Asesinato del líder Jorge Solano: cárcel para los dos presuntos autores intelectuales

Jorge Solano era un líder social que trabajaba por los derechos humanos en Ocaña, Norte de Santander.

Foto: @marthaperalae

A la 1:00 de la tarde del martes 3 de noviembre de 2020, el líder social Jorge Solano recibió dos disparos en la puerta de su casa en Ocaña, Norte de Santander. El presidente de la Organización de Víctimas de desaparición forzada (ASVIDA) y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña dedicó más de 40 años de su vida al activismo anticorrupción y a la defensa de las víctimas del conflicto armado. En 2020 denunció irregularidades en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, aseguraba que allí se configuraban graves actos de corrupción. Especialmente, se refirió a Jairo Pinzón López, entonces gerente.

Ocho días después del asesinato, Jhon Freddy Espinosa, conocido como el Burro, fue capturado y enviado a la cárcel porque estaría implicado en ese crimen. Este martes 16 de febrero, la Fiscalía informó que un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres que fueron capturados el 12 de febrero y que también habrían participado en el homicidio.

Aníbal Arbeláez, coordinador de la Unidad Especial de Investigación, informó que los capturados son Carlos Daniel Pinzón Ramírez y Luis López Delgado. Se les imputaron los delitos de homicidio agravado, en calidad de coautores; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y concierto para delinquir agravado.

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Las pruebas recaudadas evidencian que, al parecer, los hombres ejecutaron el homicidio por $40 millones. De acuerdo con Jorge Luis Vargas, director de la Policía, Carlos Daniel Pinzón es primo del gerente del hospital y se habría encargado de contratar a los autores materiales y conseguir el arma. López presuntamente vigiló a la víctima antes y después del hecho.

La captura se dio en medio de una operación conjunta entre el CTI, el cuerpo Élite de la Policía y personal del Ejército; en el marco de la estrategia de investigación y judicialización por afectaciones contra defensores de derechos humanos.

Para mayo de 2020, la Procuraduría abrió una investigación contra Pinzón por presuntas irregularidades en la celebración de al menos 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y medicamentos, por más de $4.500 millones de pesos. El 26 de octubre, la Procuraduría le formuló cargos.

Ese mismo mes, Solano publicó en sus redes sociales un video en el que se dirigía al gerente: “Usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno, ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato (...) Cualquier cosa que me pase ya sabemos quién puede ser”. Pinzón aclaró que Solano no puso denuncias en su contra y aseguró que no tuvo nada que ver con su asesinato. Este año retomó su puesto como gerente del hospital, tras ganar una tutela a la Superintendencia de Salud. Sin embargo, este lunes 15 de febrero renunció al cargo.

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Solano había denunciado otras amenazas. El líder envió una carta con fecha del 19 de mayo dirigida a Israel Ramírez, más conocido como Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln para las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. En el documento solicita la aclaración de una serie de amenazas que recibió en varias ocasiones por parte de un supuesto comandante del Eln llamado “Carlos”, quien trató de intimidarlo por su gestión anticorrupción en Ocaña e incluso le dijo que debía presentarse en el campamento, pues se estaba “metiendo con sus compas”. Además, un día antes de enviar la carta, Solano habría recibido otra llamada en la que “Carlos” le informaba que sus superiores lo habían declarado objetivo militar.