Advierten que bombardeos buscan desplazar a los indígenas
Una organización aborigen asegura que la intención es abrirle paso a una minera estadounidense.
El Espectador
Una organización aborigen del noroeste de Colombia advirtió el martes que el bombardeo militar lanzado el pasado fin de semana sobre un asentamiento indígena busca desplazar a los lugareños para abrirle paso a una minera estadounidense.
La supuesta intención de la acción fue denunciada por el consejero mayor de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), William Carupe, cuya entidad representa a la comunidad de los embera katíos afectados por el ataque armado.
"El interés del Estado y de las multinacionales es el de desplazarnos", aseguró Carupe en declaraciones a Efe desde Medellín, la capital departamental de Antioquia y sede de la OIA.
Carupe insistió en que el bombardeo les confirma a los aborígenes de la región que existen intenciones de desplazarlos para abrirle "paso estratégicamente" a multinacionales mineras.
La comunidad afectada es la del Alto Guayabal, que pertenece al Resguardo (asentamiento) de Uradá-Jiguamiandó, una de las varias comunidades situadas en los alrededores de Careperro, cerro selvático sagrado para los embera katíos y que centra un gigantesco proyecto minero.
El Careperro, situado en los límites del departamento del Chocó con el de Antioquia y con yacimientos comprobados de oro, cobre y molibdeno, es explorado por la Muriel Mining Corporation, multinacional con sede en Colorado (Estados Unidos).
El consejero de la OIA precisó que esta compañía, que abrió oficinas en Medellín, recibió del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas, estatal) nueve licencias para operaciones en dicho cerro.
Son tareas que, advirtió Carupe, no fueron consultadas ni consentidas por estas comunidades aborígenes, compuestas por unas 2.000 personas, que son vecinas de varios asentamientos de población negra.
Carupe dijo que la zona está bajo control militar desde hace dos años y que los lugareños han asegurado que allí no hay la presencia de grupos guerrilleros que los responsables del Ejército Nacional en la región han esgrimido para justificar el bombardeo.
El ataque fue lanzado el pasado 30 de enero por la madrugada y dejó tres adultos y un bebé heridos, según una nueva cifra confirmada por la OIA, así como un "tambo" (domicilio tradicional) y cerca de una hectárea de cultivos de pan coger destruidos, al igual que varios animales domésticos muertos.
La cifra de heridos de la OIA es superior en dos a la reportada por el Ejército y la Defensoría del Pueblo.
"Los helicópteros llegaron extrañamente de madrugada a bombardear", expresó Carupe, cuya organización no gubernamental (ONG) prepara en conjunto con la indígena del Chocó una misión humanitaria de verificación al Alto Guayabal que deberá viajar el jueves próximo.
Los indígenas de esta comunidad se habían desplazado hace seis años presionados por enfrentamientos entre reductos de las Farc, de grupos paramilitares y tropas militares.
Entonces eran 180 personas de cuarenta familias, recordó Carupe, que señaló que retornaron hace doce meses, cuando la comunidad la conformaban ya unos 200 aborígenes divididos en setenta hogares.
"El riesgo del desplazamiento está vigente", afirmó el consejero mayor de la OIA.
Una organización aborigen del noroeste de Colombia advirtió el martes que el bombardeo militar lanzado el pasado fin de semana sobre un asentamiento indígena busca desplazar a los lugareños para abrirle paso a una minera estadounidense.
La supuesta intención de la acción fue denunciada por el consejero mayor de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), William Carupe, cuya entidad representa a la comunidad de los embera katíos afectados por el ataque armado.
"El interés del Estado y de las multinacionales es el de desplazarnos", aseguró Carupe en declaraciones a Efe desde Medellín, la capital departamental de Antioquia y sede de la OIA.
Carupe insistió en que el bombardeo les confirma a los aborígenes de la región que existen intenciones de desplazarlos para abrirle "paso estratégicamente" a multinacionales mineras.
La comunidad afectada es la del Alto Guayabal, que pertenece al Resguardo (asentamiento) de Uradá-Jiguamiandó, una de las varias comunidades situadas en los alrededores de Careperro, cerro selvático sagrado para los embera katíos y que centra un gigantesco proyecto minero.
El Careperro, situado en los límites del departamento del Chocó con el de Antioquia y con yacimientos comprobados de oro, cobre y molibdeno, es explorado por la Muriel Mining Corporation, multinacional con sede en Colorado (Estados Unidos).
El consejero de la OIA precisó que esta compañía, que abrió oficinas en Medellín, recibió del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas, estatal) nueve licencias para operaciones en dicho cerro.
Son tareas que, advirtió Carupe, no fueron consultadas ni consentidas por estas comunidades aborígenes, compuestas por unas 2.000 personas, que son vecinas de varios asentamientos de población negra.
Carupe dijo que la zona está bajo control militar desde hace dos años y que los lugareños han asegurado que allí no hay la presencia de grupos guerrilleros que los responsables del Ejército Nacional en la región han esgrimido para justificar el bombardeo.
El ataque fue lanzado el pasado 30 de enero por la madrugada y dejó tres adultos y un bebé heridos, según una nueva cifra confirmada por la OIA, así como un "tambo" (domicilio tradicional) y cerca de una hectárea de cultivos de pan coger destruidos, al igual que varios animales domésticos muertos.
La cifra de heridos de la OIA es superior en dos a la reportada por el Ejército y la Defensoría del Pueblo.
"Los helicópteros llegaron extrañamente de madrugada a bombardear", expresó Carupe, cuya organización no gubernamental (ONG) prepara en conjunto con la indígena del Chocó una misión humanitaria de verificación al Alto Guayabal que deberá viajar el jueves próximo.
Los indígenas de esta comunidad se habían desplazado hace seis años presionados por enfrentamientos entre reductos de las Farc, de grupos paramilitares y tropas militares.
Entonces eran 180 personas de cuarenta familias, recordó Carupe, que señaló que retornaron hace doce meses, cuando la comunidad la conformaban ya unos 200 aborígenes divididos en setenta hogares.
"El riesgo del desplazamiento está vigente", afirmó el consejero mayor de la OIA.