Luego de más de tres años desde que el Consejo Comunitario de Barú le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titulación colectiva de un territorio que reclaman como ancestral en el sur de esa isla dicho proceso verá por fin la luz. Mediante el auto 6604 dado a conocer este martes, la ANT decidió iniciar el trámite para titular colectivamente al consejo comunitario la tierra por la que presentó la solicitud, que tiene una extensión de 2.476 hectáreas.
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En dicho auto, la entidad dio inicio a la etapa publicitaria del proceso, que consiste en anunciarlo mediante una emisora radial o un periódico impreso con circulación en Cartagena, así como fijar el aviso de la solicitud de titulación en la alcaldía de esa ciudad y otras instituciones del Estado. Asimismo, resuelve notificar personalmente a los colindantes del predio solicitado por la comunidad negra de Barú para garantizar el debido proceso.
La decisión proferida por la ANT, con fecha del 1 de octubre pasado, es el resultado de un proceso que inició el 30 de junio de 2017 y que ha pasado por varios vericuetos jurídicos. Ese día, el consejo comunitario de Barú presentó ante esa entidad la solicitud de titulación colectiva de ese territorio, argumentando la titularidad de una escritura pública de Cartagena, de 1851, que da cuenta de la compra de esos predios por parte de la comunidad barulera.
Pese a que por ley la respuesta de la ANT debe producirse dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, dicha entidad tardó un año y medio en responderla. El 13 de diciembre de 2018 emitió el auto que daba inicio al proceso de titulación colectiva al consejo comunitario. Sin embargo, apenas cuatro meses después, la misma ANT reversó esa decisión y declaró la petición improcedente. Según los argumentos de la subdirección de Asuntos Étnicos, la solicitud fallaba en que no reclamaba la titulación sobre predios baldíos de la Nación, que son aquellos susceptibles de titularse a comunidades negras, sino sobre predios de propiedad privada, refiriéndose al título de 1851. Así, decidió no iniciar el trámite para la titulación colectiva en abril de 2019.
El consejo comunitario apeló esa decisión ese mismo mes, pero al no obtener respuesta durante más de seis meses, decidió interponer una tutela en enero de 2020 contra la ANT. Acción que resolvió el Tribunal Superior de Bogotá el 5 de febrero cuando le ordenó a la agencia que resolviera la apelación de la comunidad. Dicho fallo fue apelado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Allí entraron al proceso los propietarios privados de predios aledaños al territorio solicitado por la comunidad y argumentaron que los estaban dejando por fuera de un proceso que los afectaba directamente. La corte les dio la razón y devolvió el proceso al Tribunal para que se incluyera en la tutela a la asociación Vecinos de Cholón, que agrupa a los propietarios interesados en el proceso.
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De nuevo, el tribunal emitió un fallo el 26 de marzo en el que concedió la tutela a la comunidad, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en junio pasado. Al resolver la apelación del consejo comunitario, la ANT les solicitó aclarar la naturaleza jurídica de los terrenos solicitados así somo su extensión, lo cual fue atendido por el consejo comunitario.
Como resultado de todo ese proceso se produce este nuevo auto que en términos prácticos es el mismo que había emitido la ANT el 13 de diciembre de 2018. Es decir, el proceso se retrasó casi dos años. Ahora bien, que se dé inicio al trámite de titulación no quiere decir que al consejo comunitario se le titularán las 2.476 hectáreas que solicitó. La ANT empezará el estudio de los terrenos y allí debe contarse con la oposición de la asociación Vecinos de Cholón, quienes han señalado que sus propiedades (hoteles, casas de descanso, condominios y proyectos inmobiliarios) están dentro del área reclamada por el consejo comunitario.
Por eso la comunidad barulera y sus representantes son conscientes de que lo que podría titulárseles al final del proceso puede ser en realidad el 30% de lo solicitado, unas 800 hectáreas. Ello porque durante las últimas décadas del siglo pasado, buena parte de los nativos vendieron sus porciones de tierra a particulares, ventas que quedaron legalizadas, aunque en algunos casos argumentan que se hicieron aprovechando la poca regulación que había. De hecho, acudir al proceso de titulación colectiva fue la alternativa del consejo comunitario para proteger el resto del territorio que todavía habitan los nativos.