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Una familia en Santa Marta denunció que presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada los amenazaron con matarlos si no entregaban dos terrenos ubicados en zona rural. La advertencia, aseguran, comenzó a cumplirse con el asesinato de uno de sus integrantes en medio de esa presión violenta.
El crimen ocurrió el 18 de abril en el sector de Masinga, corregimiento de Bonda, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a Sintana Peláez frente a su esposa, quien resultó herida por esquirlas de bala. El hecho, según la familia, estaría directamente relacionado con su negativa a vender los predios.
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De acuerdo con la denuncia, las amenazas venían desde meses atrás. Presuntos miembros de ese grupo armado ilegal les exigían ceder dos terrenos —uno en Marquetalia, sobre la Troncal del Caribe, y otro en Masinga— por cerca de COP 30 millones. La familia se negó. Luego vinieron las intimidaciones, la presión para firmar documentos y, finalmente, los disparos.
“En este momento estamos en declaraciones. Estamos en ese proceso coordinando una denuncia pública del proceso”, aseguró Zajamaya Peláez, hermana del fallecido, quien advirtió que el riesgo para toda la familia continúa.
Una amenaza que no se detuvo
El homicidio no cerró el caso. Lo agravó. La familia permanece bajo temor, convencida de que el mensaje no era para uno solo. Entre los afectados hay menores de edad, padres y hermanos que hoy se encuentran bajo custodia policial en un lugar reservado.
Pese a que ya existían medidas de protección, el ataque ocurrió, lo que ha aumentado las alarmas, pues las medidas serían innecesarias para frenar la ofensiva del grupo ilegal.
La respuesta institucional en marcha
Tras el asesinato, la Gobernación del Magdalena activó una ruta de atención urgente y solicitó la intervención de varias entidades del Estado. “Se activa la ruta de atención y protección, solicitando a las entidades competentes que adelanten acciones inmediatas”, señaló la alta consejera departamental para la Paz, Nayara Vargas Lesaca.
En el documento oficial, la funcionaria indicó que, según lo manifestado por la familia, las presiones provendrían de presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes estarían intentando despojarlos de los predios.
El llamado incluyó a la Alcaldía de Santa Marta, la Policía Metropolitana, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía y la Personería, con el objetivo de reforzar la seguridad, avanzar en la investigación y evitar nuevos hechos de violencia.
Sierra Nevada: conflicto activo y riesgo creciente
Desde el Distrito, la alta consejera para la Paz, Jennifer Del Toro, explicó que el caso ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades desde marzo, cuando se activó una ruta de protección.
“La ruta fue activada desde el 24 de marzo, el mismo día que el Distrito conoció la gravedad del caso. Se solicitó protección inmediata a la Policía y la valoración de riesgo ante la UNP”, afirmó. “Esta familia ya había presentado una declaración antes del homicidio. Existía una trazabilidad institucional y una custodia activa”, explicó.
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Tras el asesinato, las acciones fueron reforzadas. La familia fue trasladada de su lugar de residencia, permanece bajo protección permanente y se solicitó a la UNP la asignación de medidas urgentes sin esperar el trámite ordinario. Además, el caso fue escalado a instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Del Toro advirtió sobre el contexto general: “Hay una agudización del conflicto armado en la Sierra Nevada que incrementa el riesgo. Ninguna amenaza debe subestimarse”.
Coordinación y acciones urgentes
Sobre la intervención de la Gobernación, Del Toro explicó que se trata de una articulación institucional. “La ruta ya estaba activa por parte del Distrito. El departamento la ratifica y acompaña para agilizar trámites y fortalecer la protección”, dijo.
En paralelo, el Distrito solicitó al Ministerio del Interior la convocatoria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), ante las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región.
La tierra o la vida
Hoy, la familia Peláez sigue enfrentando una decisión límite: abandonar su territorio o permanecer bajo amenaza. Aunque se les ofrecieron alternativas de traslado, han decidido quedarse.
Las autoridades aseguran que continuarán reforzando la protección y presionando respuestas inmediatas desde el nivel nacional. Mientras tanto, la familia insiste en que el Estado actúe con rapidez para evitar que la advertencia que recibieron —entregar sus tierras o morir— termine por cumplirse en su totalidad.