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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunció a través de una alerta temprana el riesgo de homicidio hacia Candelaria Del Carmen Barrios Acosta, dirigente y secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
En lo que va corrido de la semana, la dirigente ha recibido amenazas telefonicas constantes por parte de desconocidos que le exigen a la abstenerse de asistir a la audiencia del asesinato de los hermanos Humberto Mercado, Preliciano Mercado y Eusebio Osorio Mercado el pasado 25 de enero de 2018 en una finca de Majagual, Sucre.
La audiencia es contra el ganadero y ex director de COMFASUCRE, William Rodolfo Martínez Santamaría, imputado como presunto responsable del homicidio de los hermanos Mercado por una disputa de tierras que reclamaba como suyas. Según el colectivo, el día de los hechos "los hermanos Escobar Mercado se encontraban realizando la delimitación con cerca de su propiedad "El trebol" que está junto a la finca "La Concepción", cuando fueron interceptados por tres sujetos que manifestaron ser enviados por Martínez Santamaría quienes los insultaron y abrieron fuego contra ellos".
Según el colectivo de abogados, este acompañamiento a la familia por parte de Barrios Acosta sería la razón por la cual la amenazan tanto a ella como a Malena Mariet Martínez Montoya, también dirigente del movimiento y a los abogados del caso.
La Organización denunció que quienes llaman a la mujer "le exigen que abandone el departamento o de lo contrario serían asesinados y desmembrados todos, hasta los escoltas". Por esto, esperan un acompañamiento por parte del Estado y autoridades locales para brindar seguridad durante la audiencia.
— Movice (@Movicecol) 14 de junio de 2019
"Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier suceso que involucre un atentado a la vida e integridad personal de las señoras defensoras de derechos humanos Candelaria Barrios Acosta y Malena Mariet Martínez Montoya, como de cualquier miembro de la familia Escobar Mercado", asegura el colectivo de abogados en la denuncia.
La Organización también solicita a la Fiscalía General de la Nación "el trámite inmediato a una investigación penal por estas amenazas que se enarbolan como reales, actuales y con posibilidad de ser materializadas, dados los homicidios antecedentes y la situación de orden público en la región".