Año de derrumbes, paros y lluvias

Pero además fue el año de los derrumbes de las denominadas pirámides; a pesar de las advertencias, miles de colombianos invirtieron su dinero y posteriormente se vieron avocados a la hecatombe que significó la declaración de emergencia social por parte del gobierno: intervención y cierre de las captadoras.

Adicionalmente, fue el año para decirle ‘no más' al secuestro y al silencio por la violencia. Miles de colombianos marcharon durante cuatro ocasiones en contra del secuestro, de las Farc, de los paramilitares, de los crímenes de Estado y de los falsos positivos. Aquí están los hechos más representativos del 2008.

Invierno

Este es uno de los inviernos más graves y arrolladores de la historia reciente del país. El Ministerio de Interior y de Justicia reportó 428 municipios afectados a diciembre de 2008, mientras que para la misma temporada un año atrás, los damnificados habían sido 174 municipios: muchos de los afectados durante la primera ola, también sufrieron los estragos de la segunda.

Los departamentos afectados, en total, fueron 27: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

La primera ola invernal, que inició el 15 de marzo  y duró hasta el 30 de julio dejó, en cifras del Ministerio de Interior y de Justicia, 474. 662 personas afectadas que hacían parte de 100.581 familias. En total murieron 83 personas y 122 resultaron heridas.  En total, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres reportó 402 municipios afectados, en 29 departamentos, 1.044 viviendas destruidas y 34.209 averiadas.

La segunda ola invernal, que inició el 15 de septiembre, dejó como saldo 68 personas muertas, 98 más heridas, 18 desaparecidas y en total 1.225.146 personas afectadas que conforman 247.943 familias.

Un evento que conmocionó al país fue la muerte de 3 personas en Medellín como consecuencia de un alud de tierra que se vino abajo en el barrio el Poblado, después de las fuertes lluvias.  Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre, y dejaron entre las víctimas fatales a dos menores de edad.

En cuanto a pérdidas materiales, las viviendas destruidas son 2.348 y las averiadas 92.760.

El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, pidió que se decretara la emergencia ecológica en el departamento, para que llegara la tan necesitada ayuda humanitaria a las  151.989 víctimas de la segunda ola invernal.

La segunda parte del año tuvo una fuerte sacudida por cuenta de la caída de las pirámides: en todo el país empezaron a derrumbarse pequeñas captadoras que dejaron como resultado, según cifras del Ministerio de Interior y de Justicia, 2 millones de afectados y la declaración de Emergencia Social, el 16 de noviembre por parte del Gobierno. Pero nada conmocionó tanto al país como la caída de los dos gigantes: DMG y DRFE, ambas presididas por negociantes que no alcanzaban los 30 años de edad (David Murcia y Carlos Suárez), que encontraron en el sur del país, el punto clave para la iniciación de sus emporios financieros.

La caída de DRFE se dio después de que una pirámide en Cali, de un supuesto primo de Carlos Suárez, se derrumbara (Asesoría de Ahorro Personalizado, AAP, representada por Óscar Arley Suárez). La noticia corrió hasta Nariño, donde miles de personas reclamaban su dinero desesperadamente, lo que trajo consigo múltiples disturbios y tres personas muertas. La declaración del Estado de Emergencia Social, le dio vía libre al gobierno para intervenirla.

Pero antes ya Proyecciones DRFE estaba dando muestras de su declive. A principios de noviembre, y después de que varias pirámides se derrumbaran en el país, la comercializadora cerró sus puertas y redujo los porcentajes de utilidades, de un 150 por ciento a 70 por ciento; además de indicarles a quienes quisieran retirar su dinero de inmediato, que se los darían en tres cuotas mensuales y sin intereses.

Carlos Suárez se encontraba fuera del país al momento de la intervención a DRFE, cuando se calculaban al menos 22 mil clientes. Inversiones DRFE funcionaba como una “sociedad rentista de capital”, que vinculaba a sus socios a través de las denominadas ‘Cuentas de participación’: la empresa mantenía a sus socios ocultos y se encargada de gestionar negocios con su dinero.

La cabeza de DMG, por su parte, estaba en Panamá, viviendo entre lujos. Desde allá, le pedía a sus clientes que no devolvieran las tarjetas prepago, lo que ocasionó varias marchas por parte de sus seguidores en Bogotá y otras partes del país, pidiendo que el Gobierno ‘deje trabajar’.

Cuando ordenaron la intervención de la comercializadora, se murmuraba la presunta huida de Murcia hacia Costa Rica, pero antes que pudiera lograrlo, fue deportado hacia Colombia. A mediados de diciembre, fue llamado a juicio por la Fiscalía.

Mientras tanto en ciudades como Bogotá, miles de personas desde el 20 de noviembre, empezaron a acudir de forma masiva al estadio El Campín, a reclamar su dinero. Un mes después de abierta la convocatoria, la empresa determinaría cuáles solicitudes de devolución de dinero se aceptarían y cuáles no.

Tragedia en Cucunubá

Una explosión en la mina de Cucunubá, Cundinamarca, provocó la muerte de ocho mineros, después de que la onda explosiva los dejara sin oxígeno. Su muerte dio inicio a una controversia en todo el país sobre las minas ilegales y los niveles de seguridad en las mismas.

Ingeominas informó igualmente que la mina de carbón había perdido su título minero en el 2004. Posteriormente la obligación de cerrar la mina pasó al gobierno municipal, pero quienes trabajaban allí se negaban a abandonarla.

A partir de ese accidente, el país se dio cuenta que ni siquiera Ingeominas tenía un reporte sobre cuántas explotaciones ilegales hay en el país; la misma entidad cuenta con 2.200 registros mineros, pero no hay quién vigile y sancione a los ilegales. Cundinamarca y Boyacá son los departamentos que más sufren el problema de la minería ilegal.

Paro Camionero

Cerca de 100 mil camioneros de todo el país decidieron unirse y dejar de transportar mercancía durante 16 días, pidiendo al gobierno el cumplimiento de una tabla de fletes. La parálisis causó pérdidas por cerca de 57 millones de dólares diarios en el sector del comercio exterior y el represamiento en el Puerto de Buenaventura de al menos 20.000 contenedores de mercancía.

La petición central de los camioneros del país se basaba en que pedían que se diera cumplimiento a la denominada ‘tabla de fletes’, que es el cobro que hacen los transportadores a las empresas por el volumen de carga.

El último día de la negociación, los camioneros aceptaron la convocatoria para la chatarrización de al menos 5 mil vehículos viejos para reducir el exceso de oferta; estuvieron de acuerdo además con la implementación de una planilla electrónica, para evitar la manipulación de la carga y reseñe con precisión el contenido del camión.

Por su parte el Ministerio de Transporte anunció $330.000 millones para apoyar a los transportadores del país.

El 25 de junio quedó definitivamente cerrado, por orden de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el basurero de Navarro, porque, entre muchos problemas, tenía un muy mal manejo de los lixiviados (líquidos resultantes de la acumulación de las basuras), después de 40 años de servirle a Cali.

La alcaldía del municipio prometió a los antiguos recicladores que iba a proveerles subsidios de mercado y vivienda mientras lograban ubicarlos laboralmente en otros oficios.

El 5 de agosto, después de casi dos meses de cerrado el basurero, 200 recicladores decidieron tomarse la iglesia de la Ermita como forma de presión a la Alcaldía para que les diera soluciones concretas: no habían sido beneficiados por los programas de empleo, los subsidios de alimentos eran insuficientes para sus numerosas familias y no encontraban trabajo en la ciudad.

Después de cuatro días de paro, los recicladores decidieron una salida negociada con el gobierno local. Prometieron entonces empleos permanentes para algunos recicladores, y otras instituciones locales, como la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca)se comprometieron a aportar otras fuentes de trabajo, para un total de 625 empleos para los antiguos recicladores.

Masacre de Ituango

El 14 de agosto en plenas fiestas patronales, el Frente 18 de las Farc puso una bomba en una calle central del municipio de Ituango (Antioquia), dejando 7 personas muertas y 52 más heridas. Human Rights Watch condenó al grupo armado ilegal.

La especial trascendencia de esta masacre se debió a que desde agosto de 2002 el municipio estaba sumido en una particular tranquilidad. En ese año, el Bloque Minero de las Autodefensas, al mando del extraditado Ramiro Vanoy (alias ‘Cuco Vanoy'), entró al municipio, violó a las mujeres, asesinaron a 15 campesinos y alentaron el desplazamiento de 190 personas.

El comunicado de Human Rigths Watch, denunció que la Defensoría del pueblo "había advertido con anterioridad mediante su sistema de alerta temprana que los civiles de Ituango corrían peligro por las actividades de las Farc y de los narcotraficantes en la región".

Marchando por las víctimas del conflicto

Por primera vez en la historia reciente del país, miles de colombianos salieron a marchar por la libertad de los secuestrados y en rechazo a las Farc.

La condición era vestir camiseta blanca y gritar consignas por la libertad de los más de 3000 secuestrados en ese entonces.

Después de eso fueron varias y muy variadas las marchas que tuvieron objetivos similares. El 6 de marzo, marchantes de izquierda y de derecha, pidieron justicia para las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo.

El país estuvo relativamente calmado hasta después del 2 de julio, cuando en la Operación Jaque fue liberada Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 militares y policías. Los medios de comunicación se unieron y decidieron convocar una nueva marcha nacional, esta vez el 20 de julio; el evento central estuvo en Leticia, donde Shakira y Carlos Vives, cantaron por la libertad.

La última marcha del año, esta vez convocada por Ingrid Betancourt, tuvo lugar el 28 de noviembre, esta vez con mucha menor afluencia en Colombia y Francia.