asistieron el ministro de Ambiente, Frank Pearl; la gobernadora del Huila, Cielo González Villa; representantes de los organismos de control, y la bancada de congresistas huilenses, los alcaldes de los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Tesalia, Paicol y Agrado, entre otros, aseguraron que los más de $14.000 millones que sus antecesores recibieron por compensación, ya “se esfumaron” .

De entrada, la respuesta del gerente de Emgesa, empresa que construye El Quimbo, Lucio Rubio, fue que lo pactado, pactado se queda, y que no hay manera alguna de que se entregue un solo peso más, excepto lo que seguirá por impuestos.

Sin embargo, si algo quedó claro en el encuentro es que ahora, según lo anunció la gobernadora, se reabren las mesas de seguimiento con el fin de revisar cada uno de los treinta acuerdos incluidos en los compromisos de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente. “Se acabaron los discursos, ahora vamos a los hechos”, sentenció González Villa.

Entre los acuerdos contemplados dentro de la licencia otorgada a Endesa, para proteger a 3.000 personas entre residentes y trabajadores, figuran el que los moradores con terrenos de al menos cinco hectáreas serán reubicados y restablecidos con proyectos productivos y apoyo económico para desarrollarlos.

También, la construcción del viaducto que comunicará a los municipios de Garzón y Agrado.

Otro acuerdo es la compensación forestal, coordinado por la CAM.

Sin embargo, los mandatarios locales están preocupados porque sus localidades perderán buena parte de sus tierras, además de habitantes, pues aquellos que están asentados en las zonas en donde se construirá la represa tendrán que ser reubicados en otras zonas.

Eso significaría, según denunciaron los alcaldes, que los impuestos que estas personas pagan irán a las arcas de otros municipios.

Pero el que más preocupado se mostró fue el alcalde de Altamira, Luis Eduardo Soto, quien denunció que a su municipio llegarán por lo menos 500 desplazados.

“Nosotros no nos oponemos al proyecto, pero en realidad la plata que se recibió no compensa el daño, más ahora que nos van a llegar desplazados de otras partes por donde pasará la represa”, señaló.