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Por cuenta de múltiples inconsistencias y retrasos en el cumplimiento del contrato, el Gobierno pidió la caducidad del contrato del túnel de La Línea, catalogado como uno de los proyectos más importantes en materia de infraestructura vial para el país.
La decisión se adoptó tras un informe dado a conocer por la firma interventora Consorcio DIS S.A.-EDL Ltda, que advirtió el incumplimiento de las metas establecidas.
En dicho estudio, se evidencia que las obras estaban paralizadas desde marzo (cuando ya debería haber un cumplimiento del 20%; no obstante, se constató un 12% de avance) y el contrato se vence en el mes de noviembre, por lo que no había garantía de culminación.
Según la interventora, las obras no estarán listas a finales de noviembre teniendo en cuenta que para el mes de julio se esperaba encontrar la construcción en un avance del 50 % y se registró un 14%.
Aunque el Gobierno ha girado a la firma contratista el 98% del valor del contrato, éste ha sido sometido a distintas prorrogas por cuenta de fenómenos ambientales y modificaciones en el diseño. Asimismo, con el ánimo de evitar un riesgo geológico, se cambió el material para el revestimiento del túnel lo que incrementó los gastos estimados.
Con este proceso de caducidad de contrato, el Gobierno podría tomar medidas para finalizar las obras pese a que el director de la firma contratista había asegurado que sí concluirían el proyecto.