Asesinatos a los reclamantes de tierras preocupan a la ONU
Los resultados del último informe dado a conocer por la ONU, en Ginebra Suiza señala las diversas violaciones a los Derechos Humanos que continúan en Colombia.
El Espectador
Según el informe, cerca de seis millones de personas son víctimas de la violación de los Derechos Humanos en Colombia, además señaló que los miembros de las bandas criminales son los principales victimarios.
El informe reveló también las preocupantes cifras de desplazamiento forzado que entre enero y octubre de 2013 llegaron a 55.157 personas desplazadas por el conflicto interno.
“Es importante entender que cada día que pasa en el escenario del conflicto se vulneran los derechos humanos de las personas, el modelo de justicia transicional para el posconflicto debe iniciar por reconocimiento de la violación de los derechos humanos que se cometieron en el pasado”, anotó Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe acentuó que las Farc siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el aumento del reclutamiento de menores de edad, la realización de ataques indiscriminados , el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersonas, además de ejercer la violencia contra los pueblos indígenas en el Cauca, entre otros graves crímenes de lesa humanidad.
Otro tema crucial que reveló el informe fue el aumento del número de asesinatos a reclamantes de tierras y de funcionarios públicos que participan activamente en el proceso de restitución.
“Para nosotros como reclamantes es crucial que el Estado garantice nuestra seguridad, no puede existir paz sino regresamos a nuestras tierras, de las que nos sacaron los grupos armados hace muchos años”, anotó un reclamante de tierras de la región de Montes de María que no quiso ser identificado.
También cuestionaron la actitud de las Fuerzas Militares frente a los llamados ‘Falsos Positivos’.
El informe termina con un llamado al Gobierno a que cumpla con determinación sus obligaciones internacionales respecto de la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, de los ciudadanos.
Según el informe, cerca de seis millones de personas son víctimas de la violación de los Derechos Humanos en Colombia, además señaló que los miembros de las bandas criminales son los principales victimarios.
El informe reveló también las preocupantes cifras de desplazamiento forzado que entre enero y octubre de 2013 llegaron a 55.157 personas desplazadas por el conflicto interno.
“Es importante entender que cada día que pasa en el escenario del conflicto se vulneran los derechos humanos de las personas, el modelo de justicia transicional para el posconflicto debe iniciar por reconocimiento de la violación de los derechos humanos que se cometieron en el pasado”, anotó Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe acentuó que las Farc siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el aumento del reclutamiento de menores de edad, la realización de ataques indiscriminados , el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersonas, además de ejercer la violencia contra los pueblos indígenas en el Cauca, entre otros graves crímenes de lesa humanidad.
Otro tema crucial que reveló el informe fue el aumento del número de asesinatos a reclamantes de tierras y de funcionarios públicos que participan activamente en el proceso de restitución.
“Para nosotros como reclamantes es crucial que el Estado garantice nuestra seguridad, no puede existir paz sino regresamos a nuestras tierras, de las que nos sacaron los grupos armados hace muchos años”, anotó un reclamante de tierras de la región de Montes de María que no quiso ser identificado.
También cuestionaron la actitud de las Fuerzas Militares frente a los llamados ‘Falsos Positivos’.
El informe termina con un llamado al Gobierno a que cumpla con determinación sus obligaciones internacionales respecto de la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, de los ciudadanos.