La Alcaldía de Santa Marta rechazó las acusaciones que la señalan de presuntas presiones electorales y participación indebida en política, luego de conocerse una denuncia remitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria a la Fiscalía para que investigue posibles irregularidades relacionadas con la actual campaña presidencial.
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A través de un comunicado, el gobierno distrital aseguró que los señalamientos se sustentan en información que aún no ha sido verificada por las autoridades y reiteró que su actuación se ha desarrollado dentro del marco constitucional y legal.
“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a esta administración con participación indebida en política o constreñimiento electoral”, manifestó la Alcaldía.
Distrito pide investigaciones y anuncia denuncias
La administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello informó que puso en conocimiento de diferentes organismos de control una serie de situaciones que, según considera, también deben ser objeto de verificación dentro del actual contexto electoral.
Se presentaron solicitudes ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral para que investiguen una eventual injerencia de funcionarios del Gobierno nacional en actividades políticas desarrolladas en Santa Marta.
“Nos ponemos a disposición de los entes de control para que cualquier hecho sea verificado con rigor, objetividad y pleno respeto al debido proceso”, señaló la administración.
¿Qué originó la controversia?
La reacción de la Alcaldía se da después de que la Superintendencia de la Economía Solidaria trasladó a la Fiscalía una denuncia relacionada con supuestas presiones electorales y una eventual utilización de estructuras administrativas para favorecer actividades políticas.
La acción fue radicada por la superintendente María José Navarro Muñoz ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Grupo de Delitos Electorales de la Fiscalía. Los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.
Entre los elementos entregados figuran capturas de pantalla, listados de actividades y otros documentos que evidenciarían posibles conductas relacionadas con constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, intervención en política de servidores públicos y uso indebido de datos personales. Sin embargo, también reconoce que parte del material proviene de denuncias anónimas y comunicaciones remitidas por terceros.
Funcionarios salen en defensa de la administración
La concejal Ingrid Gómez Ceballos rechazó las versiones que la vinculan con las actividades descritas en la denuncia y aseguró que la información divulgada carece de sustento. “María José Navarro, funcionaria del Gobierno nacional, pretende convertir en un señalamiento público un anónimo sin verificar en el que aparece mi nombre. Es falso lo que está difundiendo. En Santa Marta actuamos conforme a las leyes, siguiendo las directrices del alcalde”, expresó a través de su cuenta en X.
Por su parte, la secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible, Sarita Vives, insistió en que cualquier acusación debe ser sometida a investigación formal antes de generar conclusiones públicas, y cuestionó la difusión de documentos cuya autenticidad aún no ha sido establecida por las autoridades.
Mientras avanzan las investigaciones, la Alcaldía mantiene su rechazo a las acusaciones y sostiene que continuará colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que pide que también sean revisadas las denuncias que ha presentado sobre una posible intervención de funcionarios nacionales en el escenario político local.