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El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, se aparta nuevamente de su cargo, acatando la más reciente decisión de la Procuraduría General que le extendió la suspensión, por tres meses, por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
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El pasado jueves 27 de julio, al tiempo que el presidente Gustavo Petro insistió que el Ministerio Público no puede sancionar a funcionarios de elección popular, como alcaldes y congresistas, Bermúdez retomó sus funciones como alcalde y encabezó el consejo de gobierno de la ciudad.
“En mi acostumbrado respeto a las normas constitucionales y a los organismos de control, como al acto proferido desde el pasado 27 de abril, por la Procuraduría delegada que ordenó mi suspensión a la alcaldía de Riohacha, me aparte del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo a esa medida me reintegro a mis funciones como alcalde”, dijo Bermúdez.
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Pese a ello, se conoció este 1 de agosto que, una vez notificado de la extensión de la suspensión, Bermúdez se apartó nuevamente de la alcaldía y quedó como alcalde encargado el secretario de Gobierno, Leandro Mejía Díaz, quien fue citado para la instalación del último periodo del Concejo de Riohacha, este martes.
La procuradora general Margarita Cabello ha indicado que la suspensión de Bermúdez se hizo por el riesgo de que vuelva a incurrir en una falta similar a la que se le investiga. “Mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”.
Pero el presidente Petro le remitió un extenso oficio al Ministerio Público recordándole que desconoce la Convención Interamericana en su orden de suspender al alcalde de Riohacha, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que un funcionario elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por cuenta de una autoridad administrativa.
Con respecto a la extensión de la sanción, la Procuraduría argumenta que, hasta el momento, no se han aportado pruebas “que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”, es decir, si hubo irregularidades en el contrato para la construcción del acueducto rural que tenía un presupuesto superior a los $11.000 millones.