Asesinatos de líderes sociales en Colombia crecen un 53 % entre enero y abril
Los asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron un 53 % en el primer cuatrimestre de 2020, en el que también incrementaron en un 5 % los desplazamientos forzados, según el informe “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según el estudio, 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32.
La FIP manifestó que “los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5)”, tres regiones que aún no han visto los beneficios del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.El resto de asesinatos fueron perpetrados en Valle del Cauca (5), Norte de Santander y Huila (4), Chocó y Córdoba (3), y Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander y Boyacá (1).
“En cuanto a la autoría, aunque el 67 % de los responsables de los homicidios es aún es desconocido, grupos como las disidencias de las FARC y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones”, agregó la información.
VIOLENCIA EN LA PANDEMIA
El informe de la FIP señala que durante la emergencia por la pandemia del coronavirus, que llevó al Gobierno a decretar una cuarentena que comenzó el 25 de marzo, los combates de la fuerza pública contra los grupos criminales “no tuvieron variaciones significativas”.
Sin embargo, resalta que “las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron”, aunque advierte que estas organizaciones criminales “han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus”.
“En otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades”, añade el estudio, que menciona que durante la cuarentena hubo una “disminución de los homicidios, con descensos notables, especialmente en abril”
.La FIP también manifestó su preocupación por “el incremento reciente de las muertes violentas en Tumaco y Buenaventura”, los dos principales puertos de Colombia en el Pacífico.
También le puede interesar: Tras 197 asesinatos de excombatientes, FARC busca medidas cautelares de la CIDH
CRECEN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó de que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados al pasar de “55 eventos en enero a abril de 2019, a 58 en este periodo”.
"El 57 % de los casos fueron desplazamientos masivos y el 43% del tipo individual. En cuanto a lo que ha ocurrido con las medidas de restricción de movilidad para responder a la pandemia, en abril se revirtió la tendencia a la baja de los primeros tres meses del 2020″, dice la FIP al citar cifras de la OCHA.Las situaciones más preocupantes ocurren en Nariño, Putumayo y Antioquia, que concentran los tres casi el 80 % de los desplazamientos.
EL MEDIOAMBIENTE TAMBIÉN SUFRE
El informe señala que “continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado”.Pese a que aún no hay cifras concretas sobre deforestación en el primer cuatrimestre, la FIP advierte que ese fenómeno no se ha detenido y afecta territorios de la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo (región fronteriza con Venezuela), “todos ellos importantes enclaves de biodiversidad”.
“Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques -actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros- están sacando provecho de la emergencia sanitaria”, resalta la Fundación Ideas para la Paz.En cuanto a los ataques contra la infraestructura petrolera del país, Ecopetrol denunció que hasta el 5 de mayo hubo 25 atentados en especial contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, todos fronterizos con Venezuela.
Los asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron un 53 % en el primer cuatrimestre de 2020, en el que también incrementaron en un 5 % los desplazamientos forzados, según el informe “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según el estudio, 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32.
La FIP manifestó que “los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5)”, tres regiones que aún no han visto los beneficios del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.El resto de asesinatos fueron perpetrados en Valle del Cauca (5), Norte de Santander y Huila (4), Chocó y Córdoba (3), y Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander y Boyacá (1).
“En cuanto a la autoría, aunque el 67 % de los responsables de los homicidios es aún es desconocido, grupos como las disidencias de las FARC y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones”, agregó la información.
VIOLENCIA EN LA PANDEMIA
El informe de la FIP señala que durante la emergencia por la pandemia del coronavirus, que llevó al Gobierno a decretar una cuarentena que comenzó el 25 de marzo, los combates de la fuerza pública contra los grupos criminales “no tuvieron variaciones significativas”.
Sin embargo, resalta que “las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron”, aunque advierte que estas organizaciones criminales “han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus”.
“En otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades”, añade el estudio, que menciona que durante la cuarentena hubo una “disminución de los homicidios, con descensos notables, especialmente en abril”
.La FIP también manifestó su preocupación por “el incremento reciente de las muertes violentas en Tumaco y Buenaventura”, los dos principales puertos de Colombia en el Pacífico.
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CRECEN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó de que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados al pasar de “55 eventos en enero a abril de 2019, a 58 en este periodo”.
"El 57 % de los casos fueron desplazamientos masivos y el 43% del tipo individual. En cuanto a lo que ha ocurrido con las medidas de restricción de movilidad para responder a la pandemia, en abril se revirtió la tendencia a la baja de los primeros tres meses del 2020″, dice la FIP al citar cifras de la OCHA.Las situaciones más preocupantes ocurren en Nariño, Putumayo y Antioquia, que concentran los tres casi el 80 % de los desplazamientos.
EL MEDIOAMBIENTE TAMBIÉN SUFRE
El informe señala que “continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado”.Pese a que aún no hay cifras concretas sobre deforestación en el primer cuatrimestre, la FIP advierte que ese fenómeno no se ha detenido y afecta territorios de la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo (región fronteriza con Venezuela), “todos ellos importantes enclaves de biodiversidad”.
“Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques -actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros- están sacando provecho de la emergencia sanitaria”, resalta la Fundación Ideas para la Paz.En cuanto a los ataques contra la infraestructura petrolera del país, Ecopetrol denunció que hasta el 5 de mayo hubo 25 atentados en especial contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, todos fronterizos con Venezuela.