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La decisión de un juez que ordenaba arrestar 10 días a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, por desacatar un fallo de tutela, quedó sin efectos este martes. Así lo definió el Tribunal Superior de Sucre al anular la orden del Juzgado Cuarto Civil del Circuito.
Plazas también debía pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El caso por el que el 10 de mayo se ordenó el arresto de la directora del ICBF en la cárcel “El Buen Pastor” fue el de Jackeline Hernández. Una sentencia de tutela había decidido que la funcionaria tenía que ser nombrada como directoral seccional del ICBF en Sincelejo.
El togado Ángel Vega había defendido su decisión. Le dijo a Caracol Radio que Plazas estaba malinterpretando el fallo y que él no pedía el nombramiento de la funcionaria, sino que su hoja de vida, como concursante a ese cargo, debía ser publicada por la entidad. El gobernador de Sucre la había elegido como directora regional de una terna enviada por el ICBF, a través de un concurso de méritos.