Como ocurrió en Antioquia, la gobernación de Santander radicó ante la Asamblea un proyecto con el que busca instaurar una tasa de seguridad, que será cobrada a través del recibo de la energía, para sacar adelante proyectos en seguridad en el departamento. Aunque ya pasó el primer debate en comisión, el debate fue suspendido y son varios los sectores que rechazan el impuesto, a los que se suman el presidente Petro y el ministro de Minas, Edwin Palma.
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Lo que propone la gobernación de Santander es aplicar una tasa a las viviendas residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como a las propiedades comerciales, industriales y oficiales, un aporte del 0.1331 % de la UVT por cada kilovatio de energía registrado cada mes, es decir que aproximadamente cada usuario pagará $66,28 por cada kilovatio consumido.
Para explicarlo, la Secretaría de Hacienda de Santander señaló que, por ejemplo, si una vivienda factura 181 kilovatios al mes, tendrá que pagar de tasa $11.996,28.
De acuerdo con cifras de la gobernación, en total 220.725 de 907.301 suscriptores a la empresa de energía tendrían que pagar la tasa, que se comenzaría a cobrar desde el primero de septiembre de este año y estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Al final se recogerían alrededor $280 mil millones, con los ajustes que se han acordado con algunos sectores afectados.
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Entre estos, se establecieron topes de precios con los gremios. Para quienes gasten entre 1 y 600 kilovatios (kW), el cobro sería hasta los 300 kW, es decir, el valor máximo a pagar son $19.878; mientras que para que quienes gastan de 600 a 1.000 kilovatios el tope será de 400 kW y el cobro de $26.504. Por último, quienes superen los 1.000 kW, el valor máximo será el de 500 kilovatios, que corresponde a $33.130.
“Si la empresa consume de 1 a 10 millones, paga el 50 % del consumo, porque como dijo el presidente Gustavo Petro, el que más tiene, más paga. Con eso hacemos la progresividad que dice el presidente: la empresa que más tiene, más paga. Pero también incentivamos a energías alternativas, autogeneración y a otras cosas que nos ayuden a bajar el consumo de energía”, dijo el gobernador Juvenal Díaz.
Suspensión de la discusión en la Asamblea
A pesar de que el proyecto pasó sin mayores contratiempos por comisión, el debate en la plenaria de la Asamblea de Santander se suspendió debido a dos recusaciones contra los diputados, por presunto conflicto de intereses.
“Entonces dicen que van a excluir el estrato 3, pero no lo han excluido. Dicen que van a poner los topes, pero no lo han hecho. Y eso tiene un impacto, eso cambia las condiciones iniciales. Y eso podría configurar, eventualmente, un conflicto de interés de los diputados”, indicó a Alerta Bucaramanga el congresista Cristian Avendaño, una de las personas que radicó recusación.
Protestas contra el impuesto en Santander
La propuesta en discusión tampoco ha caído bien entre la ciudadanía. Habitantes del barrio Recreo, en Barrancabermeja, salieron este jueves 3 de abril a manifestarse en contra del cobro de la nueva tasa y quemaron recibos. Uno de los líderes de la manifestación señaló a Enlace Televisión que: “nos quieren imponer más impuestos sin consultar a la comunidad, sin analizar el impacto que esto tendría en la gente que lucha día a día para pagar sus facturas”.
A esto, se han sumado voces como la del comité de gremios de Barrancabermeja, que ha manifestado que este tipo de medidas puede poner en riesgo la competitividad de la región. Pese a que la gobernación ha mantenido reuniones con sectores empresariales, las comunidades insisten en que el cobro no ha tenido la debida socialización y discusión.
A las voces de rechazo se ha sumado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró a comienzo de esta semana que “este cobro afecta el bolsillo de los ciudadanos y va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad”.
Por este mismo camino, el presidente Petro aseguró que se trata de impuestos regresivos. “Una tarifa sobre agua o energía, afecta por igual arrendatarios o propietarios. En esto es mejor dejar los servicios públicos esenciales sin este tipo de sobretarifas que crean, es más inseguridad y ponerlas, si es necesario, por parte de los mandatarios y corporaciones locales, sobre la propiedad y de manera estratificada”.
Por lo pronto se espera que una vez resueltas las recusaciones, la Asamblea de Santander defina el futuro de la cuestionada tasa de seguridad.