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Sigue creciendo la preocupación por el riesgo en el que se encuentran los líderes sociales en el país. Y así lo hizo saber el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien en la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres, que se realizó en Cali, no solo mencionó que actualmente hay 983 líderes sociales amenazados de muerte en el país, sino que dijo que era necesario "creer en lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar".
Entre las cifras entregadas por el funcionario, se destaca que entre marzo de 2018 y mayo de 2019 al menos 481 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas. De estos 447 fueron amenazas, 20 fueron asesinadas y 13 fueron víctimas de atentados. Según el informe, las líderesas comunitarias y de víctimas representan el 38% del total las agredidas. "Este es el nicho en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas", comentó el defensor.
Según el organismo, las alertas tempranas son un mecanismo mediante el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado. Con estas se busca, además, advertir a las autoridades para que coordinen acciones oportunas, con el fin de proteger a las comunidades.
La denuncia de Negret se conoció el mismo día en el que la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses del alcalde del municipio de Tierralta, Fabio Leonardo Otero, dentro de una investigación disciplinaria "por presuntas irregularidades en el control del orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio", precisó la Procuraduría en un comunicado.
Anteriormente, la Defensoría ya había informado que entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 al menos 462 líderes sociales fueron asesinados en el país. Asimismo, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostienen que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de paz en La Habana.
Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.