El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, inició el martes 6 de mayo el cumplimiento de una sanción de arresto de diez días, ordenada por un juzgado de la República por desacatar una tutela judicial. La medida fue emitida el 30 de abril por la jueza Nohemí del Rosario Lozano Barrera, quien lo declaró en desacato por no ejecutar el desalojo de un terreno invadido desde hace más de seis años.
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El predio, de aproximadamente 10 hectáreas y ubicado a cinco kilómetros del centro de la ciudad, ha sido ocupado por unas 450 familias, entre las que se encuentran niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y miembros de la comunidad indígena wayuu. La disputa legal comenzó en 2018, cuando Idania Manuela Rodríguez Mindiola, quien se identifica como propietaria del terreno, interpuso una acción de tutela para recuperar su propiedad.
La decisión judicial obliga al mandatario no solo a cumplir el arresto, sino también a pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y a retirarse temporalmente del cargo, conforme a lo estipulado por el Consejo Superior de la Judicatura.
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Según explicó el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Riohacha, la orden de desalojo se originó en un fallo de tutela de segunda instancia emitido el 6 de mayo de 2024. Sin embargo, el alcalde no ejecutó la orden, lo que derivó en su detención en la estación de policía departamental de Riohacha.
La Alcaldía Distrital defendió la actuación del mandatario a través de un comunicado en el que aseguró que Redondo Choles ha trabajado en la búsqueda de una solución humanitaria al conflicto, articulando acciones con entidades nacionales e internacionales para garantizar los derechos fundamentales de las familias que residen en el lugar.
Además del arresto, la jueza compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue si el desacato del alcalde podría constituir un delito.