Acuerdo sobre drogas acabaría con el motor del conflicto: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno con la guerrilla de las Farc, dijo que este acuerdo es una solución efectiva para acabar con uno de los problemas más graves y dolorosos “que ha enfrentado la sociedad colombiana".

Según el jefe negociador “es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del Conflicto; pero sin él atravesado en el camino es mucho más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado, que es lo que va a quedar luego de la firma del acuerdo final”.

Y agregó  que con este acuerdo se quita la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia, que ha sido el narcotráfico, “y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados. La apuesta del Gobierno al suscribir este acuerdo es grande y es por Colombia. Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto”.

Entre los compromisos adquiridos por las partes está participar en "la solución definitiva del problema de las drogas y contribuir al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas”.

Así mismo, la guerrilla se comprometió a contribuir de manera efectiva “mediante acciones prácticas con la solución de este fenómeno y a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno”.

Las partes estuvieron de acuerdo en asegurar el desminado de los territorios “a la firma del Acuerdo Final el Gobierno pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos”.

Igualmente se acordó que para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, “es necesario, impulsar una estrategia integral que garantice la plena vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios afectados”.

Así mismo, la nación deberá intensificar y enfrentar de “manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”.

Según el jefe negociador del Gobierno la meta es que Colombia sea un país “libre de cultivos ilícitos y para lograr esto hay que implementar un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República”.

Y advierte que “en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o los incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Y en aquellos casos donde no haya ningún tipo de acuerdo, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos priorizando la erradicación manual donde sea posible”.

Frente a este punto ratifica que se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión y advierte que en este punto “las Farc mantienen su oposición a la fumigación en todo el territorio nacional”.

Frente al tema del consumo las partes coinciden en que este es un problema de salud pública y acordaron crear un programa “que articule de manera ordenada y planificada la acción de las Instituciones del Estado en una política orientada a frenar el consumo y manejar las variables en él involucradas”. El gobierno asegura que de firmarse un acuerdo final entre las partes “se establecerán estrictos controles a los precursores químicos”.

Por último, tanto la guerrilla como el Gobierno dijeron que se deberán crear nuevas instancias de investigación y fortalecer todas las capacidades institucionales “para la detección, control y reporte de las operaciones financieras ilícitas y el impulso de nuevos planes contra el lavado de activos, lo cual incluye el mapeo del delito sobre todo en lo regional para identificar y desarticular la cadena de valor del narcotráfico”.