(Análisis) Ofensiva en el corazón de la Amazonía

La suspensión del cese al fuego con los frentes de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’ constituye el anuncio oficial de una nueva ofensiva en la Amazonía que, sumada a la inmediata respuesta de ese grupo, deja varios interrogantes: ¿es verdad que el Comando Sur participó del Consejo de Seguridad convocado por el presidente Petro? ¿Cuál es el papel que juega el Pentágono en la Amazonía? ¿Cuáles son los acuerdos entre los gobiernos de Joe Biden y Gustavo Petro para esa región? ¿Serán ambientales y de conservación, o, por el contrario, girarán hacia el control sobre la segunda región estratégica del planeta? ¿Cómo enfrentar a los frentes de ‘Iván Mordisco’ sin generar ventajas estratégicas a los Comandos Bolivarianos de Frontera de ‘Iván Márquez’, que también se disputan el territorio amazónico?

Es de recordar que el Frente Primero de las FARC continuó en armas cuando el grueso de esa organización se acogió a los acuerdos de La Habana. De la mano del narcotráfico, esa disidencia se expandió vertiginosamente y en la actualidad su mayor fortaleza se encuentra en La Amazonía. La apertura de los diálogos con el gobierno en abril en ‘Casa Roja’ en los Llanos del Yarí –antiguo fortín del ‘Mono Jojoy’– es prueba de lo anterior.

Dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtieron recientemente los riesgos que se ciernen sobre la región amazónica en un círculo de repetición histórico que parece profundizarse: la alerta de inminencia 012 del 29 de marzo pasado informó sobre la fragmentación del Frente Primero y el aumento de la violencia en el Guaviare; y la alerta 017 del 9 de mayo señaló los peligros de desplazamiento forzado, reclutamiento y homicidios contra los pueblos indígenas que habitan las selvas bajas de los ríos Caquetá y Apaporis, entre los departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá y Putumayo, precisamente la zona donde las disidencias de ‘Iván Mordisco’ ejecutaron a los tres niños y el joven que habían huido del reclutamiento forzoso de ese grupo el pasado 17 de mayo. Estos hechos dan cuenta de un reacomodamiento de los actores armados en la Amazonía.

Puede leer también: Disidencia de las FARC reconoce que asesinó a niños indígenas en Putumayo

Si bien el comunicado de la Presidencia anunció la ruptura con los frentes de ‘Iván Mordisco’ por cuenta de esa masacre, hay otros hechos de violencia que el gobierno omite y afectan gravemente a la población civil de la región: los asesinatos selectivos de los Comandos Bolivarianos de Frontera, adscritos a la Nueva Marquetalia, cuyo modus operandi se asemeja al de los grupos contrainsurgentes que operaron en el pasado y que están en guerra con el Frente Carolina Ramírez. El 22 de mayo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que en un período de tres semanas, esos grupos ejecutaron a tres personas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís.

Con la fragmentación del Frente Primero ya son tres grupos en confrontación: el ‘Carolina Ramírez’ y el ‘Armando Ríos’ (producto de la división) y los Comandos Bolivarianos de Frontera.

Resulta difícil dimensionar las consecuencias para el territorio y las comunidades que vienen siendo victimizadas desde La Casa Arana –aquel emporio comercial de explotación de caucho que a inicios del siglo XX se convirtió en centro de tortura y humillación– hasta nuestros días. La masacre cometida por el frente ‘Carolina Ramírez’ contra cuatro jóvenes Murui de la comunidad Los Estrechos en Solano (Caquetá) no es gratuita: en la región el control social se ejerce por medio de la intimidación y el terror.

Los Estrechos pertenece al resguardo indígena Puerto Zábalo–Los Monos que agrupa a 12 comunidades Murui. Son 244 familias asentadas en el corredor biológico más importante de la Amazonía colombiana. El 17 de julio de 2017 la Agencia Nacional de Tierras amplió su extensión a 624.580 hectáreas con el fin de conectar el parque nacional Serranía del Chiribiquete con el resguardo Predio Putumayo: un área cercana a los diez millones de hectáreas donde convergen la riqueza natural y cultural de los pueblos amazónicos y la disputa por el control del narcotráfico y economías ilegales conectadas con las mafias brasileñas, las rutas del crimen organizado, así como grandes proyectos macroambientales y de conservación, pero también otros de explotación ilegal de minas y madera.

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Desde al menos hace tres años, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ (en su momento comandadas por ‘Gentil Duarte’) tomaron el control de esa región, al punto que ordenaron el retiro de todos los funcionarios no indígenas de los parques nacionales como Chiribiquete, Yaigojé-Apaporis, Cahuinarí y Río Puré a más tardar el 25 de febrero de 2020, según lo denunció la Defensoría del Pueblo en su alerta 022 de 2021. Probablemente la ofensiva militar anunciada por el gobierno tendrá que entrar al bastión del Estado Mayor Central de las FARC. Es decir, al corazón de la Amazonía.

La información sobre estas regiones incomunicadas es poca. La única sistematización y análisis de riesgo proviene de la Defensoría con base en información de las mismas comunidades. Lo cierto es que la violencia regresó a las riberas del Caquetá y el Putumayo desde 2018, luego del proceso de paz con las FARC. El reacomodamiento de fuerzas disidentes y el aumento de las amenazas contra los pobladores prendieron las alarmas en su momento.

El 28 de noviembre de 2022 la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública ante las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Putumayo. La reacción mediática de los representantes ocurrió luego de los combates entre el ‘Carolina Ramírez’ y los Comandos Bolivarianos de Frontera en la inspección de José María, municipio de Puerto Guzmán, en hechos que conmocionaron a un país que vio por redes sociales cómo tiraban muertos desde una volqueta mientras la comunidad, aterrorizada, observaba en silencio. La falta de humanidad y respeto por el adversario fue evidente.

Congresistas y autoridades quedaron perplejos ante el drama relatado por los líderes y alcaldes de la región, quienes denunciaron la intensificación de la violencia en las zonas más apartadas, allí donde no hay acceso ni información para contrastar la realidad del conflicto. Por eso las cifras no son suficientes para analizar el control que ejercen los grupos armados en estas áreas selváticas.

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Es poco lo que se dice sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas por causa de la colonización y la violencia. Solo queda como letra muerta lo plasmado por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009 cuando advirtió sobre el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas por causa del conflicto armado. En la historia reciente quedan como víctimas invisibles los Coreguajes, los Nukak Makú, los Sionas, Ingas y Cofanes, entre otros pueblos amazónicos, mezclados con la población colona asentada sobre sus territorios ancestrales.

La expansión del conflicto sobre el corazón de la Amazonía pone en grave riesgo a una serie de pueblos amazónicos, algunos de ellos “indemnizados” por el gobierno de Virgilio Barco hace 35 años. El Predio Putumayo, con cerca de 6 millones de hectáreas, hace parte del resarcimiento a estas comunidades. Y aunque primero culparon al caucho y ahora a la coca, cuyo comercio está en declive, la expansión de la guerra en la Amazonía continúa.

Lo cierto es que las causas son múltiples y muchas de ellas se encuentran en el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, pues esta gran despensa verde de 7 millones kilómetros cuadrados es primordial para el capitalismo. Este es el botín que amenaza la sabiduría ancestral y la supervivencia de los pueblos amazónicos, y a una región que no en vano asistió a la presentación del Plan de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y sobre la cual se ciernen intereses geopolíticos, económicos y mundiales.

La suspensión del cese al fuego con los frentes de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’ constituye el anuncio oficial de una nueva ofensiva en la Amazonía que, sumada a la inmediata respuesta de ese grupo, deja varios interrogantes: ¿es verdad que el Comando Sur participó del Consejo de Seguridad convocado por el presidente Petro? ¿Cuál es el papel que juega el Pentágono en la Amazonía? ¿Cuáles son los acuerdos entre los gobiernos de Joe Biden y Gustavo Petro para esa región? ¿Serán ambientales y de conservación, o, por el contrario, girarán hacia el control sobre la segunda región estratégica del planeta? ¿Cómo enfrentar a los frentes de ‘Iván Mordisco’ sin generar ventajas estratégicas a los Comandos Bolivarianos de Frontera de ‘Iván Márquez’, que también se disputan el territorio amazónico?

Es de recordar que el Frente Primero de las FARC continuó en armas cuando el grueso de esa organización se acogió a los acuerdos de La Habana. De la mano del narcotráfico, esa disidencia se expandió vertiginosamente y en la actualidad su mayor fortaleza se encuentra en La Amazonía. La apertura de los diálogos con el gobierno en abril en ‘Casa Roja’ en los Llanos del Yarí –antiguo fortín del ‘Mono Jojoy’– es prueba de lo anterior.

Dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtieron recientemente los riesgos que se ciernen sobre la región amazónica en un círculo de repetición histórico que parece profundizarse: la alerta de inminencia 012 del 29 de marzo pasado informó sobre la fragmentación del Frente Primero y el aumento de la violencia en el Guaviare; y la alerta 017 del 9 de mayo señaló los peligros de desplazamiento forzado, reclutamiento y homicidios contra los pueblos indígenas que habitan las selvas bajas de los ríos Caquetá y Apaporis, entre los departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá y Putumayo, precisamente la zona donde las disidencias de ‘Iván Mordisco’ ejecutaron a los tres niños y el joven que habían huido del reclutamiento forzoso de ese grupo el pasado 17 de mayo. Estos hechos dan cuenta de un reacomodamiento de los actores armados en la Amazonía.

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Si bien el comunicado de la Presidencia anunció la ruptura con los frentes de ‘Iván Mordisco’ por cuenta de esa masacre, hay otros hechos de violencia que el gobierno omite y afectan gravemente a la población civil de la región: los asesinatos selectivos de los Comandos Bolivarianos de Frontera, adscritos a la Nueva Marquetalia, cuyo modus operandi se asemeja al de los grupos contrainsurgentes que operaron en el pasado y que están en guerra con el Frente Carolina Ramírez. El 22 de mayo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que en un período de tres semanas, esos grupos ejecutaron a tres personas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís.

Con la fragmentación del Frente Primero ya son tres grupos en confrontación: el ‘Carolina Ramírez’ y el ‘Armando Ríos’ (producto de la división) y los Comandos Bolivarianos de Frontera.

Resulta difícil dimensionar las consecuencias para el territorio y las comunidades que vienen siendo victimizadas desde La Casa Arana –aquel emporio comercial de explotación de caucho que a inicios del siglo XX se convirtió en centro de tortura y humillación– hasta nuestros días. La masacre cometida por el frente ‘Carolina Ramírez’ contra cuatro jóvenes Murui de la comunidad Los Estrechos en Solano (Caquetá) no es gratuita: en la región el control social se ejerce por medio de la intimidación y el terror.

Los Estrechos pertenece al resguardo indígena Puerto Zábalo–Los Monos que agrupa a 12 comunidades Murui. Son 244 familias asentadas en el corredor biológico más importante de la Amazonía colombiana. El 17 de julio de 2017 la Agencia Nacional de Tierras amplió su extensión a 624.580 hectáreas con el fin de conectar el parque nacional Serranía del Chiribiquete con el resguardo Predio Putumayo: un área cercana a los diez millones de hectáreas donde convergen la riqueza natural y cultural de los pueblos amazónicos y la disputa por el control del narcotráfico y economías ilegales conectadas con las mafias brasileñas, las rutas del crimen organizado, así como grandes proyectos macroambientales y de conservación, pero también otros de explotación ilegal de minas y madera.

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Desde al menos hace tres años, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ (en su momento comandadas por ‘Gentil Duarte’) tomaron el control de esa región, al punto que ordenaron el retiro de todos los funcionarios no indígenas de los parques nacionales como Chiribiquete, Yaigojé-Apaporis, Cahuinarí y Río Puré a más tardar el 25 de febrero de 2020, según lo denunció la Defensoría del Pueblo en su alerta 022 de 2021. Probablemente la ofensiva militar anunciada por el gobierno tendrá que entrar al bastión del Estado Mayor Central de las FARC. Es decir, al corazón de la Amazonía.

La información sobre estas regiones incomunicadas es poca. La única sistematización y análisis de riesgo proviene de la Defensoría con base en información de las mismas comunidades. Lo cierto es que la violencia regresó a las riberas del Caquetá y el Putumayo desde 2018, luego del proceso de paz con las FARC. El reacomodamiento de fuerzas disidentes y el aumento de las amenazas contra los pobladores prendieron las alarmas en su momento.

El 28 de noviembre de 2022 la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública ante las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Putumayo. La reacción mediática de los representantes ocurrió luego de los combates entre el ‘Carolina Ramírez’ y los Comandos Bolivarianos de Frontera en la inspección de José María, municipio de Puerto Guzmán, en hechos que conmocionaron a un país que vio por redes sociales cómo tiraban muertos desde una volqueta mientras la comunidad, aterrorizada, observaba en silencio. La falta de humanidad y respeto por el adversario fue evidente.

Congresistas y autoridades quedaron perplejos ante el drama relatado por los líderes y alcaldes de la región, quienes denunciaron la intensificación de la violencia en las zonas más apartadas, allí donde no hay acceso ni información para contrastar la realidad del conflicto. Por eso las cifras no son suficientes para analizar el control que ejercen los grupos armados en estas áreas selváticas.

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Es poco lo que se dice sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas por causa de la colonización y la violencia. Solo queda como letra muerta lo plasmado por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009 cuando advirtió sobre el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas por causa del conflicto armado. En la historia reciente quedan como víctimas invisibles los Coreguajes, los Nukak Makú, los Sionas, Ingas y Cofanes, entre otros pueblos amazónicos, mezclados con la población colona asentada sobre sus territorios ancestrales.

La expansión del conflicto sobre el corazón de la Amazonía pone en grave riesgo a una serie de pueblos amazónicos, algunos de ellos “indemnizados” por el gobierno de Virgilio Barco hace 35 años. El Predio Putumayo, con cerca de 6 millones de hectáreas, hace parte del resarcimiento a estas comunidades. Y aunque primero culparon al caucho y ahora a la coca, cuyo comercio está en declive, la expansión de la guerra en la Amazonía continúa.

Lo cierto es que las causas son múltiples y muchas de ellas se encuentran en el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, pues esta gran despensa verde de 7 millones kilómetros cuadrados es primordial para el capitalismo. Este es el botín que amenaza la sabiduría ancestral y la supervivencia de los pueblos amazónicos, y a una región que no en vano asistió a la presentación del Plan de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y sobre la cual se ciernen intereses geopolíticos, económicos y mundiales.