Con la alerta temprana 041 del 25 de agosto del 2020, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo en los municipios de Pereira, Armenia y Manizales debido a la presencia de Grupos Armados Delincuenciales Organizados (GADO) como Los Flacos, Los Paisas, La Cordillera, Los Rolos, el Clan de la Montaña, La Oficina de Armenia y la Oficina del Valle de Aburrá. Además de actores armados que ejercen control como las AGC.
Entre los grupos vulnerables se encuentran los jóvenes entre 18 y 28 años, población afrodescendiente e indígena (en su mayoría víctimas del conflicto armado), jóvenes con consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales y vinculados a la venta de estupefacientes, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversa y población migrante de origen venezolano. También están expuestas las organizaciones estudiantiles de estos municipios, pues ejercen una labor de movilización social, incidencia y denuncia.
Son identificados como población vulnerable los líderes comunales, comunitarias, ambientales, y defensores de Derechos Humanos, periodistas, comerciantes, dirigentes sindicales y sus miembros, docentes e investigadores, personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y sus familias, miembros de las mesas de víctimas departamentales y municipales. Así como funcionarios públicos, responsables de procesos administrativos y judiciales que afectan los intereses de estructuras criminales y grupos delincuenciales locales; también los particulares que realizan funciones públicas o que impulsan procesos sociales en la zona.
En el documento se explica que en los últimos doce meses, de acuerdo con cifras de Migración Colombia, a la ciudad de Manizales han llegado 4.234 migrantes de origen venezolano: 12.837 a la ciudad de Pereira y 6.366 a Armenia. Quienes, por su situación de vulnerabilidad socioeconómica, se encuentran en riesgo de ser vinculados a grupos delincuenciales locales y estructuras de crimen organizado.
La Defensoría también explica que organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en Armenia, Corazón por Tokio en Pereira, la Federación de Juntas de Acción Comunal, el colectivo Subámonos al Bus del POT en Manizales, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), entre otras, se encuentran en riesgo. Así como militantes y dirigentes de partidos y movimientos políticos como el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Movimiento Marcha Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Colombia Humana-UP y Partido Alianza Verde.
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Según la Defensoría, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en Armenia, Corazón por Tokio en Pereira, la Federación de Juntas de Acción Comunal, el colectivo Subámonos al Bus del POT en Manizales, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), entre otras se encuentran en riesgo.
Esta zona tiene una importancia estratégica para los grupos armados ilegales, “por su profunda interconexión, y que cada una desde su particularidad se convierte en una unidad funcional para el flujo y fortalecimiento de economías ilícitas, el lavado de activos, el fortalecimiento de sus economías, el accionar de sus estructuras y el control sobre los territorios y poblaciones, favorecida por configuraciones culturales compartidas, derivadas de la memoria del conflicto armado y de los poderes sostenidos por parte de estos grupos con posterioridad a procesos de desmovilización y reincorporación, así como con ocasión de la incidencia histórica que ha tenido el narcotráfico en ciudades como Pereira, Manizales y Armenia”, explica la Defensoría del Pueblo.
También se hace énfasis en que con la salida de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC han entrado en disputa por la expansión y control de las zonas de cultivos de uso ilícito y producción de alcaloides. “Al escenario se suma la llegada de presuntos emisarios de carteles extranjeros en algunas ciudades colombianas intermedias, con cercanía a las zonas de producción, para poder influir sobre la cadena de producción y comercialización de estupefacientes”, dice el documento.
Además el contexto de violencia se agudiza por: el cumplimiento de penas de antiguos jefes y miembros de las AUC y de carteles del narcotráfico; el proceso expansivo de las autodenominadas AGC, luego de la suscripción del Acuerdo de Paz, la presencia del grupo sucesor del paramilitarismo autodenominado AGC y la incursión de presuntos emisarios carteles extranjeros en la región.
La Alerta Temprana para los tres municipios insta a las instituciones a adoptar medidas para “superar, disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la población civil”. Entre las medidas, se recomienda al Ministerio del Interior tramitar de manera inmediata, ante las autoridades competentes, esta Alerta Temprana Estructural para que se adopten medidas urgentes de prevención y protección con enfoque diferencial, así mismo, iniciar la coordinación de la respuesta institucional y seguimiento a los impactos de las medidas adoptadas.
A las Gobernaciones de Quindío, Risaralda y Caldas, así como a las Alcaldías y Concejos de Armenia, Pereira y Manizales se les solicita definir la Instancia Territorial desde la cual se coordinará la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección en los territorios y convocar este espacio. También, en coordinación con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA), adoptar y actualizar el Plan y Ruta de prevención de reclutamiento, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados no estatales y GADO.
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