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¿Es usted una persona de escasos recursos económicos que necesita defender sus derechos y está desesperada porque no tiene dinero para pagar los honorarios de un abogado particular?
En estas difíciles circunstancias puede acudir a la Defensoría del Pueblo, los consultorios jurídicos de las universidades, las Ong y las fundaciones sin ánimo de lucro que presten asesoría jurídica.
A esa fórmula echó mano la señora Cecilia Gómez Silva, quien explica que “llegué a la Fundación Servicio Jurídico Popular debido a que carezco de recursos para pagar un abogado que me represente en un proceso reivindicatorio en el que fui demandada por mi ex cónyuge, de quien después de 37 años de matrimonio me divorcié, pero en ese momento un abogado me asesoró mal y me quedé sin nada, porque de $106 millones que teníamos de patrimonio sólo me correspondieron $7 millones, pese a trabajar hombro a hombro con él, quien después me demandó para sacarme de la casa en la que vivimos como esposos”.
Esta Fundación asumió la defensa de la humilde mujer y evitó que el demandante la sacara de la vivienda. “Por ese servicio pagué $10 mil por la consulta y $200 mil por el proceso, muy económico, dado que el trámite fue muy largo. Estoy muy agradecida”, dice Gómez.
Eduardo González Durán, director de la Fundación Servicio Jurídico Popular, una institución sin ánimo de lucro creada hace 38 años bajo el auspicio del Banco Popular, expresa que “nuestra Fundación tiene una planta de 20 abogados y un centro de conciliación disponible para atender a personas de escasos recursos económicos, en forma ilimitada en cuanto a sus actuaciones en materia civil, de familia y penal”.
González se lamenta porque las alternativas que tienen las personas de estratos 0, 1 y 2 para acceder a la justicia civil, penal, laboral o administrativa, “aún son escasas dado que los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las universidades sólo pueden actuar en procesos de mínima cuantía, es decir, que no excedan los 5 millones de pesos. Y aunque existen otras entidades como la Defensoría del Pueblo, su capacidad litigiosa es mínima ante la demanda del servicio”.
Precisamente, la otra opción a tener en cuenta es la Dirección Nacional de Defensoría Pública, que garantiza de manera gratuita el acceso a la justicia para quienes demuestren se estado de pobreza y necesiten la defensa inmediata de sus derechos.
Para esa noble misión, indicó Alfonso Chamie, director del Sistema Nacional de Defensoría, hay disponibles 380 defensores públicos en todo el país. En 2007 este organismo estatal atendió 13.591 consultantes que acudieron a sus dependencias o se comunicaron con la línea gratuita 01800091484, para recibir asesoría jurídica en las áreas del derecho civil, laboral y administrativo.
En asuntos penales, la Defensoría recibió en ese mismo período 61.919 solicitudes de prestación del servicio, que fueron atendidas por otros 1.600 defensores en todo el territorio nacional.
“El área penal comprende los programas del sistema penal acusatorio, responsabilidad penal de adolescentes, la Ley de Justicia y Paz en el campo de postulados y representación de víctimas y, hasta que la Corte declaró su inconstitucionalidad, también atendíamos asuntos relacionados con la ley de pequeñas causas”, precisa Chamie.
Y, pese a sus limitaciones para asumir procesos, los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho también cumplen un papel importante a la hora de representar los intereses para defender los derechos de los más necesitados.
Por ejemplo, la Universidad La Gran Colombia no sólo atiende a diario a los usuarios que llegan hasta su sala jurídica del barrio La Candelaria, sino que desde su canal de televisión institucional, Teleamiga, atiende, en vivo y en directo, las consultas de los televidentes sobre diversos tópicos jurídicos y otras áreas de las humanidades, los martes y los jueves de 10:30 a 11 de la mañana,en el programa ‘La U. en casa’.
“Además, nuestros estudiantes se desplazan los sábados a las localidades de Suba y Ciudad Bolívar para llevar hasta allí los servicios de consultorio jurídico, en desarrollo de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad La Gran Colombia”, relata Gloria Inés Quiceno, decana de la Facultad de Derecho de esa universidad, en donde anualmente se tramita un promedio de 6 mil procesos.